El juez del Juzgado número 1 de Puerto del Rosario, José Luis Ruipérez, ha decidido dividir en dos piezas el caso Hamacas. En un auto firmado el pasado 9 de mayo estima el recurso de Fiscalía y ordena que los hechos relacionados con el presunto soborno al concejal de Votemos en el Ayuntamiento de La Oliva, Álvaro de Astica, se tramiten por el procedimiento del Tribunal del Jurado.

En esta misma pieza cita a las 9:30 horas de este jueves 23 de mayo tanto al denunciante como a la Fiscalía y a los propios investigados, Vicente Curbelo Cordero y Gregorio Roberto Vega Gil, para "ser oídos" así como para "concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir la práctica de diligencias de investigación".

El caso se inició por la denuncia presentada por Álvaro de Astica, que trasladó a las autoridades que le habían intentado sobornar. De esta manera, cuando un empresario le entregó un sobre con 2.300 euros se desarrolló una operación coordinada por la Fiscalía y la Brigada local de la Policía Judicial, que lo interceptó y procedió a efectuar la detención de los presuntos responsables.

La otra pieza se centra en el posible delito de alteración del precio en subasta por el concurso para la explotación de los servicios de temporada en las playas de Corralejo y El Cotillo. El Juzgado decidió archivar la pieza cuando aún no habían declarado todos los imputados (más de ochenta) y concluyó que no había delito porque "el pliego de condiciones" de los concursos de las hamacas no impedía las renuncias antes de la adjudicación definitiva. Votemos recurrió el archivo y la Audiencia Provincial aún no se ha pronunciado sobre la reapertura.

En la denuncia original de la Fiscalía se destacaba que desde 2009 y hasta 2015, diversas personas y empresas efectuaron pujas en los concursos públicos de las hamacas, concertándose con otras para alterar las licitaciones, de tal manera que el precio final era "muy inferior" a la puja más elevada, por las renuncias de quienes ofertaban cantidades superiores.

La Fiscalía destacaba en su denuncia inicial el "perjuicio económico a los fondos públicos" de La Oliva y los "cuantiosos beneficios económicos para los adjudicatarios" por el presunto amaño de los concursos. El modus operandi detectado por la Fiscalía es que se presentaban varias ofertas económicas por parte de personas con vínculos familiares y se retiraban las de mayor importe para que las subastas se las llevasen los licitadores con las propuestas económicas más bajas.

Entre los investigados se encontraba la interventora del Cabildo de Fuerteventura, que habría pujado en los últimos años "con la sola intención de alterar el precio final, con el consiguiente perjuicio económico al erario público y beneficio económico para su hermano", según la Fiscalía.