El empresario Luis Hernández Pérez, que fue presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, además de consejero de Economía del Gobierno de Canarias y diputado autonómico, ha sido condenado a una pena de un año y cuatro meses de prisión por un delito de estafa.

El Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario ha dictado sentencia en relación a la denominada ‘casa de los cazadores’ del casco viejo de Corralejo, ubicada en el número dos de la calle María Santana Figueroa.

Según la resolución del Juzgado de lo Penal, Luis Hernández simuló un negocio jurídico para evitar el cumplimiento de una sentencia que reconocía la titularidad de la vivienda a favor de unos vecinos.

Hernández tendrá que indemnizar con 25.117 euros en concepto de daños y perjuicios a los denunciantes, según la sentencia dictada por la magistrada Alicia María Buendía este pasado martes, dada a conocer por el comité de afectados del casco viejo de Corralejo.

En este caso, lo que era un asunto civil derivó en la vía penal como consecuencia de las maniobras del ahora condenado. Como administrador de las empresas Bloques Canarios y Trading Development Fuerteventura, fue demandado por una comunidad de 18 herederos, respecto a la propiedad de la ‘casa de los cazadores’.

El Juzgado de Primera Instancia número dos de Puerto del Rosario falló en julio de 2013 a favor de los vecinos, al considerar que el inmueble les pertenecía en “pleno dominio” por usucapión, es decir, por la posesión continuada en el tiempo cumpliendo con los requisitos legales. La Audiencia Provincial ratificó la sentencia en julio de 2016.

Sin embargo, Luis Hernández, “con pleno conocimiento de la sentencia recaída”, el 5 de abril de 2019, en su condición de apoderado de Trading Development Fuerteventura (que cambió de nombre a Aparthotel Los Molinos de Breñas Garden La Palmas), de la que era administradora su esposa, transmitió el citado inmueble a otra de las empresas de la que era administrador, denominada Parques Energéticos Canarios.

La fórmula fue una dación en pago de una “supuesta deuda”, con el objetivo de que la última de las empresas mencionadas “constase como tercero con buena fe registral en perjuicio de sus legítimos propietarios”, pese a que la empresa que traspasó la propiedad “carecía de facultades de disposición” sobre la ‘casa de los cazadores’.

El condenado consiguió transferir el inmueble “aprovechando que no se había efectuado la cancelación de la inscripción contradictoria, conforme a lo acordado en la sentencia” que ganaron los vecinos de Corralejo, y que “había caducado la anotación preventiva, en el Registro de la Propiedad”.

Los legítimos propietarios de la vivienda, por culpa de esa dación en pago simulada por Luis Hernández, tuvieron que promover nuevas acciones legales. Interpusieron demanda en marzo de 2020 y el Juzgado de Primera Instancia número tres de Puerto del Rosario les volvió a dar la razón en julio de 2022.

En aquella sentencia se acordó igualmente la nulidad de pleno derecho de la escritura de dación en pago de deuda otorgada entre las mercantiles controladas por Luis Hernández.

Ahora, el Juzgado de lo Penal declara la “intervención directa” de Luis Hernández en los hechos y subraya que la “transmisión” del inmueble mediante una “espuria escritura de dación en pago”, sin que se acredite siquiera la deuda, se efectuó por el condenado de forma “plenamente consciente”.

Alegó desconocer las ilegalidades, pero la magistrada no se lo creyó: “Nos encontramos ante un empresario de reconocido prestigio dedicado a la promoción inmobiliaria”

La magistrada tacha de “inverosímil la versión” de Luis Hernández, quien alegó desconocer la sentencia inicial del Juzgado de Primera Instancia y la posterior de la Audiencia Provincial,  “argumentando igualmente que no fue consciente de la transmisión pues se limitaba a firmar lo que le ponían delante”.

“Sin embargo, nos encontramos ante un empresario de reconocido prestigio dedicado a la promoción inmobiliaria y que llegó a ser incluso consejero de Economía del Gobierno de Canarias, diputado regional y presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas”, recuerda la titular del Juzgado de lo Penal de la capital majorera.

“Alegar que no sabía lo que firmaba y que se limitaba a hacer lo que le decían no es verosímil, como tampoco que la transmisión obedeciera a una suerte de ingeniería empresarial, como se deduce de sus manifestaciones de reestructuración de activos”, recalca la magistrada.

El Juzgado de lo Penal destaca también que al poco de que una empresa de Luis Hernández pagase por la ‘casa de los cazadores’ a José Manuel Jiménez del Valle, a quien se situó como responsable de la trama de viviendas del casco viejo de Corralejo, le interpuso una querella. Por ello, no resulta “verosímil la pretendida ignorancia que alega”, concluye.