Los seres humanos somos hijos de un tiempo y afectos, o no, a lo que en ese plazo vivido ocurre y determina, habitualmente, para el discurrir de un amplio número de habitantes de una zona concreta.

Nuestro país vivió, durante casi cuarenta años, bajo el yugo de una dictadura atroz que sometió irredentamente a millones de personas que no tenían otra opción que asumir un destino que no deseaban, arriesgándose a perder la libertad y, en muchos casos, la vida, si no aceptaban lo que se les imponía. Así actuaba un régimen que masacraba cualquier intento de cambio en una España que vivió años de negrura, en los que los derechos humanos fueron aniquilados.

El general Francisco Franco gobernó a machamartillo, sin mostrar piedad ni ofrecer perdón a los que le mostraban disconformidad en sus postulados, como lo hace quien no admite la libertad de expresión y de pensamiento, mucho menos cualquier tipo de disidencia. Así, el dictador dispuso diligentemente a sus paladines fascistas en los distintos territorios del país, en tanto que, más allá de asegurarse un férreo control de los mismos, igualmente proponía cierto desarrollo económico. Franco, al que le fue retirada la presidencia honorífica del Cabildo de Fuerteventura en 2015 -se le había concedido en 1945-, confío al general Francisco García Escámez la jefatura del Mando Económico de Canarias en 1943, desde el que llevó a cabo ciertas obras encaminadas a garantizar el sostenimiento del escaso desarrollo socioeconómico de la región, con lo que García Escámez obedeció un mandato de la superioridad militar del régimen. En todo caso, el objeto del establecimiento de esa jefatura en el Archipiélago era la unificación de las tres armas del Ejército del régimen, entre otras variables, para reforzar y evitar la sospechada invasión de las Islas por parte del eje aliado, extremo que se temía sobremanera por su fragilidad territorial.

En ese contexto histórico, García Escámez recibe la condición de alcalde honorario de Puerto del Rosario, hecho que se recoge en el acta del Ayuntamiento del 16 de marzo de 1944, así como en una página del 2 de julio de ese año en el periódico ‘Falange’, reseñado con un texto y la foto de un pergamino, con un buen número de escudos y blasones en los que se realza la figura del general.

La figura a la que aquí se hace referencia, una vez que se hubo dado el golpe de Estado, comandó una columna de hombres que partió de Navarra para aprestarse a blindar dicha sublevación en Guadalajara, para marchar desde esa plaza a Madrid, con una columna formada por soldados y voluntarios requetés y falangistas. Esa fuerza militar intervino brutalmente en La Rioja y Soria, provincias en las que debía imponer la presencia de quienes se debía anunciar que eran los que mandaban, desatando una ofensiva represiva con 2.585 víctimas. Una vez domeñadas las anteriores provincias, García Escámez se reservó posteriores intervenciones en numerosas operaciones de acción directa en diferentes frentes, como el de Madrid, Aragón o Extremadura, en las que selló su ya conocida impronta.

No se pueden edulcorar las trayectorias a lomos del terror por determinadas labores que enmascaran las acciones de sus autores. La reparación de la memoria democrática y la justicia histórica requieren de gestos que dignifiquen los errores del pasado. Ese nombramiento institucional ha permanecido en un limbo social durante ochenta años, salvando los consabidos filtros de la Ley de Memoria Histórica, quizás por no ser un aspecto palpable y manifiestamente constatable, oculto en las catacumbas administrativas durante décadas de general desconocimiento.

García Escámez no es un padre al que se le pueden perdonar los pecados veniales, ni siquiera es una figura que testimoniara una adhesión afectuosa a nuestra isla. Fue un general que cubrió un expediente relacionado con los años especialmente importantes para la consolidación del franquismo -la década de los ‘40-, en este caso, en Canarias. Se trata de un militar que tuvo un papel determinante en el golpe contra el régimen democrático, a las órdenes del general Mola; participando decisivamente en batallas como la del Jarama en 1937, uno de los impactos más duros y sangrientos de la Guerra Civil.

El historiador Ricardo Guerra Palmero reflexiona acerca de este tipo de reconocimientos, señalando si “realmente merece la pena en una sociedad democrática honrar a los personajes y políticas hechas durante un régimen dictatorial, realizadas tras un golpe de Estado que derivó en una guerra civil bastante larga y que provocó la represión”, abundando en que“una cosa es el conocimiento de la historia derivado de la investigación, que en Canarias aún presenta numerosas lagunas, otra la existencia de memorias individuales y colectivas, o usos públicos de la historia favorables o no a ciertos personajes e ideologías, y otra muy distinta que las administraciones de un estado democrático europeo sigan rindiendo honores y distinciones oficiales a aquellos que propiciaron la guerra y la dictadura”.

Alguien que formó parte del directorio franquista no puede ser alcalde honorífico de Puerto del Rosario. Hay que borrar cualquier rastro de apología franquista, en todo espacio y lugar.