-Uno de los asuntos más candentes en materia de medio ambiente es cómo se resuelve la gestión de Isla de Lobos. El Cabildo ha confirmado que desde mediados de enero se va a hacer cumplir la capacidad de carga establecida en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). ¿Cuál es la situación actual?

-El Plan Rector de Uso y Gestión está aprobado desde 2006 y ahí aparece la capacidad de carga de Lobos. Cuando se aprobó era una época de menor afluencia de visitantes que en la actualidad, el Cabildo hacía un cómputo anual y de esa forma no se superaban nunca las 200 personas de media por día al cabo del año. Es verdad que en los últimos tres años ha aumentado la llegada de visitantes, sobre todo en verano, con un poco de descontrol y con fallos en la seguridad en las zonas de baño. Cuando se aprobó el PRUG en vigor, la capacidad de carga se fijó teniendo en cuenta que había dos embarcaciones que hacían cuatro trayectos al día y que cada una transportaba a unas 25 personas. Así se estimó entonces pero no es real, porque no se estaban evaluando los valores ambientales de la Isla.

-¿Qué va a hacer el Cabildo ahora?

-Hemos decidido modificar la capacidad de carga, teniendo en cuenta las infraestructuras, las zonas de uso restringido y las de uso general. En 2016 se presentó el estudio para modificar el Plan Rector, que daba tres alternativas: quedarse como está, otra propuesta de capacidad de carga de 704 personas y otra de más de 1.000, con recomendaciones de mejorar los servicios. El estudio se inclina por la segunda opción, pero la que salga al final puede ser esa o no. Antes, la capacidad para modificar el Plan Rector era del Gobierno y ahora le corresponde al Cabildo.

-Y ahora que no es en el Gobierno sino en el Cabildo donde se tiene que resolver la modificación del Plan Rector de Lobos, ¿qué es lo que bloquea su tramitación?

-En principio no es que esté bloqueado. La legislación nos avala para hacer la modificación, pero antes tuvimos que crear el órgano ambiental del Cabildo, se corrigió el documento y se le ha enviado. Se acaba de admitir a trámite. Ahora saldrá a consulta de las distintas instituciones y se tiene que hacer una exposición pública. Todo esto lleva un tiempo. No quiero aventurarme a decir fechas, pero mínimo medio año.

“Con dos horarios, serán 400 personas al día las que podrán entrar en Lobos, pero no estarán nunca de forma simultánea. La afluencia se va a controlar con un sistema, ya explicado a las embarcaciones”

-El tráfico de embarcaciones no es el mismo que el de hace 12 años, cuando se aprobó el Plan Rector de Lobos. ¿Cómo se va a controlar que se cumple con la capacidad de carga? Ha trascendido que ha habido advertencias sobre el incumplimiento de la normativa...

-Es verdad que ha habido una serie de advertencias de que tenemos que aplicar la normativa y que no podemos esperar. Lo que hemos hecho es poner en marcha un sistema muy sencillo. La norma dice que puede haber 200 personas de forma simultánea. Hemos aplicado dos franjas horarias, un criterio para ganar capacidad. Esas franjas horarias van desde las 10.00 a las 14.00 horas y desde las 14.00 a las 18.00 horas. En cada una de esas franjas podrán ir 200 personas. Son 400 al día en total, pero no estarán nunca de forma simultánea. La afluencia se va a controlar con un sistema, que ya hemos explicado a las embarcaciones, que pueden aportar sugerencias.

-¿Cómo será ese sistema?

-El usuario tiene que adquirir una autorización del Cabildo con su nombre y DNI, de forma individual, que se va a facilitar a través de una página web específica. Primero se tiene que adquirir la autorización, por ahora se tendrá que hacer tres días antes de la visita, para no bloquear el sistema al principio. Con la autorización, el visitante va a la naviera o a la embarcación que considere para ir a Lobos. El Cabildo no puede regular las embarcaciones porque no tiene competencias para ello. Lo que sí haremos será poner personal en la Isla, con un sistema de control, validando que el visitante tiene la autorización y el ticket para ese día y esa franja horaria. También se puede ir con embarcación privada, es una decisión del usuario, no del Cabildo, pero la autorización hará falta en cualquier caso.

-¿Este sistema va a suponer un coste añadido para el visitante?

-Hemos encargado un estudio de tasas. Al principio no se va a cobrar, pero en un futuro sí se quiere hacer para compensar el gasto de gestión puro y duro que tiene el Cabildo, de vigilancia, limpieza o mantenimiento. El objetivo es llegar al verano con unas tasas aprobadas, en las que se diferencie a los residentes de quienes no lo son o con precios distintos para excursiones. No es una ecotasa, que respondería a un debate más profundo que no tenemos ahora mismo sobre la mesa.

“Se ha planteado declarar las edificaciones de Lobos como Bien de Interés Cultural o una figura similar, para protegerlas, pero tendría que ser Costas quien determine el uso que se les puede dar”

-¿Cuenta el Cabildo con el visto bueno de las navieras?

-Obviamente, las empresas que se dedican a esta actividad están enfadadas. Muchas prevén tener problemas económicos, porque se va a pasar de tener un volumen de visitantes no controlado a tener un control y una afluencia bastante a la baja. Lo que hemos intentado, aunque estén descontentos y bastante molestos con nosotros, es explicar que así está la normativa desde 2006 y avisarles con tiempo suficiente, para que sean conscientes de que esto va a venir y no tengan problemas mayores. No es que estén de acuerdo, pero viendo las circunstancias nos han aportado algunas sugerencias.

-¿Qué ocurrirá con las personas que sean propietarias de algún tipo de edificación en Lobos? ¿Entran dentro del cupo de visitantes? ¿Hay alguna solución para que puedan pernoctar, como han venido haciendo?

-Son situaciones completamente diferentes a las de los visitantes, pero es verdad que quienes tengan edificios en Lobos están afectados. El Plan Rector en vigor es bastante claro en ese sentido: no se puede pernoctar, eso es evidente. Como Cabildo no podemos establecer diferencias [a la hora de cumplir con la capacidad de carga] porque no lo contempla la normativa. Si no, lo haríamos, de eso no cabe duda. Independientemente de que se modifique el Plan Rector, como está tramitando el Cabildo, está la Ley de Costas, y toda la Isla hay que tener en cuenta que es dominio público marítimo terrestre.

“La actividad de los quads estaba causando un gran impacto y un daño ambiental evidente, porque no se sabía por dónde tenían que circular”

-Es decir, que aunque se tramite un nuevo Plan Rector de Lobos, ¿el Cabildo no puede establecer de forma unilateral que se pueda pernoctar en la Isla?

-En principio no, porque iríamos en contra de la Ley de Costas, que es bastante restrictiva. Hemos provocado una reunión entre todas las administraciones involucradas para enero, con la intención de aclarar las posibilidades que de forma excepcional contempla la ley y hasta dónde podemos llegar, y agarrarnos a ello. Se ha planteado declarar las edificaciones Bien de Interés Cultural (BIC) o una figura similar, para protegerlas, pero tendría que ser Costas quien determine que para mantener las edificaciones se les puede dar un determinado uso. Hay que luchar porque tienen unos valores y demostrar que su situación encaja en el marco legal, pero sin ir en contra de la normativa.

-El Cabildo ha tratado de ordenar actividades que generan un impacto en el territorio y el medio ambiente, mediante ordenanzas, como por ejemplo para regular la circulación de quads y reducirla a una decena de rutas. ¿En qué fase está esa normativa?

-Esa actividad estaba causando un gran impacto y un daño ambiental evidente, por el descontrol, porque no se sabía por dónde tenían que circular. La Ley del Suelo nos permitió aprobar una red de pistas y es por eso que el Cabildo interviene y saca esa ordenanza, que está aprobada inicialmente. Ha habido alegaciones y alguna de ellas plantea que se debería hacer un estudio ambiental de la normativa. El órgano ambiental del Cabildo ya ha informado que se puede sacar adelante la ordenanza y solo falta que vaya a pleno para aprobarse de forma definitiva y, a partir de ahí, ponerla en marcha.

-Las instituciones aprueban gran cantidad de normativa, como esa ordenanza de los quads, y luego está la fase más complicada, que es la de la aplicación. ¿Qué es lo que hace falta para garantizar que se cumple?

-En este periodo hemos ganado experiencia porque estamos aplicando algo parecido dentro del Parque Natural de Jandía. Es muy similar a lo que hemos sacado para toda la Isla, con horarios o número máximo de vehículos. El reparto de las rutas y sus franjas horarias se hará por sorteo si se presentan muchas empresas. Lo que está claro es que vamos a intentar que la normativa que se apruebe no muera. El control es complicado porque hay muchas pistas y franjas horarias, por lo que además de los agentes de Medio Ambiente se ha pedido colaboración a las policías locales y a la Guardia Civil. Porque si no, no llegamos.

-¿Cuenta Medio Ambiente con los recursos necesarios para la vigilancia?

-Tenemos ocho agentes de Medio Ambiente, que están para garantizar que se cumple con toda la normativa y que pueden sancionar si no se respeta. Se van a cubrir tres plazas más de agentes. También contamos con seis vigilantes en activo, que pueden informar. Seguro que nos quedamos cortos y hay que aumentar la plantilla, porque no solo vigilan los espacios naturales protegidos, sino el cumplimiento de la Ley de Pesca y actuamos también cuando hay infracciones en el dominio público. Es importante la coordinación con los ayuntamientos, porque son muy cercanos a los problemas y da sus frutos. Por ejemplo, en la vigilancia del marisqueo, como ha sucedido con la Policía Local de Pájara, donde la colaboración ha funcionado muy bien.

-Otra ordenanza insular, incluso de mayor calado, es la que pretende regular la implantación de instalaciones de energías renovables, ante la dispersión por toda la geografía majorera de proyectos. ¿Llega tarde?

-Las competencias para autorizar parques eólicos son del Gobierno de Canarias y si los declara de interés general da igual que el Cabildo diga que un proyecto determinado es incompatible con el tipo de suelo sobre el que se quiere instalar. Hay que dejar claro que defendemos las energías alternativas, que son una demanda y una reivindicación desde siempre. Pero ha habido mucho picoteo en el territorio al no tener un instrumento definitivo que ordene. Con la ordenanza se establecerá qué zonas no queremos que se modifiquen. Está claro que los espacios naturales protegidos quedan al margen, y deben excluirse también áreas de alto valor ambiental. Lo lógico es que esas instalaciones de energía estén en zonas cercanas a donde se consume y que no haya tanta dispersión. En los proyectos que ya tienen licencia no se va a poder intervenir, porque si no ya tendría un problema el Gobierno, pero para los restantes queremos que se tengan en cuenta los requisitos mínimos, que eviten que se invada territorio virgen o que se genere un fuerte impacto.