La llegada de dos pateras con 99 personas a bordo, entre ellas mujeres y niños, en apenas 24 horas a Fuerteventura, a mediados de noviembre, recordó a algunos la crisis de los cayucos y pateras de la primera década de este siglo. Pero ¿está preparada la Isla y cuenta con los recursos suficientes si se produce una nueva crisis migratoria?

El director insular de la Administración del Estado, Domingo Fuentes, explica que, en estos momentos, “se está estudiando la disponibilidad de recursos para atender, en el caso de que hubiera una crisis humanitaria”. El socialista lanza, en todo momento, un mensaje de tranquilidad y zanja la cuestión, asegurando que, “hasta ahora, como mucho, se puede hablar de un repunte”.

En 2018, 92 personas llegaron en patera a Fuerteventura. A punto de finalizar 2019, el número asciende a 254. Domingo Fuentes reconoce que estos meses “son muy propensos para que vengan embarcaciones porque el mar está muy tranquilo”.

Fuentes también plantea la sospecha de que algunos de los migrantes que han llegado en las últimas semanas están siendo remolcados. “Se está investigando la posibilidad de que las mafias se estén dedicando a remolcarlos hasta 15 o 20 millas de las islas y luego los abandonen a su suerte, con motorcillos casi de juguete”, apunta.

El motivo de por qué están llegando de nuevo embarcaciones a Canarias tiene una lógica, según Domingo Fuentes, y es que “los traficantes de seres humanos los llevan por donde hay un pasillo por el que puedan entrar”.

Cuenta cómo los países ribereños del Mediterráneo “han blindado un poco las fronteras y en el Estrecho se han tomado medidas de mucho control. Ahora, lo que está ocurriendo es que las mafias los están introduciendo por la vía del Atlántico hacia las Islas”.

La falta de recursos en Fuerteventura quedó retratada el pasado 26 de octubre. Ese día llegó a la Isla una patera con 28 migrantes. El cierre del CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, y la saturación del de Hoya Fría, en Tenerife, obligó a replantear la situación. Al final, fueron derivados a Misión Cristiana Moderna. La situación volvió a repetirse a mediados de noviembre.

El día 19 llegó una patera al muelle de Gran Tarajal con 57 personas, siete de ellas mujeres y tres menores. Un día después, una patrullera de Salvamento Marítimo remolcó una lancha neumática hasta el mismo muelle con 42 migrantes. En ella viajaban 23 varones, 14 mujeres y cinco niños, varios de ellos bebés. Los integrantes de las dos embarcaciones eran todos de origen subsahariano.

Tras su llegada, algunas mujeres fueron derivadas a los recursos que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) tiene en Gran Canaria. Cinco familias con niños fueron acogidas por Cruz Roja, en Fuerteventura.

Domingo Fuentes reconoce que “cuando vienen muy seguidas, como estas dos últimas, nos las vemos y deseamos”. Asegura que, en caso de que se produjera una crisis migratoria, “faltarían efectivos a todos los niveles”.

El director insular de la Administración del Estado pone como ejemplo la Guardia Civil, “sin efectivos suficientes” o la falta de espacio en la Policía Nacional, donde permanecen un plazo de 72 horas para su filiación.

El coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, señala que, ante una llegada de numerosas personas en muy poco tiempo, como se ha producido en los últimos días en Canarias, resulta “complicado dimensionar los recursos para dar una respuesta garantista”.

A su juicio, los motivos son dos: “no disponer de un plan lo suficientemente consistente para poder afrontar una realidad como la que estamos viviendo y, por otro, que todo lo que tiene que ver con la estructura de coordinación entre instituciones y entidades sociales necesita ser más clarificada”.

En este sentido, Lorenzo echa de menos un plan con una potencial puesta en marcha de recursos alojativos. Además, cree que hace falta mejorar los mecanismos de coordinación entre instituciones, entidades sociales y entes intervinientes.

Para este experto en migraciones, “una mejor visualización de qué tipo de recursos de acogida se pueden tener y una mejor coordinación podrían hacer que pudiéramos gestionar, de una manera más racional y mucho más operativa y eficiente, la realidad migratoria que tiene Canarias”.

CEAR tuvo durante años una oficina en Fuerteventura desde donde prestaba atención jurídica, orientación laboral y de mediación social e intercultural. Su coordinador en Canarias explica que el hecho de no seguir en Fuerteventura tuvo que ver con “no tener capacidad operativa y financiera para poder sostener el proyecto”.

Ahora mismo, está en una fase de planificación para el regreso en enero de 2020, con el objetivo de dar asesoramiento jurídico a solicitantes de protección internacional en la Isla. Entre las personas que están llegando a Canarias, Juan Carlos Lorenzo reconoce que hay “perfiles más vulnerables”. Se refiere a mujeres embarazadas o con hijos a su cargo, “con los que hay que tener un especial cuidado”.

CEAR está asumiendo la acogida humanitaria de ese tipo de perfiles en las 38 plazas que tiene. En estos momentos, están todas habitadas. En cuanto a la falta de recursos de acogida en Fuerteventura, Lorenzo cree que, tanto en esta isla como Lanzarote, se debería disponer de ciertos recursos de acogida de atención humanitaria porque “el perfil de personas que llegan necesitan ser acogidas y cubiertas sus necesidades más básicas. Por lo menos debería existir como un recurso inicial, una primera acogida de emergencia”.

“Luego podríamos hablar de si deben ser derivados a otro tipo de recursos más estables en otras islas o territorio si su estancia tuviera cierta estabilidad en el tiempo”, comenta, aunque la solución, insiste, no es un CIE.

Desde CEAR promueven y defienden su desmantelamiento porque son espacios que no responden a la finalidad con la que fueron creados, que es “la de garantizar la devolución de las personas que entran de manera irregular en territorio español”.

Además, recuerda que “la estancia en el CIE es provisional en el tiempo. Muchas de las personas que están llegando por vía marítima se convierten en inexpulsables porque con sus países de origen no existe convenio de readmisión”.

El director insular de la Administración del Estado, Domingo Fuentes, aclara, al respecto, que “en principio el Gobierno no se plantea reabrir el CIE de El Matorral porque no reúne las condiciones”.

¿Por qué llegan? Los flujos migratorios vienen caracterizados en esencia por cuestiones de desigualdad y vulneración de derechos y eso, explica el coordinador de CEAR, “se produce en el continente africano que es desde donde llegan por vía marítima a Canarias”.

Sus habitantes están expuestos al empobrecimiento y falta de horizonte vital, situaciones de persecución por episodios o realidades de violencia, conflictos bélicos o por otro tipo de motivos que están en el marco de la Ley de Asilo.

El incremento de pateras en el último mes a las costas canarias tiene, para algunos, la respuesta en las buenas condiciones del mar que reactivan el negocio de las mafias. Lorenzo reconoce que las condiciones meteorológicas “pueden favorecer que las personas puedan salir”, pero “sin olvidar que hablamos de personas forzadas”.

Sin embargo, “la principal razón no la podemos simplificar a que las condiciones del mar son favorables para la travesía. Eso es un añadido, pero la realidad está en las situaciones de desigualdad y vulneración de derechos en sus países de origen”, dice.

“Las instituciones y gobiernos estatales creen que las personas van a dejar de venir, pero quienes trabajamos en este ámbito sabemos que, mientras no cambien las situaciones en origen, en los países de donde están saliendo, las personas no van a dejar de venir nunca”, asegura la técnica en migraciones del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM), María Greco.

CEAR tuvo durante años una oficina en la Isla que se cerró por no tener capacidad operativa. Actualmente, se prevé su regreso en enero de 2020, para volver a dar asesoramiento

Esta especialista en migraciones insiste en que “Fuerteventura es frontera, paso de entrada y llegada de todas las migraciones irregulares” y “todas las personas que trabajamos en el ámbito migratorio sabemos que puede haber picos y descensos, pero no va a dejar de ocurrir”.

Ante eso, Greco cree que la responsabilidad de los gobiernos es estar preparados. En este sentido, aboga por que “el gobierno de la Isla y el autonómico estén siempre preparados” y que tengan “muy claro que esta situación no va a cambiar”.

María Greco lleva años trabajando con los migrantes que llegan a Fuerteventura por mar o en avión. Conocedora de la realidad migratoria y de las situaciones que obligan a estas personas a abandonar sus hogares, critica que “no haya políticas valientes que apuesten por los derechos humanos como una forma valida de gestionar las migraciones y la atención a las personas vulnerables”.

Greco echa en falta una política “seria” respecto a la inmigración, refugio, asilo y protección internacional y recuerda que ha habido cinco reformas de la Ley de Extranjería y una Ley de Asilo y Protección Internacional de 2009 que, diez años después, carece de un reglamento de aplicación. “Eso es una dejadez y no tener unas previsiones ni una política determinada con respecto al ámbito migratorio”, sostiene.

Menores extranjeros

A bordo de las pateras que llegan al Archipiélago en los últimos tiempos suelen viajar menores no acompañados. Su tutela recae en el Gobierno autonómico y su guarda en los cabildos. El Cabildo de Fuerteventura se ha visto con más menores de los que le corresponden en los protocolos de reparto. En la distribución, a Fuerteventura le pertenecen 36. En estos momentos, los centros de la Isla tienen a 73 menores extranjeros no acompañados a su cargo.

El consejero de Políticas Sociales del Cabildo, Víctor Alonso, reconoce que el Cabildo “no puede soportar más. Estamos intentando ser solidarios porque Lanzarote y otras islas también están al doble de su capacidad”.

A los cinco centros de atención a menores que tenía el Cabildo se ha sumado uno nuevo con 28 plazas, que podría llegar a ser, en caso de necesidad, hasta de 35. Aun así, Alonso manifiesta la necesidad de plantear a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias un Plan Estratégico Integral que contemple no solo la parte alojativa.

En este sentido, el consejero cree necesario un protocolo que sea más operativo y explica cómo se alargan los tiempos desde que los menores llegan al centro de acogida hasta que se tienen los resultados de las pruebas óseas que verifican si son mayores o menores de edad.

Alonso también aboga por un nuevo protocolo que estudie cómo debe ser el reparto de estos menores entre los cabildos. Además, “estamos planteando que se abra un Centro de Atención de Inmigrantes (CAI) para menores extranjeros en la Isla”, señala.