Canarias se encuentra en un momento decisivo. La llegada de fondos europeos, especialmente los vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, suponía una oportunidad única para corregir déficits estructurales históricos del archipiélago. Sin embargo, en los últimos meses ha trascendido en distintos medios la preocupación por la pérdida o no ejecución de alrededor de 150 millones de euros en fondos europeos, una cifra que no puede interpretarse como un dato aislado, sino como un síntoma de un problema más profundo de gestión y planificación.

En una comunidad autónoma donde cada inversión tiene un impacto multiplicador por la insularidad, esta situación adquiere una gravedad especial.

La realidad social en Canarias, y de forma especialmente visible en islas como Fuerteventura, no está esperando a los ritmos administrativos.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales del archipiélago. El precio del alquiler ha subido de forma muy significativa en los últimos años, con incrementos que en determinadas zonas superan el 30% acumulado, mientras la oferta de vivienda pública sigue siendo insuficiente para responder a la demanda real.

Esta presión expulsa a jóvenes, trabajadores esenciales y familias con rentas medias del mercado residencial, generando un fenómeno creciente de desplazamiento interno entre islas o hacia zonas menos tensionadas.

A esto se suma el incremento del coste de la vida en energía, transporte y alimentación, que en Canarias suele situarse entre un 10% y un 20% por encima de la media nacional, debido a la dependencia logística y la fragmentación territorial.

En este contexto, los fondos europeos deberían estar actuando como una herramienta de corrección estructural. Canarias dispone de financiación específica para vivienda, transición energética, digitalización, movilidad sostenible y diversificación económica.

Sin embargo, el problema no es la falta de recursos, sino su ejecución. La advertencia sobre la posible pérdida o infrautilización de alrededor de 150 millones de euros refleja una debilidad que no puede normalizarse: la incapacidad de transformar planificación en proyectos ejecutados dentro de los plazos establecidos.

Cada euro no ejecutado en tiempo no es solo un saldo presupuestario: es empleo no generado, vivienda no construida y modernización que no llega.

Esta situación tiene responsables políticos claros en la estructura de decisión y gestión del Gobierno de Canarias.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tiene la responsabilidad de liderar la coordinación institucional y garantizar que la ejecución de los fondos estratégicos sea una prioridad real y no solo una declaración de intenciones. La capacidad de impulso político es determinante cuando se trata de movilizar recursos europeos en tiempo y forma.

De forma igualmente directa, la Consejería de Hacienda, dirigida por Matilde Asián, desempeña un papel clave en la planificación financiera, la supervisión del gasto y la agilidad de los procedimientos administrativos. Cuando existen retrasos en la ejecución o dificultades para absorber fondos disponibles, la gestión presupuestaria y la coordinación técnica forman parte esencial del problema.

No se trata únicamente de complejidad burocrática o de limitaciones externas. La responsabilidad de gobierno implica precisamente resolver esos obstáculos.

Las consecuencias de esta situación ya son visibles en la vida cotidiana de la ciudadanía canaria.

Cada retraso en vivienda pública agrava un problema que ya condiciona el acceso a la emancipación y aumenta la desigualdad social.

Cada demora en proyectos de transición energética mantiene una dependencia elevada de combustibles fósiles, a pesar del enorme potencial renovable del archipiélago.

Cada ralentización en la digitalización empresarial afecta directamente a miles de pequeñas y medianas empresas, especialmente en territorios como Fuerteventura, donde el tejido productivo depende de su capacidad de adaptación.

Y cada proyecto de diversificación económica que no se ejecuta refuerza un modelo excesivamente dependiente del turismo, aumentando la vulnerabilidad ante crisis externas.

El debate no puede seguir centrado únicamente en la disponibilidad de fondos, sino en la capacidad real de ejecución. La brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado se está convirtiendo en uno de los principales retos estructurales de Canarias.

No es una cuestión técnica menor: es una cuestión de modelo de desarrollo.

Canarias no puede permitirse perder oportunidades de inversión en un contexto de alta presión social, económica y demográfica. La ciudadanía no percibe los fondos europeos en los informes, sino en viviendas que no llegan, en proyectos que se retrasan y en oportunidades que se diluyen.

La cifra de 150 millones de euros en riesgo o no ejecutados debería ser un punto de inflexión, no un dato más en el debate político.

* Secretario de SOS Fuerteventura