La Guardia Civil ha procedido a la detención de 22 personas por su participación en la venta de 253 toneladas de alimentos no aptos para consumo humano en la provincia de Las Palmas.

La investigación fue realizada en colaboración con los técnicos inspectores de Salud Pública, del Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio de la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria.

Los hechos se iniciaron en diciembre del año 2018 a raíz de una inspección que realizando los inspectores de Salud Pública a un establecimiento de Las Palmas de Gran Canaria dedicado a la venta al por mayor de alimentos frescos, refrigerados y congelados entre diferentes establecimientos de las islas, especialmente Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

Ante el volumen de mercancía que se almacenaba en las cámaras frigoríficas y la imposibilidad de verificar en ese momento si toda ella cumplía con los requisitos de seguridad alimentaria se procedió a la inmovilización de los productos y al precinto de la nave para evitar la comercialización de productos no aptos para el consumo humano.

Tras verificar toda la mercancía, comprobaron irregularidades tales como fecha de consumo preferente o de caducidad superada; sustitución de etiquetas originales por otras falsas con fechas actualizadas; carnes que, según la indicación de su etiquetado debía conservarse refrigerada, se encontraban congeladas y pasadas de fecha para su consumo.

También había piezas de carnes, las cuales venían de origen envasadas al vacío con etiqueta en su interior, que presentaban un corte en el envoltorio faltando su etiquetado original interno, siendo este sustituido por otra etiqueta falsa que se había adherido en el exterior del envase y ocultando el corte realizado, además de mucha mercancía de la que no era posible seguir su trazabilidad por carecer de documentación que justifique la procedencia legal.

Por el riesgo para la salud pública que estos hechos suponían se procedió a la inmovilización de toda la mercancía y al cese cautelar de la actividad, además de la incautación de etiquetas falsas con las marcas, logos y datos de las empresas elaboradoras.

Tras el análisis de la documentación intervenida se pudo localizar e inmovilizar 900.000 kilos de carne adquirida por otros dos distribuidores y varios restaurantes que aún no la habían puesto en el mercado y que no era apta para el consumo humano por estar considerados residuos de restos de animales.

Por estos hechos se ha procedido a la detención 22 personas responsables de ocho establecimientos que presuntamente conocían la caducidad de la mercancía y la adquirían a un precio inferior al establecido.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Las Palmas en colaboración con los Técnicos Inspectores de Salud Pública, TISP, del Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio de la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria.

La operación BIFE ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número uno de Las Palmas de Gran Canaria y los responsables de estos hechos son investigados por supuestos delitos continuados contra la salud pública, falsedad documental, estafa y contra la propiedad industrial.