El Ayuntamiento de La Oliva quiere ordenar el deporte del surf en el municipio tras el caos generado en la última década con la proliferación de escuelas, empresas y deportistas que ocupan las playas sin ninguna limitación. La institución local ha publicado un documento de ordenación de la actividad que ha generado una gran polémica en el sector en los últimos días.

El representante del colectivo Benahuaré, que se ofrece a asesorar al Ayuntamiento sobre la normativa y su ordenación en defensa del patrimonio natural de Fuerteventura, David Ávila, asegura que las playas del municipio norteño eran el paraíso para estas escuelas.

En este municipio se concentran más del 50 por ciento de todas las de Canarias porque “ni pagaban impuestos, ni había ningún control sobre ellas”. Además, Ávila revela que ahora mismo todas las escuelas de surf son ilegales por carecer de las autorizaciones pertinentes.

Según el experto, el procedimiento a seguir para el desarrollo de actividades lucrativas en el dominio público marítimo terrestre (DPMT) es que sea el “Ayuntamiento el que pida la autorización a Costas para explotar diferentes puntos del litoral, mediante un proyecto”. Un plan que corresponde diseñar al presidente de la Federación Canaria de Surf, Ángel Lobo, y a su vez la Dirección General de Costas debe presentar un informe de viabilidad. Una norma que hasta la fecha no se sabe en qué punto se encuentra.

Lo cierto es que numerosas empresas, escuelas, deportistas y colectivos “llevan años haciendo uso de las playas sin pagar ni un duro” manifiesta Ávila. Aunque, añade, utilizaban carreteras y pistas asfaltadas y de tierra ofertando actividades de forma ilegal, recogiendo alumnos en el aeropuerto tras vender un paquete completo de alojamiento, cursos, material y transporte.

Un cupo y más control

“Desde el colectivo Benahuaré queremos que se regule esta actividad, se ponga un cupo y se controle porque la masificación y el caos era una realidad en cualquier playa de la zona Norte”, resume David. Además, este vecino insiste en que se dieron casos en los que monitores llegaron a echar de playas a los usuarios tras ocupar el espacio con tablas, alumnos, material y actividades porque estaban trabajando. “Cuando la Ley de Costas dice que prevalece en el uso de la playa el usuario común ante cualquier empresa, teniendo en cuenta que era ilegales y algunas operaban con una gran arrogancia”, revela.

El colectivo Benahuaré asegura que más del 50 por ciento de las escuelas canarias están en este municipio y son “ilegales”

Tras una pequeña encuesta en varias escuelas de surf consolidadas en la localidad turística de Corralejo y que funcionan a pleno rendimiento, prefieren eludir la polémica de la ilegalidad en su funcionamiento y argumentan que pagan sus impuestos como actividad económica en las instituciones. Muchas disponen de escuela, clases, alojamiento, comercio y alquiler de material para el desarrollo de surf, kitesurf y windsurf.

La deportista profesional Marina Taylor, de 40 años, que abrió su escuela de Surf en el hotel Arena Beach de Corralejo ha acogido con alegría la regulación de este deporte ante el caos que registraban las playas. “He sufrido la competencia desleal con la llegada de gente de fuera, sin titulación, ni conocimiento de las playas y del mar, alquilaban equipos y daban clases sin pagar impuestos, sin controles y vendiendo en las redes sociales que Corralejo era el paraíso y aquí se podía hacer de todo sin controles ni vigilancia”, explica esta deportista enfadada.

“Yo soy deportista profesional y entrenadora y me gusta trabajar con dos o tres alumnos, con una atención personal, y veo la chulería de monitores extranjeros. He sido testigo del trato irresponsable y chulesco a aficionados y usuarios de las playas”, desvela la entrenadora. También se ha sentido frustrada al comprobar que cualquier ciudadano extranjero que viene a la Isla puede trabajar a su antojo, sin licencias, con mucha arrogancia y poniendo en peligro a los turistas, por su desconocimiento de los espacios naturales, de las corrientes y del litoral”, resume esta deportista que en la Playa del Burro de Corralejo ha sacado a bañistas en peligro ante la mirada impasible de otros monitores de surf.

“En las playas del municipio ha habido mucho descontrol y me he quejado ante las autoridades de la indiferencia y el caos de la actividad, ya que las escuelas de surf tienen que contar con monitores titulados, tramitar sus licencias y pagar sus impuestos. Además para recibir la autorización se tenía que haber exigido a las escuelas la titulación profesional y se hubiera evitado esta masificación del surf y esta negativa imagen difundida sobre este sector”, comenta Marina Taylor Valenzuela, natural de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva prácticamente toda su vida surfeando y compitiendo.

A los 14 años ganó su primer título a nivel europeo, que revalidó durante 6 veces consecutivas. En 2006 salió a hombros de Pipeline directa al podium mundial; primera del mundo. Por el camino había dejado todo un rastro de títulos locales, nacionales, europeos. Toda esa experiencia que le ha dado la competición la convierten en una perfecta entrenadora. Una muestra de ello es que muchos de sus alumnos son personas famosas que visitan Canarias y quieren entrar en contacto con este deporte.

Por un entorno sostenible y de calidad

Marina Taylor: “En las playas del municipio ha habido mucho descontrol y me he quejado ante las autoridades de la indiferencia y el caos de la actividad”

Por otro lado, Mariona Masdemont, responsable en la Isla de la empresa social Play&Train, especializada en surf adaptado, piensa que es importante que haya un control de calidad de los servicios que se ofrecen. “Si defendemos tener un entorno sostenible, y respetuoso con la naturaleza y las personas hay que posicionarse como producto de calidad, y que se realice con la máxima seguridad y las condiciones más adecuadas”, afirma Mariona que juega con ventaja en el sector porque su empresa no se persigue la rentabilidad económica sino el bienestar social de las personas con discapacidad.

En un sondeo realizado entre las escuelas de surf consolidadas la mayoría se muestra conforme con la regulación de la actividad, porque la costa se había convertido en una jungla, “y ninguna institución ni autoridades locales e insulares habían afrontado esta problemática con una normativa rigurosa”, responden.

Para explicar el proceso a seguir y escuchar las propuestas de los interesados, empresas del sector y escuelas de surf, el gobierno municipal convocó en enero una reunión abierta al público que contó con una notable asistencia.

Un servicio turístico muy relevante

El alcalde, Isaí Blanco, anuncia que el objetivo “es tramitar esta regulación contando con la opinión de las empresas y de la población”. “Somos conscientes de la necesidad que tiene el municipio de ordenar la actividad de las escuelas, porque hablamos de un servicio turístico cada vez más importante” reconoce.

Pero no es menos importante, añade, que estas autorizaciones tengan muy en cuenta el modo de vida de nuestra población, ya que “todos tenemos derecho a disfrutar del mar, el viento y las olas”, expuso. Además, dijo que “sobre un tema tan delicado, debemos tener mucho cuidado, hacer un proceso transparente y contar con la opinión de todo el sector para conseguir una normativa consensuada y eficaz”.

Con el objetivo de retomar esta regulación, el actual gobierno en el Ayuntamiento de La Oliva ha trabajado en los últimos meses en los dos documentos necesarios, un Proyecto Ambiental elaborado desde una consultora ambiental independiente, y los pliegos técnicos y administrativos encargados a la Federación Canaria de Surf. Estos dos documentos, en fase de borrador, fueron los que se presentaron ayer para recabar las aportaciones del sector y de los particulares.