El Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario ha citado en calidad de investigados al consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y al alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, en una causa abierta por supuestos delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de La Carpa del Mundial de windsurfing.

El procedimiento penal se abrió a raíz de una querella admitida a trámite que cuestiona la adjudicación a dedo de los eventos paralelos del Mundial, con zona de ocio y restauración, según desvela Canarias Ahora.

La Carpa fue concedida este año al mismo organizador del evento deportivo, cuyos derechos ostenta el windsurfista René Egli. Hasta este 2017, el Ayuntamiento de Pájara había contratado por un lado la prueba a quien tiene la exclusiva de las dos asociaciones profesionales de windsurf y kiteboard, PWA y GWA, y por otro lado licitaba en pública concurrencia el negocio de La Carpa. Esta vez decidió presentar un solo paquete para el organizador de la prueba, sin concurso alguno.

La querella apunte delitos de prevaricación y cohecho por adjudicar sin licitación una explotación que renta más de 20 millones de euros día y noche durante dos semanas del verano, así como la asignación también a dedo del hotel donde se hospedan organizadores, deportistas e invitados, Meliá Gorriones. “Se ha privado que estas empresas especializadas formulen ofertas más ventajosas para el Ayuntamiento”, sostiene el querellante. “Nos genera indefensión y quebranto”.

La querella fue presentada en noviembre pasado por el empresario hotelero y expresidente de la Cámara de Comercio majorera Gregorio Pérez Saavedra, como perjudicado al no poder optar a la licitación de La Carpa mediante concurso, como ocurría en ediciones anteriores. Ni tampoco a esas estancias pagadas con dinero público, mediante una repercusión publicitaria cuantificada en millones de euros.

La titular de Primera Instancia e Instrucción 3 de Puerto del Rosario, Fátima Ruiz, ya ha citado a declarar a los investigados, así como a testigos. Aparte de a los dos líderes locales del PSOE, Blas Acosta y Rafael Perdomo, también se investiga al concejal de Turismo de Pájara, Farés Sosa; la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Ravetllat; la técnico Silvia García; el director del hotel Meliá Gorriones, Alejandro Pérez, y su director regional, Óscar Ramos.

Mediante un auto de 23 de noviembre al que ha tenido acceso ahora.plus, la jueza cita al alcalde, al concejal, a la secretaria y a la técnico de Pájara, así como al director del Meliá Gorriones, el 9 de febrero; mientras que fija un mes más tarde, el 9 de marzo, las declaraciones de Blas Acosta y el director regional de Meliá, así como la de los testigos admitidos: los tres últimos adjudicatarios de La Carpa.

Petición de detenciones y registros

La magistrada ha rechazado la petición del querellante de que se procediera a la detención de los investigados, la entrada y registro del Ayuntamiento de Pájara y del hotel Meliá Gorriones, así como la intervención de las comunicaciones de estos y la geolocalización de los mismos durante el tiempo en que se celebró el Mundial, entre el 20 de julio y el 6 de agosto de este 2017, para saber dónde se hospedaban.

El querellante, que se ha personado en las diligencias previas 917/2017 como acusación particular, entendía que existe un alto riesgo de destrucción de pruebas por parte de los investigados. En especial, en lo concerniente a la recaudación de La Carpa, o al registro ya sea por libro o por cámaras de quienes se hubieran hospedado en el Gorriones de manera gratuita. Esas estancias de funcionarios relacionados con la adjudicación podrían suponer un presunto cohecho.

En el expediente de adjudicación de La Carpa al mismo organizador del evento deportivo, el ayuntamiento justificaba el cambio de proceder en un informe jurídico. “La experiencia nos ha demostrado, sobre todo a nivel organizativo, que no debemos dividir el contrato”, indica el informe de 23 de mayo.

La técnico municipal también abogaba en su informe “desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia” por unificar la gestión del servicio a contratar “porque se trata de un único espectáculo público”, que “garantiza la continuidad y estabilidad y ahorra costes”. O del mismo modo, “facilita la rentabilidad para el adjudicatario”, que se convierte en el “único interlocutor” con la administración pública.

"Actitud premeditada"

La querella admitida a trámite da por sentado que cargos públicos y funcionarios habrían incurrido en un presunto delito de prevaricación con la adjudicación de 1,7 millones de euros mediante un procedimiento negociado sin publicidad, reservado para los contratos menores de 18.000 euros. Pero que también el consejero de Turismo, Blas Acosta, habría sido el inductor de ello desde el Cabildo.

“Desde septiembre de 2015, Blas Acosta ya anunciaba en notas de prensa” que la prueba se iba a adjudicar en su conjunto, en “una actitud premeditada” del actual vicepresidente del Cabildo, que incluso llega a acordar con el director regional de Meliá la concesión de 700 estancias de hotel a cambio del impacto publicitario.

Por ejemplo, la querella recoge que desde enero de este año existen noticias de la fecha de celebración del Mundial, pero el Ayuntamiento dejó pasar el tiempo para, solo en mayo, declarar de urgencia la adjudicación a dedo. Se justificaba entonces el negociado sin publicidad y que fuera adjudicado al organizador del evento, en el hecho de que no había tiempo material para montar toda las instalaciones de las carpas y contratar a proveedores si se iniciaban los trámites de una licitación.