Ángel Víctor Torres ha tenido que explicar este martes en el pleno del Parlamento de Canarias su decisión de colocar en el Gobierno a Blas Acosta, acusado por la Fiscalía en dos causas de corrupción en las que se pide para el nuevo viceconsejero de Economía condenas que suman siete años y tres meses de cárcel.

Torres ha defendido este martes "la presunción de inocencia" para el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, después de que la diputada Vidina Espino (Ciudadanos) calificase de "indecente e inaceptable" que use el Gobierno regional como agencia de colocación para un investigado por la Justicia.

La decisión del presidente canario de designar a Acosta como viceconsejero de Economía salió a relucir este martes en el Parlamento de Canarias cuando Torres respondía a una pregunta de la diputada del grupo Mixto respecto a la sentencia del TSJC que anula la OPE de Sanidad de 2018.

Vidina Espino pidió al presidente que busque una solución para las personas afectadas por la anulación de la OPE porque, añadió, cuando quiere Torres encuentra soluciones "como hemos visto con el problema interno en su organización política, y cómo le ha dado estabilidad laboral" a Acosta, que está investigado por la justicia.

"¡Qué suerte tener a mano el carnet del PSOE para que le den a uno un puesto en el Gobierno de Canarias!", proclamó Espino, quien reprochó a Torres que mientras tanto hay miles de afectados por la OPE que han estado trabajando en larguísimas y duras jornadas de trabajo en la sanidad, renunciando a su tiempo en familia y de ocio y que ahora todo "se ha tirado por la borda".

Torres: 'No soy un juez'

Torres recordó que el Gobierno canario ha presentado un incidente de subsanación porque no comparte las tesis del juez, cree que "las cosas se hicieron correctamente" en la OPE y es optimista al respecto, pues se van a activar todos los mecanismos jurídicos, y estarán dispuestos a recurrir a la casación "para defender lo realizado".

Añadió que no tenía en la cabeza que Vidina Espino iba a cuestionar en su pregunta las decisiones del PSOE, lo que calificó "irse por peteneras", y aseguró: "soy el presidente de Canarias y no un juez, y sería bueno que todos creyéramos en la presunción de inocencia".

Blas Acosta está acusado formalmente por la Fiscalía en dos casos: Gesturpa, en el que se le solicita cuatro años y tres meses de prisión por presuntos delitos económicos en la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara, y La Pared, en el que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por prevaricación urbanística.