La Fiscalía solicita siete años y tres meses de prisión para Blas Acosta, nuevo viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, según anunció el lunes el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres (PSOE).

A la acusación de tres años de prisión contra Acosta en el caso de La Pared, se suma la formulada en el caso Gesturpa, que alcanza los cuatro años y tres meses de cárcel.

En el caso La Pared, el Ministerio Fiscal pide para Acosta, y para el resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara en enero de 2010, una condena de tres años de prisión y nueve años de inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo o cargo público por un delito de prevaricación urbanística.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se resalta que los seis acusados, entre los que también se encuentra Rosa Bella Cabrera, diputada del PSOE en el Parlamento de Canarias, "a sabiendas de que no se habían cumplido las condiciones" de una licencia de obras en la urbanización de La Pared, otorgaron la licencia de ocupación.

Blas Acosta, en aquel momento, era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara. La Junta de Gobierno de la que formaba parte concedió el 25 de enero de 2010 una licencia de ocupación "en contra de lo informado por los técnicos municipales y desoyendo la motivación y razones expuestas por el servicio jurídico de la Corporación".

Además, señala la fiscal Clara Serrano en su escrito de acusación, la Junta de Gobierno de Pájara se apartó "de su propio criterio anterior, sin justificación alguna para ello, permitiendo una utilización de edificio absolutamente prohibida por la ley".

Asimismo, la Fiscalía resalta que los acusados incurrieron en "dejación de las funciones de control" que como representantes del Ayuntamiento les atribuye la ley para vigilar que se los promotores cumplan con las obligaciones en el proceso urbanizador.

El Ministerio Fiscal recuerda que "las obras de urbanización del sector PERI-2 de La Pared no estaban concluidas y, en particular, no existía sistema de depuración de aguas residuales" en la zona, "faltaba pavimentación del acceso rodado y alumbrado público", así como el "acondicionamiento de la zona verde".

En el caso La Pared, el Ministerio Fiscal ha pedido la apertura de juicio oral y que Blas Acosta entregue una fianza de 70.000 euros

La licencia de ocupación que centra la causa penal se entregó por la Junta de Gobierno presidida por el entonces alcalde, Rafael Perdomo, con el informe desfavorable del arquitecto municipal, que resaltó la imposibilidad de concederla porque las obras de urbanización no estaban terminadas y además se había alterado "la delimitación de la parcela". El informe jurídico también era desfavorable.

La Fiscalía insiste en que la propia Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara había denegado, en noviembre de 2008, la concesión de la licencia de ocupación. Sin que cambiasen las circunstancias, se concedió en enero de 2010. En la Junta de Gobierno de 2008 también estaba Blas Acosta.

El Ministerio Fiscal ha solicitado en el caso La Pared la apertura de juicio oral y que se abra una pieza de responsabilidad civil. A Blas Acosta le solicita una fianza de 70.000 euros, el mismo importe que fija para la actual diputada Rosa Bella Cabrera.

Gesturpa: "Grave perjuicio" en Pájara

En el caso Gesturpa, la Fiscalía acusa a Acosta de los delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador único.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que Blas Acosta, en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.

En concreto, destaca la Fiscalía, “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”.

Esas irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”. El Ministerio Fiscal subraya que esas deficiencias impedían “sistemáticamente” que las cuentas “reflejasen la imagen fiel” de la empresa pública.

El fiscal Tomás Fernández de Páiz, especializado en delitos económicos, detalla que el 27 de marzo de 2012, la empresa administrada por Blas Acosta concertó un préstamos con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica”.

Ese préstamo, agrega el fiscal, se concedió para el pago de deudas “que no figuraban en la contabilidad” de Gesturpa, una empresa municipal que se concibió originalmente para la construcción de viviendas de promoción pública en el municipio de Pájara.

Otro de los presuntos hechos delictivos que la Fiscalía atribuye a Acosta consiste en el abono en el año 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero” al que “luego nunca le reclamó el pago”. También resalta que la factura se había generado seis años y que no estaba “contabilizada” por parte de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.

Según recalca la Fiscalía, Acosta “nunca propuso a la Junta General [de Gesturpa] el pertinente acuerdo de disolución de la sociedad a pesar de que los fondos propios de la entidad, consecuencia de su gestión y especialmente de los actos relatados anteriormente, disminuyeron progresiva e inexorablemente”.

Así, la empresa pública pasó de contar con 241.181 euros de fondos propios en el año 2011, una cantidad que ya era inferior al 15 por ciento del capital social, a arrastrar casi dos millones de euros en negativo cuando Acosta cesó en el cargo, en julio de 2015.

Esta situación, subraya el fiscal de delitos económicos, provocó “un evidente y grave perjuicio irreparable” tanto al socio, que era el Ayuntamiento de Pájara, como a los acreedores de la empresa pública.

La Fiscalía identifica dos presuntos delitos, atribuidos a Blas Acosta: uno de administración desleal, por el que pide una pena de un año y nueve meses de prisión, y otro de insolvencia punible, por el que solicita una condena de dos años y seis meses de cárcel.

Entre los dos delitos, el Ministerio Fiscal reclama una pena de cuatro años y tres meses de prisión para Acosta, el único acusado en el procedimiento judicial, así como la inhabilitación especial para cargo público durante el mismo periodo de tiempo.