El consejero de Obras Públicas y Costas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, ha lamentado que los servicios jurídicos del Ejecutivo se hayan enterado por los medios de comunicación, y no por notificación judicial, de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el conflicto competencial respecto a los expediente de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, en Fuerteventura.

Durante el pleno del Parlamento de Canarias de este martes y a una pregunta del diputado del PP Fernando Enseñat, Rodríguez ha dicho que ese hecho "no es normal ni de celebrar", y ha recordado que la sentencia no ordena el derribo del hotel, sino que se pronuncia sobre el conflicto competencial en función del recurso interpuesto por el Gobierno autonómico.

En este sentido, ha apuntado que las competencias sobre el expediente son del Ministerio, si bien el Gobierno canario, ha agregado que se trata de una "discusión jurídica de fondo" y ha defendido la necesidad de que el Gobierno canario defienda su marco competencial.

"La lucha emprendida por los trabajadores continúa. La sentencia no es ningún punto y final", ha apostillado Pablo Rodríguez.

Durante su pregunta, Enseñat ha acusado al Gobierno de España de querer derribar el Oliva Beach y ha opinado que el fallo del TC revela que el anterior Gobierno de Canarias negoció "una chapuza de transferencia de costas", pues estuvo, ha insistido, "mareando la perdiz".

"Dijeron que estaban negociando las mejores transferencias posibles pero al final no cumplen con el Estatuto ni con el autogobierno. Torres engaño como presidente y como ministro a los trabajadores al decir que los hoteles iban a seguir. ¿Para qué quiere Canarias un ministro así?", se ha preguntado Enseñat.