La remodelación del hotel Oliva Beach va camino de convertirse en demolición. La Abogacía del Estado considera ilegal la concesión del dominio público marítimo terrestre otorgada a RIU para el complejo de 432 apartamentos y 10 locales comerciales construido en las Dunas de Corralejo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el trámite para revisar de oficio el permiso, otorgado inicialmente en 2003 para ocupar un total de 59.768 metros cuadrados, y anularlo. Además, hasta que se resuelva, el ministerio ha decidido no responder a la petición de RIU para reformar los establecimientos turísticos.

La situación del Oliva Beach ha dado un vuelco radical. La cadena turística, que amenazó con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre la plantilla si el ministerio no le permitía reformar el hotel y los apartamentos, se enfrenta ahora a la probable anulación de la concesión del dominio público por irregularidades flagrantes en el permiso, cometidas por la propia RIU, que ocultó información clave al entonces denominado Ministerio de Medio Ambiente.

En un informe de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se concluye que la concesión del domino público, otorgada en julio de 2003, incurre en “nulidad de pleno derecho”. La Ley de Costas establece que es un “requisito esencial” para acceder a una concesión “ostentar la titularidad” de los terrenos con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa, en julio de 1988. Sin embargo, RIU no era el propietario de todo el complejo de apartamentos Oliva Beach y, en aquel momento, ya había vendido 20 apartamentos. A pesar de ello, ocultó ese dato fundamental al Gobierno cuando, en agosto de 2002, solicita la concesión de Costas para el Oliva Beach.

La consecuencia, tal y como señala la Abogacía del Estado, es que RIU “no cumplía ni cumple” en la actualidad el requisito fundamental para ser titular de la concesión, al no ser el propietario de todos los bienes. Por ello, concluye que “procede iniciar un procedimiento de revisión de oficio”, de cara a anular el permiso para ocupar el dominio público. Ese trámite ya se ha puesto en marcha en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Las irregularidades detectadas en la concesión original de 2003 se extienden a la modificación que se produjo en 2007 y a la prórroga “extraordinaria” por 75 años a la que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy dio luz verde en 2016.

La Abogacía del Estado entiende que el permiso para ocupar el dominio público sería “parcialmente nulo”, al afectar al complejo de 432 apartamentos y 10 locales comerciales, pero la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar recalca en otro informe que “el acto administrativo que otorga la concesión es uno y único”, por lo que sugiere que la anulación del permiso se debe extender también a los terrenos sobre los que se asienta el hotel.

“En el caso de que existan argumentos jurídicos que pudieran justificar” solo una “nulidad parcial”, añade en su informe la directora general, Ana María Oroño, “la parte del título concesional que estaría afectado por esta causa de nulidad se materializa en la totalidad” de la “finca matriz” del complejo de apartamentos.

El engaño de RIU

Cuando la cadena hotelera RIU, a través de una de las empresas del grupo, Geafond, solicita en 2002 una concesión del dominio público para salvar el Oliva Beach, que había quedado dentro del deslinde de Costas, manifestó ser la “propietaria” de “los establecimientos”, recuerda Oroño. Para ello, aportó documentación correspondiente a dos fincas: la 3.728 del Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario, en la que se construyó el hotel, y la 3.646, donde se levantaron los apartamentos.

Sin embargo, esa segunda finca, la de los apartamentos, ya “no existía” como tal en el año 2002. De hecho, recalca la Abogacía del Estado, había sido dividida en 442 fincas independientes y, de ellas, 20 fueron vendidas. Si hubiese conocido ese dato, el Gobierno central no habría podido conceder la concesión que dio a RIU en los términos en que se hizo.

El engaño de RIU se descubrió en abril de 2017. En aquel momento, un particular se dirige a la Demarcación de Costas de Canarias para “conocer la situación jurídica” de uno de los apartamentos del Oliva Beach “de cara a una posible transmisión de titularidad”.

Esa consulta antes de la venta de uno de los apartamentos encendió las alarmas en Costas, que pidió información detallada al Registro de la Propiedad con el historial de cada uno de las 442 inmuebles. Así, se comprobó que RIU aportó al Gobierno en 2012 documentación que no recogía la realidad del complejo de apartamentos.

La descubierta artimaña de RIU aboca ahora al Gobierno central a revisar la concesión del Oliva Beach. La competencia para resolver el procedimiento corresponderá al Consejo de Ministros, presidido por el socialista Pedro Sánchez.