El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha defendido este viernes los acuerdos extrajudiciales alcanzados con promotores turísticos y ha afirmado que, de no haberse llegado a ellos, la comunidad autónoma podría haber tenido que indemnizar con 980 millones de euros por la conocida como Moratoria de Berriel.

En respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Esther González, Miranda ha defendido que el acuerdo ofrece una solución a un problema que se arrastraba desde hace años y que evita trasladar la incertidumbre jurídica a futuros gobiernos autonómicos.

González ha recordado que, en una intervención anterior, el consejero cifró en 652 millones de euros las cantidades reclamadas judicialmente por los propietarios y en 316 millones el importe de los acuerdos extrajudiciales.

La diputada ha calificado este último desembolso como la mayor indemnización asumida por el Gobierno de Canarias, al tiempo que ha reclamado la documentación íntegra de los 36 expedientes de reconocimiento extrajudicial que, según ha explicado, su grupo solicitó por escrito.

Ha señalado que recibió 31 acuerdos y que faltaban otros cinco, por lo que ha preguntado por qué no se habían remitido, quiénes eran sus beneficiarios y a cuánto ascendían las indemnizaciones correspondientes.

También ha preguntado cuál es el importe efectivamente abonado de los 316 millones pactados, incluidos los intereses, y por qué el Gobierno descartó las valoraciones elaboradas en 2020 por el servicio de valoraciones de la consejería, que, según ha afirmado, planteaban indemnizaciones inferiores a las recogidas en los acuerdos.

Como ejemplo, González ha citado una parcela cuyo propietario reclamó 10,3 millones de euros y para la que se acordaron 5,2 millones, frente a una valoración de 1,4 millones realizada por los técnicos de la consejería.

La diputada ha calculado que, si se extrapolaran diferencias similares al conjunto de los expedientes, el desembolso adicional podría situarse entre 108 y 136,8 millones de euros.

Miranda defiende que negociar fue la opción "menos lesiva para el Gobierno de Canarias"

Miranda ha respondido que mantiene su compromiso con la transparencia y que preguntaría por los cinco expedientes pendientes para hacer llegar la documentación.

Ha reconocido que algunos de esos expedientes todavía estaban pendientes de cerrar y que, según la información de la que disponía, no tenían fijada una cantidad o un acuerdo extrajudicial.

El consejero ha explicado que el Gobierno tenía dos opciones: "aferrarse a los informes técnicos que tenía el gobierno o sentarse a negociar", y que optó por la segunda porque, a su juicio, no estaban suficientemente claros los criterios de indemnización.

Ha argumentado que, si no se alcanzaba un acuerdo, las partes afectadas podían acudir a los tribunales y el procedimiento podía prolongarse entre cinco y diez años, mientras seguían acumulándose intereses de demora.

Según Miranda, existía el riesgo de que la comunidad autónoma tuviera que afrontar en el futuro cantidades superiores a las pactadas.

El consejero ha añadido que los acuerdos contaron con los informes pertinentes de los técnicos del Gobierno, que dieron su visto bueno a la transacción planteada ante los tribunales, y con el aval de los órganos judiciales.

Por ello, ha sostenido que el Ejecutivo actuó de la forma "menos lesiva para el Gobierno de Canarias".

González reclama cinco expedientes pendientes y explicaciones sobre las valoraciones técnicas

González ha cuestionado esta explicación y ha recordado que, según ha afirmado, las demandas anteriores relacionadas con este asunto terminaron con cero euros de indemnización tras los pronunciamientos del Tribunal Supremo.

También ha reclamado que se justifique que los acuerdos responden al interés general.

Por su parte, Miranda ha reiterado que considera que se trata de "un buen acuerdo" y que permite cerrar un problema que, según ha indicado, se remonta a la aplicación del artículo 17.1 de la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial, bajo la presidencia de Paulino Rivero, con Domingo Berriel como consejero de Política Territorial.

El actual titular de la cartera de Política Territorial ha recordado que la sentencia sobre dicho artículo se produjo en 2017 y ha reprochado a los anteriores gobiernos que no resolvieran el asunto durante los años posteriores.

Ha concluido que el acuerdo permite dejar resuelto el problema y evitar que la incertidumbre jurídica y económica recaiga sobre los próximos ejecutivos autonómicos.