Existe una Fuerteventura donde muchos se despiertan cada día con la única misión de encontrar vivienda y luego hay otra Fuerteventura con viviendas vacías en los núcleos turísticos, edificaciones a mitad de construir a la entrada de las rotondas que dan acceso a los municipios o dispersas por todo el territorio insular. 

Un inventario del Cabildo majorero, con datos aportados por los seis ayuntamientos, cifra en alrededor de una treintena el número de “cascarones”, edificaciones vacías o a medio construir, dispersas por todo el territorio y a las que ahora la institución insular espera poder dar una segunda oportunidad.

Cuando la nacionalista Lola García llegó a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, a mediados de 2023, trazó como principales problemas a los que dar respuesta el tema del agua, ante los continuos cortes de suministro, y la vivienda, en una isla donde los precios se han disparado. La primera vez que García se convirtió en presidenta, tras las elecciones de 2019, el metro cuadrado en venta en La Oliva estaba a 2.069 euros; hoy cotiza a 3.531 euros. En el propio municipio de Puerto del Rosario, más asequible, ha pasado en este tiempo de 1.254 a 2.112 euros el metro, según el portal especializado Idealista.

Lola García asegura que en este mandato se trazó una estrategia de vivienda, dividida en tres líneas de trabajo, que encontró respaldo en el Decreto 1/2024, que modifica la Ley de Vivienda de Canarias, una legislación de emergencia habitacional que, entre otras medidas, faculta directamente a los cabildos para promover la construcción y gestión de vivienda protegida en las Islas.

Una de las líneas de esa estrategia persigue dar una segunda oportunidad a las construcciones que las crisis económicas dejaron sin terminar. En 2025, el Cabildo de Fuerteventura solicitó a todos los ayuntamientos informes detallados sobre la situación jurídica de estos inmuebles, con el fin de elaborar un diagnóstico.

Los informes ya han llegado al Cabildo y se ha podido hacer un inventario en el que se registran una treintena de edificaciones repartidas por todos los municipios. El número exacto de viviendas se desconoce porque aún hay estructuras sin dividir, pero la cifra podría ser de centenares.

En el caso de Betancuria, se localizan tres viviendas en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), en Valles de Santa Inés; cuatro edificios inacabados en el municipio de Antigua; en La Oliva ocho edificios, entre ellos el complejo en ruinas de Las Agujas, la estructura conocida como La Miranda, Santa Clara, la estructura cerca de la rotonda del Parque Holandés, y varias casas en el pueblo de La Oliva; siete en Puerto del Rosario, entre ellas varias viviendas en Rosa Vila y Alcaldes Mayores; cuatro en Tuineje y un edificio en Costa Calma, en el municipio de Pájara.

La estrategia intenta dar respuesta a la creciente demanda de soluciones habitacionales en la Isla y al compromiso con la protección del entorno. La intención, explica la presidenta del Cabildo, “es ver la situación jurídica en la que se encuentra cada uno de los edificios y ver la posibilidad de que se adquieran estas infraestructuras a las que se les puede dar vida y a la vez evitamos que se consuma suelo” construyendo nuevas viviendas.

Además, se busca acabar con la imagen de desolación que la crisis económica dejó como recuerdo de su paso: “cascarones” por todo el territorio, edificios a medio construir en suelo urbano y hoy en manos de bancos, empresas privadas o la Sareb.

Con toda esta información, el Cabildo espera poder sentarse con el Gobierno de Canarias y, una vez analizada la situación jurídica de cada construcción, la intención es que el Ejecutivo regional las pueda adquirir de la misma forma, aclara la presidenta majorera, “que se han comprado edificios en otras islas para hacer viviendas”. “Y si tenemos que poner financiación para rehabilitarlas y nos dejan usar remanentes no habría inconvenientes”, añade.

“Tenemos 150 millones de euros en los bancos de remanentes de los que podríamos poner 40 o 50 millones para rehabilitar estas viviendas”, una medida, insiste García, que “nos permitiría no consumir más suelo” con nuevas construcciones.

La estrategia de vivienda del Cabildo majorero contempla otras dos líneas de actuación centradas en la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de construcciones.

En el primero de los casos Fuerteventura incorporará a su parque de viviendas un total de 224 construcciones con una financiación total de 26.695.759 euros entre el Ministerio de Vivienda, Comunidad Autónoma y Cabildo.

“Podemos poner 50 millones para invertir en viviendas sin consumir suelo”

Su construcción, ya en marcha en algunos municipios, contempla 77 en La Oliva; 99 en Puerto del Rosario distribuidas entre calle Bernegal (28), calle Don Quijote (47) y Rosa Vila (24) y 48 en el pueblo de Pájara.

En estos momentos se actúa o está prevista la actuación de rehabilitación en un total 768 viviendas con una financiación de 19.024.177, 22 euros entre Ministerio, Comunidad Autónoma, Cabildo y ayuntamientos.

Las viviendas que se rehabilitarán en La Oliva son 507 distribuidas entre Casco Viejo Corralejo Fase I y II (262); Casco Viejo Corralejo Fase III (107) y El Cotillo (138); 181 en Puerto del Rosario que corresponden a la rehabilitación de las 90 y 91 viviendas; y 80 en el municipio de Tuineje.

La previsión es contar con un total de 992 viviendas, entre rehabilitadas y nueva construcción en los próximos años con una financiación total de 45.719,877 euros.

Lola García, en su despacho del Cabildo.

Plan de Vivienda

“La legislatura pasada no se sentó ni un bloque para vivienda en Fuerteventura”. Con estas palabras resume Lola García la ejecución del Plan de Vivienda 2020-2025 en Fuerteventura que contemplaba la construcción de 298 viviendas que jamás llegaron a ejecutarse. Para Lanzarote, el documento recogía 622. En Arrecife, se están construyendo 200 y se espera la construcción de otras 200.

García se muestra crítica con la política de vivienda del anterior ejecutivo, el conocido como Pacto de las Flores, que fue incapaz de construir nada de lo que el documento recogía para la Isla. “Las últimas viviendas que se construyeron en Fuerteventura fueron las 40 de Gran Tarajal durante 2011-2015”, recuerda.

“Tenemos que garantizar incentivos para que alquilen a larga duración”

Ahora, confía en que el Plan 2026-2030 sea capaz de dar respuesta a la demanda real de la Isla donde el número de demandantes de vivienda protegida era, a finales de 2025, de 1.126.

Toda la planificación que contemplan los ayuntamientos, insiste, “debe estar recogida en el Plan de Vivienda. Se debe construir con financiación y que sea real, no solo con datos. Los ayuntamientos están poniendo suelo en Fuerteventura, por lo tanto el Gobierno de Canarias debe contemplar esa medida”. “Y también queremos que las infraestructuras a medio construir puedan ser una opción”.

Más allá de la rehabilitación y construcción de nueva vivienda, la presidenta, Lola García, aboga por garantizar seguridad jurídica a los arrendadores. “Es importante una modificación de la ley estatal donde los propietarios de las casas tengan garantía de que pueden alquilar y de que no van a perder su vivienda”.

“Hay que regularizar los precios de la vivienda y garantizar las economías que tienen las familias a través de las viviendas y el miedo de que lleguen a finales de mes y no se les pague el alquiler. Tenemos que garantizar incentivos fiscales a los propietarios para que puedan alquilar a larga duración”, insiste.