Hay asignaturas pendientes que se atraviesan y parece que no hay manera de superarlas. Es lo que le está sucediendo al Gobierno central en Puerto del Rosario con un equipamiento relevante para la seguridad: el nuevo cuartel de la Guardia Civil en la capital. En este caso se anunció una solución, se prometió una inversión millonaria y se llegó a sugerir un plazo de ejecución, pero no se ha convertido en realidad.

En 2018 se alertó de que las instalaciones de la Guardia Civil en Puerto del Rosario tenían la también denominada “fiebre del hormigón”, que se manifiesta en que pierde sus propiedades, lo hace menos resistente y, a la larga, se pone en peligro la estabilidad del edificio. El problema se llegó a debatir, mediante una iniciativa del PP, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y la construcción de un nuevo cuartel ha ocupado espacio en los programas electorales cada vez que llegan unas elecciones generales, como sucedió el año pasado.

En marzo de 2021 parecía que la solución estaba cerca: el Cabildo de Fuerteventura acordó permutar una parcela de 10.450 metros cuadrados en la zona conocida como Rosa de Don Victoriano a cambio de quedarse con los terrenos que ocupa en la actualidad el cuartel, unos 3.700 metros cuadrados entre las calles San Roque e Indalecio Prieto, junto a la Plaza de La Paz.

Cuando el Consejo de Gobierno de la Corporación insular dio su visto bueno al canje, se anunció junto a una inversión de más de 12 millones de euros en el nuevo cuartel. El futuro cuartel albergaría las dependencias del Puesto de la Guardia Civil, Policía Judicial, Intervención de Armas, Seprona, Patrulla Fiscal y de Fronteras, Servicio Cinológico, Grupo de Intervención Rápido, el de Violencia de Genérico, Tráfico y otros servicios. Tres años después, no se ha levantado un bloque.

El Gobierno culpa al Cabildo de Fuerteventura de no responder un requerimiento efectuado desde 2022

En una reciente respuesta oficial en el Senado, a pregunta de la senadora María Australia Navarro, el Gobierno central señala que la construcción del nuevo cuartel de la Benemérita en la capital majorera “estaba incluida, inicialmente, en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado” de 2019 a 2025.

Acto seguido, el Ejecutivo relativiza esa previsión al añadir que esa planificación son un conjunto de “actuaciones vivas”, es decir, que están sometidas, entre otros aspectos, “a la subida de precios derivada de la situación geopolítica”. Así, añade que esa “subida de costes” se ha incrementado “de forma considerable, lo que afecta de forma directa a las obras previstas” en el citado Plan, “que ha sufrido modificaciones”, aunque no las detalla.

Parcela segregada por el Cabildo en la Rosa de Don Victoriano.

Se tasaron ambos terrenos a permutar en unos 3,2 millones, pero Patrimonio del Estado “informó desfavorablemente”

No obstante, el meollo del atasco se localiza en la fórmula para obtener el suelo. La Dirección General de Patrimonio del Estado “informó desfavorablemente la operación planteada al considerar que la tasación de la parcela del Cabildo era inferior a la del inmueble estatal”. Para el intento de permuta se tuvo en cuenta una valoración urbanística remitida a la Corporación insular que tasaba la actual finca del cuartel en 3,2 millones de euros.

Sobre el céntrico solar, en las inmediaciones del edificio de los Juzgados de la calle Secundino Alonso, hay cuatro edificaciones que suman 1.558 metros cuadrados construidos. En las mismas hay habilitados 16 pabellones, cada uno con tres dormitorios, salón, baño y cocina, además de espacio para dependencias oficiales. La tasación de la parcela ofrecida por el Cabildo era prácticamente idéntica a la de la Casa Cuartel, con una diferencia de apenas 7.155 euros a favor de la institución insular. Sin embargo, el Estado no aceptó al final las cifras de la operación.

Sin contestación

Aunque hasta ahora los detalles del escollo burocrático no eran de dominio público, en abril de 2022 desde el Ministerio del Interior se envió el informe negativo al Cabildo majorero, en aquel momento bajo la presidencia de Sergio Lloret. Este pasado mes de mayo, el Gobierno central aseguraba: “Hasta la fecha no se ha recibido contestación al mismo ni se ha presentado tasación conforme a lo requerido por la Dirección General del Patrimonio del Estado, ni por el Cabildo se ha planteado alternativa, tan solo el ofrecimiento del mismo terreno”.

Desde hace seis años se alertó de que las instalaciones de la Benemérita tienen la denominada “fiebre del hormigón”

No obstante, el Ejecutivo central se ha mostrado en la Cámara Alta optimista a un desenlace favorable: “Se confía en que los problemas con que se ha encontrado esta actuación [del nuevo cuartel de la Guardia Civil] se solucionen en un plazo breve y la misma pueda incorporarse a alguno de los nuevos planes de construcción de infraestructuras que se están desarrollando en la Secretaría de Estado de Seguridad”.

El Gobierno central deja abierta la puerta al “interés del Cabildo Insular de permutar los terrenos que ocupan actualmente las instalaciones” del Instituto Armado, pero no desvela la forma en la que sortear las objeciones que ha recibido la operación. Y también desvela que la Dirección General de la Guardia Civil está estudiando el ofrecimiento del Ayuntamiento de Antigua sobre la construcción de un acuartelamiento en dicho municipio.