Más de un año después de que se conocieran las solicitudes de la empresa Satocan para explorar en búsqueda de las denominadas tierras raras, el camino que han seguido estos expedientes se ha convertido en un misterio. El Comisionado de la Transparencia de Canarias requirió, a petición de Diario de Fuerteventura, la entrega de todos los informes emitidos por departamentos del Gobierno autonómico, pero la Consejería de Economía e Industria, en manos del vicepresidente Manuel Domínguez (PP), solo ha facilitado una breve comunicación de poco más de un folio.

El pasado mes de septiembre, este periódico formuló una solicitud de información pública al Gobierno de Canarias para conocer en detalle el posicionamiento oficial de las diferentes áreas del Ejecutivo regional, más allá de las declaraciones políticas, así como las posibles objeciones técnicas que se podrían haber planteado y el camino a seguir en unos expedientes que, por su magnitud, no tienen precedente en la historia de los permisos mineros en Fuerteventura.

Entre enero y marzo del año pasado, la Consejería de Economía e Industria admitió a trámite tres solicitudes (Muley, Opáres y Verode), para explorar más de 45 kilómetros cuadrados en Fuerteventura: 25 kilómetros cuadrados en la costa del municipio de La Oliva, incluyendo parte del Barranco de Los Encantados, otros 1,34 kilómetros en Puerto del Rosario y 19 kilómetros cuadrados desde Ajuy hacia el sur. En total, 131 cuadrículas mineras, que duplican la extensión que ocupan, juntos, los núcleos de Puerto del Rosario, Corralejo, Caleta de Fuste, Morro Jable, Gran Tarajal y Betancuria.

En abril se desencadenaron las movilizaciones en Fuerteventura, tanto en la calle, con una protesta en Ajuy, como en las instituciones. Antes, el Cabildo majorero ya había rechazado por unanimidad la exploración de tierras raras y la presidenta Lola García había proclamado que no iban “a permitir que Fuerteventura se convierta en el solar de experimentos de Canarias”. Acto seguido, el Parlamento autonómico rechazó, con la única excepción de Vox, las prospecciones de tierras raras en la Isla.

En los meses siguientes se han venido sucediendo los pronunciamientos políticos de miembros del Ejecutivo canario aceptando la postura de las instituciones majoreras. La última en pronunciarse en sede parlamentaria ha sido, este mes de junio, la consejera de Universidades, Migdalia Machín, que ha reiterado el “rechazo” por mantener el “equilibrio medioambiental y patrimonial” de la Isla.

Sin información

El acceso a la información de los expedientes de las tierras raras ha sido una odisea. El Gobierno tenía, según la legislación en materia de Transparencia, un plazo de un mes para facilitar los dictámenes sectoriales emitidos en el seno del propio Ejecutivo regional. Pero nunca contestó de forma voluntaria.

Los expedientes sobre los permisos solicitados en Fuerteventura no están muertos

Por ello, Diario de Fuerteventura presentó el pasado octubre una reclamación ante el Comisionado de la Transparencia que, a su vez, en diciembre, solicitó a la Consejería de Economía e Industria la entrega de la documentación. La Consejería de Domínguez también le dio al Comisionado la callada por respuesta. Ni contestó, ni facilitó los informes ni presentó alegaciones.

Por eso, Transparencia dictó una resolución en abril de 2025 en la que requería a la Consejería la entrega de la documentación, con la advertencia de que “el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo” y “no atender a los requerimientos”, si son actitudes reiteradas, constituyen infracciones graves y muy graves.

A finales de mayo, la Consejería de Economía e Industria contestó. El jefe del Servicio de Minas, Ángel Morales González-Moro, de forma escueta responde que en los tres expedientes de tierras raras de Fuerteventura obra un documento, de apenas un folio y cuatro líneas más, de la Consejería de Transición Ecológica, relativo a quién debe pronunciarse sobre las afección de las prospecciones.

Evaluación de impacto ambiental

En ese escrito, firmado por el director general de Transición Ecológica, Ángel Pablo Montañés, a finales de marzo de este año, se indica que el mes anterior, por parte de Economía e Industria, se le pide un “informe relativo a las afecciones medioambientales de los proyectos de investigación y si deben someterse al trámite de evaluación ambiental simplificada”.

El Cabildo tiene que informar sobre el impacto ambiental pero no se lo han pedido

Montañés apunta que es el Cabildo, como órgano gestor de la Red Natura 2000, “quien debe valorar en todo caso la referida afección” y que Economía e Industria “deberá recabar con carácter previo dicho informe de afección del Cabildo de Fuerteventura para cada una de estas actuaciones previstas en espacios de la Red Natura o próximas a los mismos”.

Si hubiera una “afección apreciable, procederá solicitar la evaluación de impacto ambiental en su modalidad simplificada”. Si no fuera así, “procederá continuar sin más el procedimiento”, aunque también podría pedirse informe a las direcciones generales de Biodiversidad y Transición Ecológica.

Escrito del director general de Transición Ecológica.

“No ha contestado”

Primera conclusión: los expedientes no están muertos y la pelota pasaría a estar en el tejado del Cabildo, que ya cuenta en su poder, precisamente, con un estudio de la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Canarias que considera “incompatibles con la conservación” de especies los trabajos mineros, por afectar a dos zonas de especial protección de aves,  a una Zona de Especial Conservación y a hábitats naturales de interés comunitario.

Otra empresa ha presentado dos solicitudes de exploración en los mismos terrenos

Sin embargo, desde el Cabildo aseguran que la Consejería de Domínguez no le ha pedido su parecer sobre afecciones medioambientales y añaden que “no ha contestado” a ninguna de las peticiones de información, que tampoco le ha respondido a las alegaciones presentadas y que no ha realizado el trámite formal de consulta como institución afectada. Es decir, más silencio sobre unos expedientes que se han convertido en todo un enigma.

Más solicitudes

Por otro lado, a instancia del diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, el Gobierno ha confirmado que se han presentado otras dos solicitudes para explorar tierras raras en la Isla, en terrenos que coinciden con los que quiere Satocan. Estas peticiones parten de la empresa de ingeniería La Roche Bayanna, pero su admisión está “paralizada”.