El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas ha avalado, en primera instancia, el rechazo del Cabildo de Fuerteventura a declarar “de interés público y social” la megaplanta fotovoltaica que ocuparía más de 232.000 metros cuadrados, pegada al barrio capitalino de Majada Marcial.

El Cabildo majorero archivó la solicitud formulada por la empresa Energías Renovables Las Cabras, vinculada al grupo empresarial Enhol, de origen navarro, para instalar 25.452 módulos fotovoltaicos, con una potencia de 11,5 megavatios.

La Corporación insular considera que esta planta solar, que sería la de mayores dimensiones en la Isla, “afectaría al desarrollo urbano de la capital majorera y al bienestar de los vecinos y vecinas de esta zona del municipio de Puerto del Rosario”.

El Cabildo de Fuerteventura había archivado la declaración de interés público y social para este proyecto, un paso previo necesario a la licencia municipal, decisión que fue recurrida por la empresa.

Sin embargo, una reciente sentencia del Juzgado respalda la decisión tomada por la Corporación insular, si bien la decisión judicial no es firme y cabría recurso por parte de la empresa.

Se da la circunstancia de que este pasado mes de diciembre, el Consejo de Gobierno de Canarias determinó la “improcedencia” de que se ejecute el citado proyecto fotovoltaico con una argumentación similar a la del Cabildo majorero.

Cabe destacar que el anterior Ejecutivo, con el socialista José Antonio Valbuena al frente de la Consejería de Transición Ecológica, declaró, el 16 de junio de 2023, el interés general de las “obras necesarias” para ejecutar el parque solar, denominado Las Cabras.

Sin embargo, el Cabildo de Fuerteventura, gobernado por Coalición Canaria y Partido Socialista, en septiembre de 2023 emprendió acciones legales en contra de la declaración de interés general.

La clave de la sentencia radica en que, al instar la empresa dos vías para sacar adelante el proyecto -la declaración de interés público y social del Cabildo y la declaración de interés general del Gobierno- prevalece esta última, por lo que el Juzgado considera correcto el archivo por el Cabildo.

“Futuras necesidades” de la ciudad

La Dirección General de Ordenación del Territorio ha emitido un informe en el que destaca que los terrenos que ocuparía la planta fotovoltaica son suelo rústico común de reserva, y que por tanto opera “como reserva de suelo para futuras necesidades de desarrollo urbano”.

No obstante, el informe aclara que “el cambio efectivo a suelo urbanizable (ordenado o no ordenado) del suelo rústico común de reserva ha de llevarse a cabo a través de una modificación sustancial del respectivo Plan General de Ordenación”.

El proyecto, vinculado a un grupo empresarial navarro, ocuparía más de 232.000 metros cuadrados y constaría de 25.452 módulos fotovoltaicos para 11,5 megavatios de potencia

En concreto, los terrenos se encuentran entre la Circunvalación de Puerto del Rosario y el barrio de Majada Marcial, en una zona de expansión natural de la ciudad. Por ello, Ordenación del Territorio considera que “la ejecución de este proyecto afecta la posibilidad de desarrollo urbano de Puerto del Rosario”.

En la tramitación del proyecto se utilizó la vía excepcional de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, utilizada para imponer instalaciones eólicas y fotovoltaicas en Fuerteventura, pasando por encima del planeamiento urbanístico y territorial.

El informe de Ordenación del Territorio aclara que, “en caso de detectarse disconformidad con el planeamiento, inexistencia de este, o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, se elevará dicho proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución”.

Es decir, la última palabra la tiene el Consejo de Gobierno de Canarias, que en este caso concreto se ha inclinado por declarar que no procede ejecutar el proyecto fotovoltaico, por entender que debe prevalecer la “posibilidad” de que esos terrenos, en el futuro, se utilicen para la expansión urbana de Puerto del Rosario.