El Consejo de Estado ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que investigue y aclare si las instalaciones del Oliva Beach, el hotel y los apartamentos, “se construyeron en el dominio público marítimo terrestre de manera ilegal”. Esa petición va más allá de que el Gobierno central considere que la concesión otorgada en 2003 a la cadena hotelera RIU fue irregular porque la empresa incumplía la condición indispensable de ser el único propietario.

Ahora, el Ministerio considera que tanto los hoteles Tres Islas y Oliva Beach como el complejo de más de 400 apartamentos se levantaron “no en dunas, sino en playa”, como incide el Consejo de Estado en su dictamen, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, por lo que toda esa zona, según esa argumentación, debería haber sido considerada dominio público desde la Ley de Costas de 1969.

Las edificaciones en ese espacio son posteriores: el Tres Islas, diseñado por el arquitecto Miguel Fisac, se construyó entre 1970 y 1973, y el hotel Oliva Beach, que lleva la firma de Fernando Higueras, aunque renegase del resultado, se inauguró en 1976 y el inicio de las obras data de cuatro años antes.

Los 432 apartamentos y 10 locales comerciales del complejo Oliva Beach, señala en un informe la directora general de Costas, Ana María Oroño, “no estaban construidos” cuando entró en vigor la siguiente Ley de Costas, en julio de 1988. El Consejo de Estado quiere que se aclare si esos apartamentos “están localizados en una zona que debería haber sido deslindada como playa con arreglo a la Ley de Costas de 1969” o no.

“Esta precisión tiene una importancia fundamental” por el “tipo de compensación que se ha de conceder” a los propietarios “por la privación del derecho a edificar en aquellos terrenos que forman parte del dominio público marítimo terrestre” y que hubieran recibido licencia de obras, destaca el dictamen firmado por la presidenta del órgano consultivo, María Teresa Fernández de la Vega, que fue la vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ayuntamiento de La Oliva llegó a emitir un certificado en el que sostiene que una licencia seguía vigente tras 46 años

La licencia de construcción es otro de los puntos controvertidos que están sobre la mesa. El Consejo de Estado destaca que “se desconoce el procedimiento a través del que se encauzó el otorgamiento de la licencia urbanística para la construcción de los apartamentos Oliva Beach, el contenido de dicha licencia y el momento exacto en el que se inició la ejecución de las obras, pese a que esta información sea crucial” para determinar si la “validez” o la “eficacia” del permiso de obras se vio afectado.

Es decir, si la empresa que tiene la concesión del dominio público –Geafond número uno Lanzarote, controlada por RIU- “perdió el aprovechamiento urbanístico” de los terrenos. El Consejo de Estado solicita todos “los expedientes urbanísticos de otorgamiento y control de lo construido”.

Cuando en 2003 el Gobierno central de José María Aznar otorgó la concesión a RIU de los 59.769 metros cuadrados sobre los que se asientan el Oliva Beach y los apartamentos, que quedaron dentro del dominio público en el deslinde de 1992, se tenía que haber levantado un acta de lo construido antes de la Ley de Costas, pero “aparentemente, no se llegó a materializar”, desliza el Consejo de Estado.

Polémico certificado

Para tratar de dar cobertura al Oliva Beach, el Ayuntamiento de La Oliva entregó el pasado mes de marzo un certificado, “propuesto como prueba” por RIU, en el que sostiene que “no consta en los archivos” de la Corporación municipal “que se haya iniciado expediente de caducidad de la licencia de construcción de 432 apartamentos”, concedida en un pleno del Consistorio de mayo de 1975, todavía bajo el régimen de Franco, a la empresa Geafond.

En ese certificado, el Ayuntamiento presidido por Pilar González llega a sostener que, por ello, “se puede aseverar” que la licencia concedida hace 46 años “continúa vigente a todos los efectos”. Sin embargo, el Consejo de Estado aprecia una “aparente contradicción” entre ese certificado y otra licencia de obras de noviembre de 1981.

La directora general de Costas, Ana María Oroño, destaca en un informe que los apartamentos “no estaban construidos” cuando entró en vigor la Ley de Costas, el 29 de julio de 1988, y resta importancia a que contasen con licencia de obras, otorgada por el Ayuntamiento presidido entonces por Domingo González Arroyo.

Concesión discutida

El Ministerio entiende que RIU “no cumplía” con los dos “requisitos esenciales” para obtener la concesión del dominio público. Por un lado, no era el propietario de todos los terrenos y, por otro, no respetaba los “usos y aprovechamientos existentes” cuando entró en vigor la Ley de Costas, al entender que los apartamentos no estaban construidos.

De hecho, el Consejo de Estado hace hincapié en que “tampoco figura en el expediente la tramitación que se le dio al procedimiento sancionador” en el que se acordó la paralización de las obras “y cuál fue su desenlace”, a pesar de que resulte “determinante de cara a la anulación de la concesión otorgada” a la cadena hotelera. “La legalidad de lo construido en el dominio público marítimo terrestre”, añade el Consejo de Estado, “podría quedar condicionado por esta información”.

La paralización de las obras, recuerda el organismo, fue avalada judicialmente, mediante una sentencia del Tribunal Supremo, en noviembre de 1999, que anuló otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictada siete años antes. Sin embargo, el “destino último” del procedimiento sancionador en el que se ordenó la paralización de las obras de los apartamentos, “se desconoce”. Los apartamentos, obviamente, terminaron construyéndose.

El Consejo de Estado también pide investigar “quién solicitó” al Registro de la Propiedad, “y qué se solicitó exactamente”, para que se emitiera una certificación en agosto de 2002 sobre la finca del Oliva Beach, gracias a la que se le dio la concesión del dominio público a RIU, en la que no se menciona que se había dividido en 442 fincas independientes, 20 de las cuales ya habían sido vendidas, y cómo fue posible que el Gobierno central la considerase “apta”.