Tras el fallo del Tribunal Constitucional a favor del Estado en relación con las competencias relativas al expediente de caducidad de dos hoteles y un complejo de apartamentos de la cadena hotelera RIU en el Parque Natural de Corralejo, “queda despejado el camino para el derribo de estas infraestructuras turísticas”, sostiene SEO/BirdLife.

Tanto los apartamentos como los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, además de un”anomalía visual de gran impacto” dentro del complejo dunar más relevante de Canarias, “generan graves perjuicios y deterioro” tanto al espacio como a un buen número de especies protegidas de aves, añade la organización ecologista.

En un comunicado, SEO/BirdLife explica que la zona afectada es un espacio declarado Zona de Especial Conservación (ZEC Corralejo) y Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA Dunas de Corralejo e Islote de Lobos), ambas pertenecientes a la Red Natura 2000. Entre otras especies, aparecen la hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae), catalogada como "en peligro de extinción", y el corredor sahariano (Cursorius cursor) o la ganga ortega (Pterocles orientalis), ambas en la categoría de "vulnerable" en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Un hotel que incumple la normativa

Tras varias décadas de concesión, en febrero de 2020, el Estado firmó la caducidad de la misma por incumplir la normativa de costas, y comunicó a la concesionaria la obligación de demoler. El Gobierno de Canarias, inmerso en el proceso de transferencia de competencias en esta materia por parte del Gobierno Central, acudió al Tribunal Constitucional en defensa de lo que consideraba sus intereses. Ahora, este tribunal rechaza las alegaciones planteadas por el Ejecutivo canario y determina que la toma de decisiones en cuanto a la caducidad de la concesión de los hoteles y apartamentos corresponde al Estado y no a la comunidad autónoma. Queda, por tanto, en manos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) garantizar que se procede a demolerlos, y que se realiza la restauración ecológica pertinente.

"Celebramos el fallo del Tribunal Constitucional, que confirma la competencia del Estado en esta circunstancia, y pedimos al ejecutivo regional que ponga el mismo celo que muestra, a la hora de reclamar competencias al Estado, en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en el Archipiélago", señala Yarci Acosta, delegado de la SEO/BirdLife en Canarias.

Soluciones para los trabajadores

Por otra parte, SEO/BirdLife solicita, tanto a la administración regional como central, colaboración y diálogo para identificar opciones para los trabajadores que se vieran afectados por un eventual derribo y el cese de la actividad económica que llevaría aparejado.