La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias acaba de reconocer un caso de grave negligencia médica ocurrido en Fuerteventura y ha zanjado el pleito con la familia del paciente presentando un acuerdo de pago de un millón de euros. El paciente llegó a Urgencias del Hospital General de Fuerteventura con una mandíbula rota pero, tal y como se destaca en el informe médico forense, “queda acreditado que se produjo un retraso, sin justificación”, en el traslado del afectado para ser operado. El hombre llegó a entrar en parada cardiorrespiratoria y sufrió un grave daño cerebral.

La propuesta de pago de la Consejería de Sanidad, validada este pasado mes de octubre por el Consejo Consultivo, pretende zanjar un pleito con la familia del afectado, que reclamaba más de cuatro millones de euros. Hace un año, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo reclamó el expediente a Sanidad, tras la demanda por no haber contestado la reclamación de responsabilidad patrimonial. Después de más de una década de acciones legales, tanto en la jurisdicción penal como en vía administrativa, la representante del paciente aceptó la propuesta de indemnización, después de que el Gobierno de Canarias reconociese la negligencia médica.

El caso ocurrió en agosto de 2013. El día 14 de ese mes, el paciente, un hombre de 44 años, con antecedentes por cardiopatía, por lo que tomaba medicación con anticoagulantes, sufre una agresión física en la que le rompen la mandíbula. Ingresa en el Hospital de Fuerteventura y se le diagnostica una fractura múltiple con tres focos sangrantes. Tenía que ser trasladado sí o sí al Hospital Insular de Gran Canaria para recibir una cirugía maxilofacial. Se plantea su traslado para dos días después, “por no disponer de avión el día 15 por ser festivo”. El paciente no para de sangrar, le baja la presión arterial por debajo de lo normal. Pasa la noche con un “cuadro de sudoración, náuseas y persistencia en la salida” de sangre por la boca.

A las ocho de la mañana del día 15 experimenta un empeoramiento por la pérdida de sangre y sufre una parada cardiaca. Las tareas de reanimación se prolongaron durante nueve minutos, hasta que logró recuperar el pulso. Es trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde mantiene el “sangrado continuo”. Entonces sí, se le traslada al Insular en Gran Canaria y se le opera de la mandíbula, pero se constata que sufre un daño cerebral por falta de oxígeno. Se intenta un tratamiento para este tipo de casos, que consiste en reducir la temperatura corporal, pero “no se puede realizar de forma adecuada” por la “avería del dispositivo”. Se le tiene que alimentar a través de una abertura en el estómago y ventilar mediante una traqueotomía.

El informe médico forense destaca que el “elevado riesgo de sangrado” quedaba claro por la información clínica del propio paciente, que tenía “una prótesis valvular cardiaca”, y establece la “causalidad” entre la fractura en la mandíbula y la pérdida constante de sangre, hasta que es intervenido. El traslado del paciente para la operación, señala el informe, “se pudo haber realizado desde el momento en que el paciente ingresó en el Hospital General de Fuerteventura”.

Además, el médico forense resalta que no se le administró medicación alguna para “detener la anticoagulación” de la sangre y “controlar la hemorragia”. Tampoco hay constancia de que lo valorasen los especialistas en pacientes críticos durante las 16 horas que estuvo en Urgencias del Hospital de Fuerteventura. Solo se les avisó cuando se produjo “la parada cardiaca prolongada”, que le causó falta de oxígeno y un “daño cerebral irreversible”. El dictamen concluye que tanto la parada cardiaca como las consecuencias en el cerebro se podrían “haber evitado”. El paciente perdió su autonomía personal y necesita el cuidado de otra persona.

La familia pedía cuatro millones y tuvo que ir al Juzgado ante el silencio del SCS

El propio Servicio Canario de Salud (SCS) reconoce en un informe de abril de este año que durante la madrugada del 14 al 15 de agosto se contactó con el 112 para el traslado del paciente, una vez que empeoró su situación, pero la petición “fue desestimada” al “no contar con la conformidad” del Hospital Insular. Más de 11 años después, la Consejería de Sanidad admite una mala praxis con este paciente, por no activar un traslado urgente, con un resultado dramático.

El Juzgado de Instrucción número uno de Puerto del Rosario inició una investigación penal por lo sucedido en 2013, pero se inhibió en favor de un Juzgado de Gran Canaria, que asumió el caso en 2019 y lo archivó en septiembre de 2021. En 2022, se interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial, que el Gobierno de Canarias no contestó en tiempo y forma. La familia del paciente tuvo que acudir entonces al Juzgado de lo Contencioso. La Consejería de Sanidad ha tardado casi dos años en emitir el informe que le correspondía sobre lo acontecido, reconociendo la negligencia y la obligación de indemnizar.

Otra negligencia

En las últimas semanas, la Consejería de Sanidad ha reconocido otro caso de negligencia médica en Fuerteventura. Se trata de una mujer, que sufrió un infarto agudo de miocardio, a la que se le tardó unas 20 horas en practicar un cateterismo. La mujer acudió al Centro de Salud Puerto del Rosario II a las 22.30 horas del 18 de enero de 2017, con un dolor “opresivo” en el pecho, que se le irradiaba a la espalda, acompañado de palidez, náuseas y vómitos.

Desde el centro de salud se la derivó al Hospital General unas dos horas después. Se le hacen pruebas y en el Hospital concluyen que el diagnóstico puede ser una miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) o pericarditis (del tejido que circunda el corazón). A las doce de la mañana del 19 de enero le realizan un ecocardiograma y se le diagnostica un infarto.

En otro caso, se tardó 20 horas en hacer un cateterismo a una infartada

En el informe de la Consejería de Sanidad se admite que aunque el diagnóstico inicial “supuso un retraso” en el tratamiento adecuado para el infarto, se excusa en que finalmente fue evacuada a Gran Canaria y que se le hizo un cateterismo a las 17.15 horas del día siguiente al que acudió al centro de salud en la capital majorera. A la mujer le quedaron secuelas y padece pericarditis crónica. Unos dos años después del infarto, se le reconoció la incapacidad permanente.

En su dictamen, el Consejo Consultivo considera que se produjo “una demora en el tratamiento” de la paciente, en la misma línea de la Consejería de Sanidad, que admite “la relación probable entre la demora en la actuación y las secuelas”. Ese “daño cierto y real”, agrega el Consultivo, “es imputable, de modo inequívoco, al SCS”. Sanidad planteó el pago de una indemnización de unos 33.200 euros, que ha aceptado la paciente, quien denunciaba la “merma económica” sufrida por la baja laboral y la consiguiente incapacidad permanente que le impide el desempeño de su profesión habitual, además de la “pérdida de calidad de vida” por las secuelas.