El desmantelamiento de la antigua línea eléctrica incluye tramos en cuatro áreas críticas para la hubara en Fuerteventura
La actuación promovida por Red Eléctrica suma 1.932.456 euros según el desglose por municipios e incluye la retirada de 344 apoyos y casi 94 kilómetros de tendido

La autorización para desmantelar tres antiguas líneas eléctricas de 66 kilovoltios en Fuerteventura incluye tramos situados en cuatro áreas consideradas críticas para la hubara: Las Llanadas, Llanos de Antigua, Llano Grande y Jable de Jandía, según la resolución de la Dirección General de Energía publicada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias.
La actuación promovida por Red Eléctrica, tras la instalación de los nuevos tendidos que duplican la capacidad anterior, comprende las líneas Salinas-Corralejo, Salinas-Gran Tarajal y Gran Tarajal-Matas Blancas, con una longitud conjunta de 93,87 kilómetros y 344 apoyos que serán objeto de desmontaje, con las excepciones establecidas para determinadas torres utilizadas por el guirre.
El presupuesto desglosado aportado por Red Eléctrica suma 1.932.456 euros: 537.602,01 euros en Tuineje, 431.537 en Puerto del Rosario, 362.770 en Pájara, 339.905 en La Oliva y 260.639 euros en Antigua.
La Dirección General de Energía ha concedido la autorización administrativa para el cierre y desmantelamiento de las tres instalaciones, solicitado inicialmente por Red Eléctrica en julio de 2016.
Uno de los principales condicionantes incorporados durante la tramitación afecta a la hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae).
La Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad comunicó en junio de 2025 que había actualizado las áreas críticas y estratégicas para esta especie “atendiendo al comprometido estado de conservación y la tendencia regresiva de la población de esta especie amenazada en la Isla”.
En la línea Salinas-Corralejo, los tramos señalados atraviesan el área crítica de Las Llanadas; en Salinas-Gran Tarajal afectan a Llanos de Antigua y Llano Grande; y en Gran Tarajal-Matas Blancas, al Jable de Jandía.
El informe estableció además que la parada vinculada a la hubara debe abarcar el periodo crítico previsto en el avance de su plan de recuperación, entre diciembre y junio.
Junto a esas áreas críticas, otros tramos se encuentran en zonas estratégicas para la especie, como La Herradura-Valle de Jaifa-Llano Pelado, Huriamen-La Caldereta y El Solador-La Montañeta, además del Jable de Jandía, en las que se deberán realizar prospecciones previas durante ese periodo.
Biodiversidad consideró, no obstante, prioritaria la eliminación de los cables. El informe señala que “se entiende prioritario abordar la retirada de los conductores para eliminar los riesgos de mortalidad por colisión que afecta de forma particular a la hubara”.
Para esa retirada de conductores se prevén prospecciones previas en las áreas críticas y estratégicas, mientras que el desmontaje de los apoyos deberá respetar las paradas biológicas establecidas en las áreas críticas para la hubara y los territorios de cría del guirre.
Advertencias durante la tramitación
La tramitación incluyó varias advertencias de los organismos sectoriales. El Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura señaló inicialmente que “no se detallan aspectos importantes”, entre ellos los accesos necesarios para alcanzar los apoyos, la diferenciación entre caminos existentes y los que fuera necesario crear y las actuaciones concretas previstas.
Ese servicio advirtió además de que los documentos no evaluaban las repercusiones sobre los espacios protegidos de la Red Natura 2000 atendiendo a los objetivos de conservación de cada lugar ni detallaban los impactos y sus correspondientes medidas preventivas y correctoras.
Biodiversidad amplió las cautelas al actualizar las zonas de protección por el “comprometido estado de conservación y la tendencia regresiva” de la hubara en la Isla
Posteriormente, en julio de 2026, el Servicio de Medio Ambiente indicó que debía “acreditarse jurídicamente la no caducidad de las declaraciones de impacto ambiental” y que, si se confirmaba su caducidad, el proyecto tendría que someterse a la evaluación ambiental que correspondiera.
También hubo una advertencia expresa del Servicio de Impacto Ambiental de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Aunque su informe fue favorable, estableció que antes de actuar en el tramo que discurre por la ZEPA Llanos y Cuchillos de Antigua el proyecto deberá disponer de un informe favorable o de no afección emitido por el Cabildo de Fuerteventura como órgano gestor del espacio protegido.
El Ayuntamiento de Pájara informó favorablemente el proyecto, pero condicionó su ejecución a una mayor concreción de los trabajos en los lugares donde el tendido afecta o sobrevuela construcciones, especialmente en Costa Calma, donde el expediente señala que existen torres incluso dentro de parcelas edificadas.
También pidió la renaturalización del entorno de los apoyos y accesos que dejen de utilizarse, la demolición y gestión de las cimentaciones, medidas frente al polvo, ruido y vertidos y la comprobación previa de que las obras no afecten a especies protegidas.
Por su parte, el Servicio de Patrimonio Cultural exigió estudios de impacto arqueológico y posteriormente consideró el desmantelamiento compatible con la protección del patrimonio, sujeto a medidas preventivas y de vigilancia. La autorización patrimonial afecta específicamente a los bienes de interés cultural del Barranco de Tinojay, Barranco del Cavadero y Pared de Jandía.
La resolución finalmente concedida establece que las obras deberán cumplir los condicionantes técnicos de los organismos afectados y fija un plazo máximo de 18 meses para comunicar el cierre y desmantelamiento de las instalaciones.
Además, obliga a presentar cada seis meses un informe sobre el avance de los trabajos y el cumplimiento de los requisitos establecidos por los diferentes organismos.
Para determinados apoyos utilizados como dormideros o zonas de agregación nocturna del guirre, su desmontaje requerirá informe previo de Biodiversidad y deberá suscribirse un convenio entre Red Eléctrica y el Gobierno de Canarias para regular su mantenimiento.















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