El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto del Rosario inicia este viernes las declaraciones sobre el caso de la recaudación en el Ayuntamiento de La Oliva. Así, está citado Jorge Afonso, representante en Fuerteventura de la empresa Colaboración Tributaria SL.

El fiscal Tomás Fernández, especializado en delitos económicos, remitió al Juzgado una denuncia sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de recaudación en el Ayuntamiento de La Oliva.

El fiscal considera que los hechos investigados “podrían ser constitutivos” de delitos de prevaricación, fraudes y exacciones ilegales, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicas y otros delitos “instrumentales”.

La Fiscalía destaca que en su investigación “se ha determinado un presunto fraude en el procedimiento de adjudicación” del servicio de recaudación de tributos municipales a la empresa Colaboración Tributaria SL.

Según la investigación, el Consistorio, para “favorecer” a la compañía, había “hecho suyos” los pliegos técnicos y administrativos del concurso, que fueron elaborados por la propia Colaboración Tributaria SL que resultó vencedora en la licitación.

Según consta en la denuncia del fiscal, el representante comercial de Colaboración Tributaria SL, Jorge Afonso Mesa, que a su vez había sido concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Tuineje por Coalición Canaria entre febrero de 2004 y junio de 2011, se reunió con los responsables municipales de La Oliva en 2014.

La Fiscalía señala que Afonso se reunió con el entonces concejal de Economía y Hacienda de La Oliva, Marcelino Umpiérrez, que también era vocal de la Mesa de Contratación, “para que ordenase a la asesora jurídica y responsable del departamento de Contratación” que aceptase los pliegos del concurso que le facilitase el representante comercial de la citada empresa, que luego se llevó el concurso.

“De todo ello”, indica el fiscal en su denuncia, “tendría conocimiento la que fuera alcaldesa del municipio, Claudina Morales”, en la actualidad directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias.

El origen de la investigación está en la adjudicación del servicio de recaudación en el Ayuntamiento de La Oliva, si bien la investigación del fiscal se ha extendido también al menos a los ayuntamientos de Puerto del Rosario y Tuineje, donde también ha operado Colaboración Tributaria SL.

La licitación del servicio de recaudación se produjo en 2014, después de que la Justicia anulase la anterior adjudicación, que había recibido también la citada empresa. También coincide en el tiempo con una condena al Ayuntamiento a abonar, como titular del 55 por ciento de la sociedad Urbanizadora Corralejo Playa SA, una deuda de 4,2 millones a las constructoras Dragados y Cororasa.

Los responsables municipales, para captar ingresos y saldar la deuda, se reunieron con Colaboración Tributaria SL, para que “en nombre del Ayuntamiento” recaudase “unas cuotas urbanísticas en el municipio”. En los pliegos del concurso para adjudicar la recaudación de tributos se incluyó este servicio específico con una puntuación “desproporcionadamente alta”, la misma que se le daba al resto de la gestión y recaudación tributaria municipal.

Fraude “a todas luces”

El fiscal destaca que la citada empresa no solo elaboró los pliegos y se los entregó al Ayuntamiento, que los asumió como propios y fueron los utilizados en el concurso público, sino que contó con una “ventaja evidente frente al resto” de compañías que participaron en la licitación, al haber elaborado el estudio para recaudar las cuotas urbanísticas para afrontar la deuda con las constructoras.

La Fiscalía hace hincapié en que se defraudó “a todas luces” el procedimiento legal y administrativo en la adjudicación del servicio de recaudación de tributos, ya que los pliegos del concurso fueron “exactamente los facilitados” por la empresa Colaboración Tributaria SL, ya “acomodados” a sus “intereses”. La adjudicación se efectuó en diciembre de 2014 a propuesta del concejal Marcelino Umpiérrez.