Domingo González Arroyo, conocido como el ‘Marqués de las Dunas’, ingresó en un centro penitenciario de Lanzarote para cumplir una de las condenas de prisión que se le impuso por delitos contra la Hacienda Pública.

González Arroyo se encuentra en el Centro de Inserción Social (CIS) Ángel Guerra, en Tahíche, que depende de Instituciones Penitenciarias, cuenta con 50 habitaciones y habitualmente es utilizado para internos que se encuentran en régimen de tercer grado o reclusos de edad avanzada.

El veterano político, de 86 años, fue alcalde de La Oliva durante 26 años, también fue consejero del Cabildo y diputado autonómico durante dos décadas, además de haber sido senador durante cuatro años.

El ingreso en en el centro penitenciario se produjo el pasado 22 de junio, según ha podido confirmar Diario de Fuerteventura. Domingo González Arroyo ingresó en el plazo conferido por el Juzgado de lo Penal número dos con sede en Puerto del Rosario.

El cumplimiento de la condena de prisión estaría relacionado con uno de los dos casos de delitos contra la Hacienda Pública por los que fue sentenciado por el citado Juzgado en el año 2021.

En ese año, Domingo González Arroyo fue condenado por el Juzgado de lo Penal por delitos contra la Hacienda Pública a penas que sumaban los seis años de prisión, si bien con posterioridad la Audiencia Provincial rebajó esa suma al revocar la condena sobre alguno de los delitos. 

En la primera sentencia se acreditó que González Arroyo controlaba como administrador de hecho la empresa Calaofu, que defraudó 407.620 euros a Hacienda en los años 2009 y 2010. Se le impusieron multas por más de 815.000 euros.

En el segundo de los casos, se corroboró judicialmente que el exalcalde de La Oliva defraudó a la Agencia Tributaria 785.352 euros. Además de la pena de cárcel, que la Audiencia rebajó de tres años de prisión a año y medio al revocar uno de los delitos, se le condenó a reintegrar esa cantidad y pagar una multa del doble, más de un millón y medio.

Trama empresarial

Estos casos judiciales confirmaron la trama empresarial oculta del ‘Marqués’. Con la empresa Calaofu SL compró en enero de 1989 dos parcelas de terreno en El Cotillo, que “acababan de ser recalificadas” como urbanas el mes anterior mediante el Plan de Limitación del Casco Urbano de la localidad costera. “Pese a ello”, indica la sentencia, “el precio de compraventa fue de tan solo 7.813 euros (1.300.000 pesetas)”.

Una de las parcelas fue posteriormente revendida por 1,8 millones de euros, y la otra por 1,2 millones de euros. Entre 2005 y 2010, Calaofu no estaba dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, carecía de personal y estructura empresarial mínima y “sus únicos ingresos procedieron de dichas ventas” de las parcelas en El Cotillo.

Una de las sentencias detalla una serie de empresas “vinculadas” entre sí, en las que figura como administrador Eduardo Espinel, antiguo chófer del Ayuntamiento, entre las que figuran Calaofu, Tostón Playa, Radio Difusión Fuerteventura, Conlaofu y Prelao, “existiendo confusión patrimonial entre ellas” y que operaban como una “caja única”.

La gasolinera de Corralejo

Con otra de esas empresas que controlaba González Arroyo, Conlaofu, creada en 1987, se compró dos años después un terreno en pleno centro de Corralejo, en la Avenida Nuestra Señora del Carmen, por 700.000 pesetas (4.200 euros). El terreno se alquiló a la sociedad PILA SA, que abrió una gasolinera en ese solar.

En 2021 fue condenado por el Juzgado de lo Penal en dos ocasiones, por delitos contra la Hacienda Pública relacionados con una trama empresarial que mantenía oculta

En 2009 se segrega el suelo en dos parcelas, una, la de la gasolinera, y otra, destinada a uso comercial, y se valora todo el conjunto en dos millones de euros. La parcela de la gasolinera, que es de Conlaofu, se vende a DISA por 850.000 euros, aunque la operación entera, con el negocio de gasolinera incluido, es de cuatro millones.

Lo que hace Conlaofu ese año es declarar un beneficio menor, de solo de 637.684 euros, sin justificar por qué no declara el total, y, además, dota esa cantidad a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), cuando no podía hacerlo porque la sociedad no tiene ningún tipo de actividad comercial o empresarial.

Al año siguiente, transmite la otra finca como aportación no dineraria para suscribir el 99 por ciento del capital social de la empresa Lomos de San Roque SL, (una sociedad vinculada al propio González Arroyo). Lo hace por un importe de 300.000 euros, consignando en la declaración del Impuesto sobre Sociedades ese beneficio y dotando a la RIC otros 194.000 euros. Sin embargo, es un “precio irrisorio”, destaca la sentencia.

El valor de esa finca ha sido fijado pericialmente en al menos 2,1 millones (aunque otra tasación lo fijaba en 3,2 millones) por lo que el beneficio gravable era de 1,8 millones, mientras que la dotación a la RIC seguía siendo improcedente.

La actividad de la sociedad era la “explotación de una gasolinera y arrendamiento de negocio por la licencia de radio-televisión”. La resolución judicial, que es por la que González Arroyo cumple condena, subraya que “el único fin con el que se consignó ese valor fue el de eludir la tributación que conlleva la transmisión del inmueble realizada, siendo claramente dolosa su conducta, al consignar ese precio en escritura pública y ante la Administración Tributaria”.