Este miércoles se ha presentado la manifestación en contra de que se anule la concesión para ocupar el dominio público de dos hoteles de RIU, el Oliva Beach y el Tres Islas, construidos en las Dunas de Corralejo.

La movilización se ha fijado para el próximo lunes a las once de la mañana frente a la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Puerto del Rosario bajo el lema: “Salvar a 700 familias”.

En la convocatoria, en la que ha participado representación de la plantilla de los hoteles, han estado presentes, entre otros, el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Antonio Rodríguez Marichal, y el de la organización empresarial Asofuer, Antonio Hormiga.

En el manifiesto se apunta que asociaciones empresariales y sindicatos de la Isla apoyan a la cadena hotelera y a los trabajadores “afectados si se llega a ejecutar la nulidad de la concesión administrativa” sobre el dominio público marítimo terrestre, donde se levantaron el Oliva Beach y el Tres Islas.

Sobre el Oliva Beach, el Ministerio para la Transición Ecológica abrió un procedimiento de revisión de oficio de la concesión, al considerar que RIU había ocultado que no era propietario de toda la finca, una condición indispensable para conseguir la concesión del dominio público.

Ese expediente se caducó pero el Consejo de Estado apreció en su dictamen que había que investigar la situación del hotel y apuntó otras fórmulas, como el de la caducidad de la concesión en el caso de que se acreditasen irregularidades.

Tal y como avanzó Diario de Fuerteventura, el Ministerio tiene abierto un expediente sancionador al Oliva Beach por presuntamente incumplir las condiciones de la concesión de dominio público al ocupar casi 14.000 metros cuadrados sin autorización.

Mientras tanto, la cadena RIU ha desistido de la solicitud de autorización para reformar el hotel y los apartamentos Oliva Beach. Fuentes de la empresa reconocieron que estaban esperando a que las competencias de Costas se transfiriesen a la comunidad autónoma para retomar el proyecto.

En cuanto al Tres Islas, el Ministerio para la Transición Ecológica tramita desde el año pasado la “caducidad” de la concesión, a raíz de un expediente sancionador por unas obras consideradas ilegales por Costas y que supusieron aumentar el volumen construido del hotel.

Para los organizadores de la manifestación, si el Oliva Beach y el Tres Islas pierden la concesión para ocupar el dominio público se produciría “un drama social y económico” en la Isla, resultando directamente afectadas “más de 700 familias”. “Económicamente sería un debacle para la Isla en general”, señalan en el manifiesto.

En el mismo, sostienen que La Oliva tiene en la actualidad “una alarmante tasa de paro del 19,6 por ciento, lo que se traduce en 1.842 parados, por lo que el desempleo se situaría en cifras superiores al 25 por ciento” si cierran ambos hoteles.

“Inseguridad” y “criminalidad”

“Estas cifras son insostenibles y un factor que incrementaría la inseguridad y la criminalidad en el municipio”, aseguran los organizadores de la manifestación.

“Las consecuencias de acabar con estos dos hoteles se traduce en eliminar el 26,8 por ciento de las camas turísticas de un municipio turístico”, un golpe que cifran en “45 millones de euros anuales menos para la economía de la Isla y la destrucción de 932 puestos de trabajo directos e indirectos”, detallan.

“Sin poder conciliar el sueño”

Los trabajadores de ambos hoteles destacan que continúan con su “lucha en la defensa de su trabajo” y señalan que han desarrollado “numerosas acciones de protesta no sólo en Fuerteventura”, sino también en Gran Canaria, en Madrid y en Bruselas.

“Son muchos años de incertidumbre sin poder conciliar el sueño debido a la inestabilidad”, señalan, y dicen que “ya es hora de dar una repuesta contundente por parte de la administración”.