“En menos de un mes nos cambió la vida. Nunca se nos pasó por la cabeza llegar a Fuerteventura huyendo de las amenazas y teniendo que empezar de cero. Siempre pensamos que lo haríamos como turistas. Es muy duro tener que vender el coche, las cosas del hogar y dejar atrás a nuestros hijos”, aseguran Carlos y Ana, dos colombianos que prefieren no decir su verdadero nombre por seguridad.

Llegaron a Fuerteventura hace dos años. Dos meses después, solicitaron asilo sabiendo que si regresaban a su país sus vidas corrían peligro. Su hijo mayor era militar en Colombia y formaba parte de las unidades encargadas de la lucha contra el narcotráfico. El día que los narcos se enteraron, comenzaron las amenazas. Al final, no les quedó otra que huir.

Durante unos meses, se agarraron a la idea de conseguir la protección internacional hasta que les fue denegada en marzo de este año. El nuevo reglamento de extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo, trae algunas ventajas como la de facilitar el arraigo con nuevas modalidades y simplificaciones.

La otra cara de la moneda es que el nuevo texto establece que el periodo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará como tiempo a tener en cuenta para optar al arraigo. Por tanto, si se deniega la solicitud de asilo tendrá que comenzar, de nuevo, el proceso para regularizar su situación a través de la figura del arraigo.

En esta situación están Ana y Carlos. Tomaron la decisión de abandonar su país en abril de 2023. Hasta entonces, llevaban una vida que califican de normal. Él se ganaba la vida como conductor después de años como militar y ella en una empresa de apuestas. Tienen dos hijos. El mayor, al que llamaremos Juan, decidió dedicarse a la vida militar.

Tras terminar los estudios, el joven inició una carrera militar a la que no tardaron en llegar los ascensos y de sumarse galones al uniforme. Fue subteniente, luego teniente y, finalmente, capitán del ejército colombiano. Su primer destino como capitán fue Putumayo, una zona limítrofe con Ecuador, considerada de alto riesgo por el narcotráfico. Él era el jefe de un equipo encargado de operaciones contra el tráfico de droga.

Recibían amenazas porque su hijo era militar y luchaba contra el narcotráfico

Mientras tanto, Ana y Carlos llevaban una vida con perfil bajo. La profesión de su hijo era un secreto que guardaban de puertas para dentro por cuestión de seguridad. “En Colombia ser policía o militar es muy delicado. En el país, se maneja mucha droga y si no te dejas sobornar empiezan las amenazas”, sostiene Carlos. Los vecinos desconocían que el joven trabajaba como militar. “Antes de llegar a casa, se quitaba el uniforme”, cuenta su padre.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), en su último informe Drogas 2025, destaca el papel de Colombia como el epicentro mundial de la producción de cocaína. Durante 2023, el país registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que equivale a dos tercios del total global, que fue de 376.000 hectáreas.

La Onudd, en una estimación anterior publicada en octubre de 2024, había reportado que Colombia produjo 2.600 toneladas de cocaína en 2023, lo que supuso un aumento del 53 por ciento frente al año anterior.

El siguiente destino del joven fue el puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia y uno de los grandes puntos del mapa del tráfico de cocaína del mundo. Durante uno de los operativos, detuvieron a unos extorsionadores. Eran guerrilleros. “Fue, entonces, cuando empezó a complicarse la situación”, explica Carlos.

El militar tuvo que ir a una audiencia. Allí se vio la cara con los familiares de los guerrilleros. “Ahí empezó a sentirse muy acosado. Comenzó a recibir amenazas. Le decían que tenía que retirarse y abandonar el puesto porque, de lo contrario, lo iban a matar a él y al resto”, cuenta su padre.

Los compañeros del departamento de Inteligencia le pusieron en alerta. Le avisaron de que estaba siendo seguido y le recomendaron que tuvieran cuidado él y su familia. También que intensificara la vigilancia cada vez que viajara y se cerciorara de que nadie lo siguiera cuando salía a la calle.

Un día Juan se sentó con sus padres y les contó lo que estaba sucediendo. Empezaron a preocuparse. Otro día llamaron a la puerta del domicilio. Abrió Carlos. Dos jóvenes traían un recado: “De parte de la Columna Teófilo Forero (unidad de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dígale a su hijo que deje el operativo porque, de no ser así, ya sabe lo que le espera”.

Cuatro días más tarde, volvieron a llamar a la puerta. Se asomaron a la ventana y no vieron nada. Cuando abrieron, se encontraron un sufragio. Una tarjeta donde se leía “Descanse en paz”. Cuando alguien fallece en Colombia, se envía este tipo de tarjetas a los familiares dándole las condolencias, pero también se usa como amenaza de muerte.

“Nos entró el pánico”, asegura el matrimonio. Telefonearon a su hijo. Él ya había decidido dejar el trabajo y viajar a Estados Unidos. Carlos y Ana lo comentaron con un familiar que vive en Fuerteventura y este los animó a venirse a la Isla.

Quince días más tarde, Ana y Carlos se subían a un avión rumbo a Fuerteventura. Su hijo hacía lo mismo, pero con destino a Estados Unidos, donde continúa a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo.

Ana y Carlos solicitaron asilo en las oficinas de la Policía Nacional de Fuerteventura dos meses después de llegar. Contaron su testimonio y mostraron las pruebas de que estaban siendo perseguidos. También una copia de la denuncia que su hijo había presentado en la Fiscalía de Colombia.

Mientras esperaban la resolución, les entregaron la tarjeta roja, un documento provisional que se otorga a los solicitantes de protección internacional mientras se tramita su solicitud con el que pueden residir legalmente en España y trabajar. Ana empezó como camarera de piso en un hotel y él como conductor.

El 20 de marzo de este año recibieron la notificación en la que se les informaba que su solicitud había sido denegada. Alegaban que el país latinoamericano es una zona de paz y sus vidas no corren peligro.

“Fue muy duro recibir la noticia”, asegura Ana disgustada. “Dicen que la situación actual de Colombia es de paz, pero, desafortunadamente, no es así. Ha habido bombas, ataques a militares y policías. La situación no está bien”, confiesa la mujer.

Solicitaron asilo tras llegar a la Isla y en marzo de este año se les denegó la petición

Y su esposo añade: “Dicen que el gobierno de Petro está negociando con los grupos armados y que nosotros podemos regresar a nuestro país, pero ellos no saben verdaderamente la situación que se vive en Colombia. La violencia allá ha existido desde hace más de 50 años y eso nunca va a cambiar”.

En 2016 el Gobierno de Juan Manuel Santos firmó los acuerdos de paz con las FARC. Sin embargo, apunta Ana, “las guerrillas siguen activas. No todas se entregaron. Han quedado otras partes bajo otros nombres y siguen operando”.

“En Colombia se vive con intriga e inseguridad. Sales a la calle con el miedo de que te roben el teléfono, el reloj o te maten. Matar en Colombia sale por unos 50.000 pesos, unos diez euros. Allí, la vida no vale nada”, asegura Carlos.

Después de que se les haya denegado la solicitud de asilo, han vuelto a la irregularidad. Viven en un cuarto en casa del familiar que los acogió en la Isla y sudan para llenar la nevera y llegar a fin de mes. No les ha quedado otra que acudir a la economía sumergida.

Cuando les denegaron la solicitud, cayeron en la irregularidad. “La parte económica se nos bloqueó. Ya no podíamos trabajar de forma legal y tuvimos que renunciar al trabajo que teníamos”, lamenta el hombre, mientras ella asegura que vivir en situación de irregularidad es duro. “Sin permiso de trabajo nadie quiere contratarte. Se cierran todas las puertas”.

La reforma del reglamento de extranjería ha sido otro jarro de agua fría para el matrimonio que no podrá contar para el arraigo con el tiempo que estuvieron esperando por la resolución del asilo. Ellos, al igual que miles de solicitantes de protección internacional en España, se han quedado en el limbo. “Es la sensación de empezar de cero, aunque no tenemos otra opción más que aguantar a la espera de una luz en el túnel”, afirma Ana.

Pero más duro es vivir sin saber cuándo volverán a ver a su hijo. Él, de momento no puede salir de Estados Unidos y ellos, en situación irregular, tampoco pueden coger un avión y salir de España.

Ahora se aferran a la idea de conseguir la residencia temporal a través del arraigo sociolaboral. Deberán demostrar que llevan dos años residiendo en España y un contrato laboral.

“Conseguir el arraigo sería volver a nacer, ver la luz, respirar de nuevo”, asegura el matrimonio.