En el debate sobre la regulación de la vivienda vacacional se ha introducido un factor, que se advirtió que se podría producir: el efecto llamada. Desde el Gobierno de Canarias, voces tan autorizadas como la del presidente, Fernando Clavijo, negaban hace apenas unos meses que fuera a darse. Sin embargo, las cifras han ido por otro lado. Con los números que ha manejado la propia Consejería de Turismo y que ha plasmado en los diferentes borradores del Anteproyecto de Ley de Ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, en Fuerteventura se han sumado al mercado vacacional, cada mes, una media de más de 143 casas o, lo que es lo mismo, alrededor de 612 plazas alojativas.

Cuando la Consejería de Turismo y Empleo, pilotada por la majorera Jéssica de León (PP), lanzó el procedimiento de información pública del anteproyecto de la futura ley, en la Maxorata se contabilizaban, a fecha de 25 de marzo de este año, unas 7.046 viviendas vacacionales, que representaban 27.952 plazas alojativas. El documento salió a exposición por periodo de un mes, que finalizó a comienzos de mayo. Con las aportaciones recibidas, se efectuaron cambios en la norma, presentados a la vuelta de las vacaciones estivales.

En un nuevo borrador del Anteproyecto de Ley, fechado a finales de julio, aunque difundido ya en septiembre, la oferta vacacional en Fuerteventura había experimentado un crecimiento significativo. Así, a fecha 17 de julio el Gobierno de Canarias da por válidas las cifras de 7.620 viviendas vacacionales en la Isla y un total de 30.400 plazas. Es decir, un aumento de 574 viviendas que en marzo no se dedicaba al alquiler vacacional y, menos de cuatro meses después, pasaron al mercado turístico. En número de plazas, ese aumento se traduce en 2.448 camas vacacionales más.

Por ahora no hay datos de cómo se ha comportado la oferta del mercado vacacional en los meses de agosto y septiembre, pero fuentes empresariales consultadas por Diario de Fuerteventura apuntan a que lo normal es que el ritmo haya seguido creciendo, “ante el temor a quedarse fuera con la futura regulación”. “Hay quien ha decidido darse de alta por si acaso, ante lo que puede pasar, no porque lo tuviera previsto con anterioridad”, añade un empresario dedicado al sector inmobiliario, que ha visto varios ejemplos cercanos en los últimos meses.

En términos porcentuales, el auge en el número de plazas vacacionales en Fuerteventura ha experimentado un crecimiento que se aproxima al nueve por ciento mensual, al comparar los datos de los propios borradores del anteproyecto de ley impulsado por la Consejería de Turismo. Las casi 2.500 camas que han entrado en el mercado alojativo de la Isla por esta vía vienen a ser el equivalente a la incorporación de tres hoteles de gran capacidad alojativa, con unas 400 habitaciones cada uno.

140 viviendas al mes pasan a vacacional, pero la oferta residencial es mínima

En la actualidad, el principal proyecto hotelero que se está desarrollando en Fuerteventura es la construcción de un establecimiento de 478 habitaciones y unas 1.000 camas en el corazón de Corralejo, por parte de la cadena Elba, con fuerte implantación en Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua. El inicio de las obras, el pasado mes de mayo, originó una oleada de críticas, tanto de organizaciones ecologistas como de alguna formación política, al haberse autorizado por el Gobierno de Canarias después de las multitudinarias manifestaciones del 20 de abril, en las que se pedía, entre otras cuestiones, una moratoria turística, y se alertaba de las dificultades de la población para conseguir acceder a viviendas a precio asequible.

Mientras que un proyecto hotelero concreto es llamativo y se visualiza la evolución del proyecto, desde que se autoriza hasta que abre sus puertas, la incorporación de más camas turísticas al mercado alojativo de Fuerteventura con la fórmula de la vivienda vacacional es como una lluvia fina, difícil de percibir a simple vista, pero que incrementa los efectos desfavorables de este segmento, de forma especial la merma de oferta residencial.

Sin moratoria

La preocupación por el impacto de la vivienda vacacional se ha extendido por amplias capas de la sociedad, que no encuentran casa. En el municipio de La Oliva, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de febrero, tenía ya entonces unas 15.600 plazas vacacionales, resulta casi imposible encontrar un alquiler.

En el portal Idealista aparecen 33 anuncios, aunque buena parte de ellos habría que descartarlos. El más barato, de 525 euros, es para una sola persona porque la casa solo tiene placa solar. Hay otro piso, de una sola habitación, por 850 euros, pero solo para “maestros y profesores”. Lo mismo con la siguiente oferta más económica, de 950 euros por dos habitaciones. Hay varios anuncios de pisos por unos 1.000 euros al mes, con un gran inconveniente: son alquileres de temporada, es decir, por unos pocos meses. En uno de estos pisos, si se quiere extender la estancia hasta los seis meses, la renta ya pasa a ser de 2.500 euros al mes. La oferta global para toda la Isla es de apenas 68 alquileres y salvo unas pocas opciones en Puerto del Rosario, las condiciones y precios son similares a las indicadas para el norte de la Isla.

Hay varios anuncios de pisos por unos 1.000 euros al mes, pero son alquileres de temporada

En el último pleno de septiembre del Parlamento de Canarias, volvió a salir a relucir la posibilidad de que se establezca una moratoria para la vivienda vacacional, algo que ha solicitado el Cabildo de Fuerteventura, pero también los de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Una petición que, pese a compartir en algunos casos colores políticos con el Ejecutivo regional, ha caído en saco roto.

La consejera Jéssica de León aseguró que la Ley de vivienda vacacional está en la recta final de su tramitación previa a que entre en la Cámara autonómica, a falta, sobre todo, del dictamen del Consejo Consultivo. Un decreto ley que estableciese una moratoria, afirmó, “llegaría al mismo tiempo” que el citado texto legislativo. “No llegamos a tiempo”, resumió.

De León también apuntó a los ayuntamientos, de los que aseguró que contaban con competencias, fijadas en el Reglamento de Planeamiento de Canarias, “que les permite suspender licencias” si inician los trámites de una ordenanza específica. También argumentó que no querían “pasar por encima de la voluntad de ayuntamientos” que “entienden que la vivienda vacacional ha venido a estimular” su economía.

La diputada socialista Patricia Hernández, que fue quien le formuló la pregunta a la consejera de Turismo, reconoció que probablemente, Jéssica de León pensaría que la aprobación de la normativa, por ahora el proyecto legislativo estrella no solo de Turismo sino de todo el Gobierno, “iba a tener otros tiempos, más rápidos”. Sin embargo, avisó de que, una vez que llegue al Parlamento, al ser una ley de “importancia”, requerirá de “consenso” para que su tramitación sea “eficaz y eficiente”, y pueda desplegar efectos a largo plazo. Es decir, que se espera un debate intenso en sede parlamentaria. Justo lo que necesita la lluvia fina de la vivienda vacacional para continuar empapando el mercado turístico de las Islas.