El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Puerto del Rosario investiga un caso de presuntas amenazas con trasfondo político. Según ha podido saber Diario de Fuerteventura de fuentes conocedoras de la denuncia, supuestamente se habría intentado influir en el sentido del voto de personal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, así como de usuarios de servicios municipales.

Varias trabajadoras del programa de ayuda a domicilio comparecieron ante la Policía para denunciar que habían recibido “órdenes” e “indicaciones no propias de sus funciones”, según se recoge en el informe del inspector jefe de Puerto del Rosario, Pedro Gordillo.

“Incluso”, añade el atestado de la Policía Local, “algunas” recibieron “amenazas de no continuar en su puesto de trabajo”.

Las quejas de las trabajadoras se dirigen contra una trabajadora social del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Este pasado mes de julio se produjo la denuncia de las trabajadoras, que se plasmó en el atestado número 151/23-A de la Policía Local de Puerto del Rosario, del que se dio traslado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de la capital majorera.

Las fuentes consultadas aseguran que a los nuevos responsables del grupo de gobierno municipal les habrían mostrado mensajes, incluidos audios, en los que presuntamente se trataba de orientar el voto de personal y usuarios del Ayuntamiento, antes de las pasadas elecciones del 28 de mayo, hacia Fuerteventura Avanza, el partido liderado por Peña Armas, que fue concejala de Personal, Contratación y Obras Públicas en el pasado mandato.

Trabajadoras recibieron “amenazas de no continuar en su puesto de trabajo”

Por ejemplo, una usuaria de Servicios Sociales habría sido conminada a buscar “votos” si quería recibir una cama adaptada que necesitaba, según uno de estos testimonios trasladados a miembros del nuevo grupo de gobierno, formado por CC y PSOE, después de que asumieran sus nuevas responsabilidades en el Ayuntamiento, añaden las fuentes consultadas.

Auditoría

Este nuevo caso se suma al que está en manos de la Fiscalía, bajo las diligencias de investigación 16/2023. Antes de las elecciones municipales se presentaran dos denuncias.

En poder del Ministerio Fiscal se encuentra un pormenorizado “análisis de la contratación menor y los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad” en el Ayuntamiento entre enero de 2021 y marzo de 2023.

En ese documento, de 160 páginas, que no está firmado, pero que es prolijo en cuanto a documentación del propio Ayuntamiento, se apunta que habría 24 contratos “en posible situación de conflicto de intereses” por “razones familiares” con Peña Armas.

En total, suman más de 564.000 euros y se cita a cuatro empresas, de las que son administradores dos primos de la líder de Fuerteventura Avanza, la pareja de uno de ellos y el asesor fiscal del otro.

Por su parte, el Ayuntamiento capitalino ha adjudicado la elaboración de una auditoría externa. El nuevo alcalde, David de Vera, señala que la empresa tiene “un plazo de unos cuatro meses para presentar un primer avance”.

Para el alcalde, “existen indicios de ilegalidad” y de “alguna posible infracción de la Ley de Contratos del Sector Público, con vinculaciones directas”, en referencia a beneficiarios de contrataciones con respecto a quienes decidían sobre los propios contratos.