Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) ha mostrado su respaldo a la empresa propietaria de la guardería de Costa Calma tras el comunicado emitido este martes contra las declaraciones realizadas por el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, sobre el origen y financiación del inmueble cuyo desahucio judicial del Ayuntamiento fue confirmado recientemente por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La formación considera "extremadamente grave" que desde la Alcaldía se atribuya al Ayuntamiento la construcción de una infraestructura que, según la documentación judicial y administrativa existente, fue promovida y financiada íntegramente con fondos privados.

AMF sostiene que el comunicado difundido por la propiedad "desmonta con datos y documentación" las afirmaciones realizadas por el alcalde durante una entrevista radiofónica en "Onda Fuerteventura", donde defendió la actuación municipal respecto a la guardería de Costa Calma.

La organización recuerda que la propia Audiencia Provincial confirmó recientemente el desahucio del Ayuntamiento al quedar acreditada la titularidad privada del inmueble.

División en el grupo de gobierno

AMF lamenta además la "evidente división" existente dentro del grupo de gobierno de Pájara tras conocerse que el primer teniente de alcalde se ha desmarcado públicamente de la decisión de recurrir al Tribunal Supremo la sentencia favorable a la propiedad.

Para la formación, esta contradicción refleja "la ausencia de una posición coherente y transparente" en un asunto que afecta tanto a la gestión municipal como a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

AMF considera igualmente relevante que el comunicado de la propiedad recuerde que el propio Ayuntamiento habría reconocido durante años la titularidad privada del inmueble, solicitando autorización para ejecutar obras de mejora en la guardería mientras utilizaba las instalaciones.

La formación subraya además que durante todos estos años se continuaron generando recibos del IBI contra la propiedad privada, al tiempo que el Ayuntamiento mantenía el uso del inmueble sin resolver definitivamente su situación jurídica.

Asimismo, AMF reclama al alcalde que explique públicamente cuánto dinero municipal se destinó realmente a la guardería de Costa Calma y qué costes puede terminar asumiendo el Ayuntamiento tras años de litigio judicial.

La organización sostiene que el conflicto debe abordarse "con rigor, transparencia y responsabilidad institucional", evitando trasladar a la ciudadanía versiones que puedan entrar en contradicción con la documentación existente y con las resoluciones judiciales ya conocidas. "Un alcalde tiene la obligación de trasladar información veraz y actuar con transparencia, especialmente cuando habla desde una institución pública sobre un procedimiento judicial de esta relevancia", recalcan.

Por último, AMF pone en valor que la propiedad haya manifestado públicamente que no solicitará el lanzamiento inmediato de la guardería mientras la sentencia no sea firme, al considerar que las familias y los menores "no son responsables de esta situación" e insta al Ayuntamiento a sentarse con la propiedad, llegar a un acuerdo y así evitar la incertidumbre de los vecinos.