Lahcen daba brazadas pensando que cuando llegara a la costa encontraría un trabajo que le permitiera dejar atrás la cadena de empleos precarios que había ido enlazando en Marruecos; nadaba creyendo que cuando estuviera en España ganaría lo suficiente para ayudar a sus padres y a su hermano, que sufre parálisis cerebral. Al llegar a la orilla, se tropezó con la clandestinidad; la invisibilidad y la frustración. La regularización extraordinaria que ha iniciado el Gobierno central supone, ahora, una bocanada de esperanza para cumplir el sueño que buscaba cuando se lanzó al mar.

El Gobierno español ha recibido a fecha del 21 de mayo, según datos de la Abogacía del Estado, 549.346 solicitudes de inmigrantes que quieren acogerse al proceso de regularización extraordinaria, una medida que se puso en marcha a mediados de abril y que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo. De esas solicitudes, se han admitido a trámite, de momento, 91.905.

Desde la aprobación del Real Decreto, partidos y asociaciones de ultraderecha han intentado frenar el proceso. El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria como habían solicitado la Comunidad de Madrid, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alega que la norma “afecta gravemente a los servicios públicos”, sin financiación o medios para auxiliar a las autonomías. Vox habla de colapso en los servicios públicos, más dificultades en el acceso a la vivienda y más inseguridad en las calles, mientras que la asociación de ultraderecha Hazte Oír asegura que el proceso constituye un fraude de ley.

Frente al ruido que recorre a una parte de España, hay otra que madruga para ir a trabajar a los invernaderos; que coge las primeras guaguas para llegar a tiempo de duchar y poner el desayuno a nuestros mayores; que soporta las altas temperaturas que registran los termómetros colgados de un andamio, en medio de un verano que se adelanta; o cambian las toallas y las sábanas cuando cerramos la puerta de la habitación del hotel.

Esa es la España que ahora espera acabar con la clandestinidad y comenzar una vida de derechos y oportunidades. Lahcen sueña con tener un salario que le permita mandar remesas a Marruecos para ayudar a su hermano con parálisis cerebral; la venezolana Gladys de 75 años, diez de ellos en situación irregular, acabar sus días en Fuerteventura respirando tranquilidad y la colombiana Nubiela anhela empezar a vivir sin miedo a que, en cualquier momento, le puedan pedir los papeles.

Lahcen tenía 22 años cuando el 14 de agosto de 2025 se lanzó al mar en la ciudad marroquí de Castillejos. Empezó a nadar sobre las ocho y media y tras cuatro horas dando brazadas pisó tierra firme en Ceuta. En mitad de la travesía se tropezó con un chico en un flotador que se dejaba arrastrar por la corriente con el mismo objetivo: alcanzar la prosperidad que le habían dicho que sobrevolaba España.

El joven nació en Agadir. Con siete años se mudó con su familia a Tantán. Allí estudió hasta que tuvo edad para dejar los libros y trabajar. Cogió la brocha cuando tuvo la oportunidad como ayudante de un pintor; sujetó la caña cuando se le presentó la posibilidad de ser pescador y agarró el flotador cuando lo llamaron para trabajar como socorrista. Sus conocimientos del mar le ayudarían tiempo después a recorrer a nado los alrededor de tres kilómetros que separan Castillejos de Ceuta.

“Vivir sin papeles es una situación muy complicada. Muchas puertas cerradas. No se puede tener trabajo de forma regular. Todo es esporádico. Te pagan en negro y eso hace difícil tener una estabilidad. Es ir sobreviviendo día a día, semana a semana”, dice.

“Estoy acostumbrado a trabajar”, no se cansa de decir y repite, de nuevo, “estar de manos cruzadas y que ningún trabajo te acepte es muy estresante”.  “No poder desarrollar ninguna actividad y no tener rutina es lo más complicado”, asegura.

Lahcen llegó desde Marruecos para trabajar y poder ayudar a su hermano enfermo

Cuando le llegó el rumor del proceso de regularización extraordinaria que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos se ilusionó. “Desde que empezaron a hablar de la regularización tenía el sueño de poderme acoger a ella”, asegura. Cuando vio que entraba en los plazos: haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y llevar más de cinco meses en España, se puso “muy contento”.

Ahora sueña con una resolución favorable, que le permita tener unos papeles que le abran las puertas a un contrato laboral  y le dé la tranquilidad de poder coger un avión para ir a visitar a su familia a Marruecos.  Con la regularización, las personas migrantes, insiste, “vamos a contribuir a ayudar al país y también a que se mejoren nuestras condiciones de vida”.

Mayra y Gladys.

Venezuela

Gladys Solórzano junto a su hija Mayra esperan su turno sentadas en uno de los muros de cemento que hay en el hall de la oficina de la Asociación Entre Mares. En unos minutos, las llamarán para tramitar el certificado de vulnerabilidad de Gladys, uno de los documentos que se piden para acceder a la regularización.

Las dos llegaron a Fuerteventura a finales de 2015. Tiempo atrás un hijo de Gladys se había venido desde Alemania con su familia a residir en la Isla. Gladys y Mayra vinieron desde Caracas por tres meses, pero al final decidieron arrancar una nueva vida aquí. La situación en Venezuela se había hecho insostenible: escaseaban los alimentos y los supermercados se llenaban de colas kilométricas en busca de productos de primera necesidad.

“La situación en aquel momento era complicada hasta para conseguir alimentos. Todo fue en aumento hasta ahora que aún con la detención de Nicolás Maduro nada ha cambiado”, cuenta Mayra. En Caracas trabajaba como abogada de la Corte Suprema, lo que le había creado enemistades y acusaciones de ser chavista, comunista...

Pensó acogerse al asilo, pero en la Policía le negaron la posibilidad de solicitarlo indicándole que mejor buscara alguien que la contratara para así regularizar su estancia en España. Para ello, necesitaba un contrato laboral que jamás llegó. Hace un tiempo se casó con un español, lo que le permitió presentar en diciembre los papeles para acogerse a la regularización.

Su madre, que en noviembre cumplirá 76 años, sigue sin papeles a la espera de que la regularización extraordinaria la saque del limbo de la clandestinidad. “Estos diez años han sido muy difíciles. Para cualquier cosa te piden el documento que acredite que estás regular en España”, asegura.

Hasta 2018 estuvo sin poder acceder a la consulta médica a pesar de sus problemas de corazón. Tenía miedo a acudir y que luego llegara a casa una factura a la que no poder hacer frente.

En 2012, el Gobierno, en aquel entonces en manos del Partido Popular, excluyó del sistema ordinario de salud a los inmigrantes sin documentos regularizados. Un decreto de julio de 2018, con Pedro Sánchez ya en el Gobierno, recuperó la sanidad universal. Desde entonces, Gladys ha podido acudir al médico sin temor.

Ella jamás pensó que pasarían diez años sin poder regularizar su situación en España. Presentaba los papeles, pero siempre se los echaban para atrás. Intentó acogerse al arraigo familiar aprovechando que su hijo y su nuera vivían en la Isla, pero no se pudo acreditar el salario.

Vive gracias a la ayuda de su hija. En España no puede cobrar su pensión ni tampoco la de viudedad que tramitó en Venezuela. 

Gladys, de 75, ha estado años sin ir al médico por miedo a que le pudieran cobrar

Ha intentado tres veces regularizar su situación. Confía en que la cuarta, la que llega a través de la regularización masiva, sea la definitiva. “Es muy bueno que el Gobierno haya dado la oportunidad a tantas personas que estamos en la misma situación”, celebra.

Viendo que pasaban los meses y luego los años sin poder salir de la irregularidad se planteó regresar a Venezuela, pero allá tampoco le queda familia que la pueda ayudar. “Ha habido momentos en los que he dicho para qué luchar. Me quedó así, irregular”, confiesa.

Ahora siente alegría y agradecimiento hacia el Gobierno. También hacia María Greco, la técnica del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante de Entre Mares que la está ayudando en el camino hacia la regularización. Sólo espera vivir tranquila, como una ciudadana regular. “Ese es el sueño de todo migrante”. La regularización le permitirá vivir el resto de su vejez tranquila. Ahora, tiene claro que quiere acabar sus días en Fuerteventura.

Nubiela.

Colombia

Nubiela Aguirre empezó sus días en el Valle del Cauca, en Colombia, hace 64 años. Llegó a Fuerteventura muchos años atrás; se enamoró de la Isla y prometió volver. En noviembre de 2023 regresó. Esta enfermera de profesión ha vivido en Venezuela y Chile antes de venir a España.

 “Migré a Chile hace unos seis años, pero allí la cosa empezó a ponerse difícil. Había inseguridad. La situación se estaba poniendo parecida a Colombia y Venezuela. Me vine a España buscando paz”, cuenta. Aquí ha hallado “la paz absoluta”.

En España encontró la paz, pero también un país que ha tratado a las personas migrantes en situación irregular como ciudadanos de segunda. Ha trabajado cuidando personas mayores en régimen de interna. “A veces, han sido hasta 18 horas de trabajo. La gente se aprovecha. Lo más que me han pagado son 1.000 euros, y eso no alcanza para mucho”, dice.

A veces, sigue contando, “nos tratan como si fuéramos un esclavo. Vivimos, pero no hemos tenido los derechos que debemos tener como humanos”, lamenta, mientras recuerda cómo, en una ocasión, la despidieron por pedir permiso para ir al médico. “Parece que nosotros no somos seres humanos ni tenemos derecho a enfermarnos”, lamenta.

“Es una incertidumbre vivir sin papeles”, insiste mientras celebra que haya salido adelante la que será la séptima regularización extraordinaria de personas migrantes en España. “La regularización nos da una esperanza de vida”, asegura. Sueña, confiesa, con “poder estar legalmente en el país sin tener miedo ni la incertidumbre de que en cualquier momento me puedan pedir los papeles”.

“A veces, nos tratan como si fuéramos esclavos”, lamenta Nubiela

El miedo a la deportación y la incertidumbre legal suelen derivar en episodios de estrés en las personas en situación irregular. Nubiela lo ha vivido en carnes propias. “Lo que ganamos no nos da para vivir dignamente. La impotencia de no poder trabajar por no poder tener papeles. Eso genera mucho estrés. Piensas que, si tal vez, tuviera los papeles no estaría haciendo esto”.

Mientras Vox despliega su consigna racista de “prioridad nacional” para acceder a ayudas sociales, vivienda y prestaciones en España, Nubiela recuerda que las personas migrantes  no vienen a “quitar las ayudas a la gente de aquí. Uno viene a luchar y no a depender del gobierno y de las ayudas”.

“Se discrimina al que viene y no se acuerdan que, tal vez. en años pasados también emigraban los españoles”, cuenta esta mujer, nieta de un vasco que durante la guerra emigró a Venezuela.

Lahcen, Gladys y Nubiela celebran la llegada de la regularización y acabar con la vida de pesares y clandestinidad. “La integración no se logra con discurso político, sino con decisiones que nos permitan poder integrarnos como seres humanos”, lanza al aire la colombiana.