Ecologistas en Acción ha colocado una bandera negra a la isla de Fuerteventura, en concreto, al Parque Natural de las Dunas de Corralejo por “mala gestión”. Así lo ha dado a conocer este miércoles la organización al presentar su informe ‘Banderas Negras 2024’, en el que ha evaluado más de 8.000 kilómetros de la costa española.

En la última edición del citado informe se han otorgado 48 banderas negras, por contaminación o mala gestión ambiental, y una de ellas le ha correspondido a la Maxorata.

El motivo que recoge este colectivo ecologista para explicar la “mala gestión” es el expediente de caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial en el año 2003 luego modificada en 2007 y prorrogada en 2016 a RIU para la ocupación y aprovechamiento de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con destino al Hotel y Apartamentos “Oliva Beach”, en las grandes playas de Corralejo, en La Oliva.

Y es que, como recuerdan en el informe, “tras una larga batalla” el Ministerio para la Transición Ecológica “confirma la caducidad de la concesión otorgada al Hotel RIU Oliva Beach en conformidad con el dictamen del Consejo de Estado”.

Ecologistas en Acción recuerda que la resolución es el resultado de “los reiterados incumplimientos” por parte de la cadena hotelera de unos requisitos “claramente establecidos en la concesión que se les otorgó para ocupar las dunas”.

Entre los incumplimientos recuerdan las “construcciones ilegales” que denunciaron en 2020 como “una rotonda entre el hotel y los apartamentos, una carretera de acceso y el vallado y cerramiento de zonas públicas”.  Unas obras por las que el Ministerio para la Transición Ecológica multó a RIU por una infracción grave en 2022 y se les ordenó demoler las construcciones, orden que “por supuesto incumplieron y se inició entonces el expediente de caducidad de la concesión”, añaden.

Para Ecologistas en Acción la “singularidad y protección” de este espacio dunar es “opuesta” a la existencia y mantenimientos del hotel por “los graves impactos” sobre las dinámicas dunares y los valores naturales a conservar. Algo que, según recuerdan, está demostrado por “los diversos estudios de las universidades canarias y el propio documento Informativo del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Corralejo que confirma el efecto pantalla de las construcciones que ha impedido tanto la llegada de arenas como de viento, propiciando una neocolonización de la zona por especies vegetales”.

Caducidad

Ecologista en Acción señala en su informe que una vez “detectados y demostrados los incumplimientos” la Administración “tiene y debe iniciar y terminar el procedimiento para declarar la caducidad de la concesión”. Además, agregan que “ninguna otra Administración podría interpretar las cosas de otra manera” y reiteran que la sociedad Grafond Número Uno Lanzarote, propiedad de RIU, “es culpable y ha quedado demostrado, así lo indica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y dos máximos órganos consultivos del Estado, El Consejo de Obras Públicas y el Consejo de Estados”.

Desde las organizaciones ecologistas observan “con preocupación” la “ofensiva del Gobierno de Canarias y otras administraciones canarias, así como partidos políticos y organizaciones empresariales, en defensa de los intereses particulares de RIU frente al interés público al albur de la campaña de manipulación e intoxicación que ha llevado a cabo la empresa multinacional RIU tergiversando datos, defraudando a su plantilla y engañando a la ciudadanía para imponer sus intereses económicos”, explican.

Solución

Para esta confederación, las instalaciones del Hotel Oliva Beach y parte del complejo de apartamentos “han perdido su sustento legal” en las dunas de Corralejo y por tanto instan al Ministerio a que “continúe el procedimiento para que la demolición de las instalaciones, ahora ya ilegales, se haga realidad en la mayor brevedad posible”.

Ecologistas en Acción también recuerda que “el interés general es la defensa de nuestro territorio, es la protección de nuestros paisajes y ecosistemas más frágiles, es la lucha por la justicia social con un sistema productivo que redistribuya la riqueza, que de empleo en condiciones dignas a la población y que tenga en las instituciones los máximos garantes de los derechos de la gente que habitamos este territorio”. Por tanto, tras esta “demolición controlada” que solicitan, comenzaría el “proceso de restauración de la zona”.