El juicio del caso del Hotel Royal Palm, construido “ilegalmente” según la Fiscalía en zona de servidumbre de protección de Costas junto a la playa de Butihondo, va camino de eternizarse. La acusación de Fiscalía está formulada desde el año 2022, pero las diferentes suspensiones de la vista oral han demorado varios años la celebración del juicio. El Juzgado de lo Penal número dos, con sede en Puerto del Rosario, acaba de fijar para el mes de mayo de 2025 la celebración de la vista oral.

El escrito de calificación provisional que formula el Ministerio Fiscal lo adelantó Diario de Fuerteventura en abril de 2022. Sin embargo, el Juzgado estableció el desarrollo de la vista oral para los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2023. Un par de meses antes, en julio de ese año, la baja de paternidad del letrado de la defensa de la empresa promotora hizo que se suspendiera el juicio.

El Juzgado de lo Penal fijó entonces nuevas fechas: del 6 al 9 de mayo de 2024, pero tampoco se llegó a celebrar la vista oral. En una diligencia notificada este pasado mes de septiembre, el Juzgado señala el juicio para mayo de 2025. En concreto, entre el 12 y el 15 del citado mes.

La carga de trabajo del único Juzgado de lo Penal con que cuenta Fuerteventura, uno de los más saturados de la provincia oriental, provoca que, cada vez que por cualquier razón se suspende un juicio, cuadrar el calendario hace que se demore hasta un año, como ha sucedido con este procedimiento.

El caso del Royal Palm es uno de los más relevantes de los últimos años por su trascendencia urbanística, al solicitar la Fiscalía su demolición. Además, reclama que la Justicia imponga un total de 24 años y cuatro meses de cárcel a los 10 acusados, con penas que oscilan entre el año y seis meses de prisión y los cuatro años de privación de libertad. También se solicitan 80 años de inhabilitación para empleo o cargo público en la Administración local y cuatro años de inhabilitación profesional para el arquitecto.

Asimismo, el Ministerio Fiscal pide la suspensión de actividad de la promotora, Canarias Turística 2000 SL, de la familia Di Meglio, y una sanción económica de 288.000 euros. La empresa también está acusada de forma directa en la causa penal, como persona jurídica.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se detallan tres delitos de prevaricación urbanística continuada, dos delitos más de prevaricación urbanística y un delito de construcción ilegal. El exalcalde y actual concejal Rafael Perdomo, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación, está considerado autor de un delito de prevaricación urbanística continuada y coautor de otros dos.

El arquitecto del hotel, Miguel Cabrera, también se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de cárcel, mientras que al apoderado de la empresa, Héctor Ruiz Verona, le solicitan tres años de prisión, la misma condena que insta para el arquitecto municipal, José María Fernández Muñoz.

Los otros acusados son una trabajadora municipal, Silvia García Calleja, y concejales que participaron en la concesión de licencias consideradas ilegales por la Fiscalía, entre ellos el actual edil Farés Sosa y la ahora diputada autonómica del PSOE, Rosa Bella Cabrera. El resto de acusados son Jordani Cabrera, Diego Bernardo Perera y Antonio González Cabrera.

No autorizable

El hotel se construyó entre los años 2009 y 2015, en una parcela de 50.000 metros cuadrados en primera línea, junto a la playa de Butihondo. Desde que entró en vigor la Ley de Costas, en julio de 1988, “la anchura de la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre es de 100 metros y, en consecuencia, en ningún caso es autorizable la construcción del hotel”, destaca la Fiscalía. En esa franja ocupada de la zona de protección de Costas se levantaron cuatro amplias edificaciones destinadas a alojamiento, además de piscinas.

Las irregularidades que apunta la Fiscalía van más allá: “La parcela [donde se construyó el Royal Palm] no tiene ni ha tenido nunca edificabilidad asignada por un plan urbanístico válido y vigente, es decir, no existe ni ha existido la posibilidad de realizar hotel alguno”. En 1983 se clasificó la parcela como suelo urbanizable no programado, con las condiciones de suelo rústico. El plan parcial Esquinzo-Butihondo de 1989 incluyó los terrenos como “zona liberada de edificabilidad para la protección del medio marino”, y en la revisión del Plan General de Pájara de aquel año se contempló de una forma similar.

La Fiscalía resalta que “ni siquiera” se solicitó el permiso de Costas para el proyecto

El planeamiento municipal de 1998 sí atribuyó edificabilidad a la parcela, pero esta norma nunca se publicó en el boletín oficial “y, por tanto, nunca entró en vigor”. “En todo caso”, añade la fiscal de Medio Ambiente, Clara Serrano Pardá, ese Plan General de Pájara fue anulado en 2002 y desde entonces volvió a estar vigente el planeamiento de 1989.

Los orígenes del hotel se remontan a mayo de 1999, cuando el Ayuntamiento de Pájara concede la licencia solicitada por el empresario Giuseppe di Meglio para el hotel, que tendría un presupuesto de ejecución de 17,7 millones de euros, aunque luego se estimaría el coste en casi 36 millones.

La Fiscalía resalta que la empresa promotora “no obtuvo y ni siquiera solicitó la autorización” del Gobierno de Canarias “para la construcción del hotel que afecta de lleno a la zona de servidumbre de protección”, cuya anchura es de 100 metros. A pesar de ello, en octubre de 2008, el entonces alcalde Rafael Perdomo se arrogó las competencias de la Junta de Gobierno y autorizó el inicio de las obras. Una jurista municipal había informado previamente que la primera licencia incurría en causa de caducidad, al cumplirse el plazo de tres años para el comienzo de los trabajos.

La fiscal subraya que, en cualquier caso, la licencia original era ilegal, “al tratarse la parcela sobre la que se ubica el hotel de una zona liberada de edificabilidad”.