Greenpeace presenta este martes el informe Crisis a Toda Costa 2024. Análisis de la situación del litoral ante los riesgos de la emergencia climática, donde realiza una radiografía del estado de los más de 8.000 kilómetros de costa española ante las amenazas que vienen.

En el mismo asegura que “no hay región costera española, y Canarias no es una excepción, que no esté expuesta a riesgos por exceso de urbanización e infraestructuras, contaminación, la construcción de barreras artificiales (como diques, espigones, paseos marítimos o puertos deportivos), el despilfarro de recursos naturales y el encauzamiento, soterramiento y desvíos de cauces fluviales”. Todas estas actuaciones han provocado “desequilibrios” que se traducen en el retroceso y la pérdida de las playas, y con ellas, su función de barrera protectora, “lo que supone un riesgo para millones de personas residentes en el litoral”, expone la organización ecologista.

A estas malas prácticas se suman las debidas específicamente al cambio climático: la subida del nivel del mar, el aumento en frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos extremos (como olas de calor, sequía, lluvias torrenciales, temporales, huracanes, incendios e inundaciones), el incremento constante de la temperatura de mares y océanos y la pérdida de oxígeno disuelto en el agua, que dispara de forma exponencial los riesgos.

La subida del nivel del mar

Según previsiones de la NASA, la subida del nivel del mar ocasionará la pérdida de playas en la totalidad del litoral. Cabe recordar que, según la regla de Bruun, de media se estima que por cada centímetro que suba el nivel del mar, la costa retrocederá un metro. Para 2030, en el escenario de menores emisiones de gases de efecto invernadero, las islas de La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera y La Palma verán afectada la totalidad de su litoral por la subida del nivel del mar.

En el caso de Fuerteventura, en especial riesgo están Morro Jable, Corralejo y Majanicho. En Gran Canaria el mayor riesgo es para Maspalomas, Castillo del Romeral, Arinaga y Las Palmas de Gran Canaria. Tenerife es la única isla que no verá afectada toda su costa, siendo mayor el impacto en la mitad norte de la isla, pero también en Acentejo, Adeje, Los Cristianos o El Médano.

Se estima que la subida media del nivel del mar oscilará entre los 27 y los 75 centímetros m para finales de siglo, lo que supondría una pérdida de la superficie de las playas de en torno al 48 % en un escenario de bajas emisiones, pero del 80 % en un escenario de altas emisiones causantes del cambio climático.

Los datos de la subida de la temperatura de mares y océanos muestran que las olas de calor marinas se suceden sin tregua desde 2022. Temperaturas marinas más altas provocan la disminución del oxígeno disuelto en el agua y a ello se suma la contaminación, que provoca la acidificación del agua. Es lo que la Agencia Europea de Medioambiente denomina "el trío letal", que ya está provocando graves impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas marinos, así como sobre la pesca y el marisqueo.

Más eventos meteorológicos extremos y de mayor intensidad. El agua más caliente se evapora más y esto provoca la formación de DANAs, huracanes y ciclones más potentes y peligrosos, aumentando los daños por inundaciones. El 4% de las viviendas canarias están en zonas inundables. El número más elevado corresponde a Las Palmas de Gran Canaria, con más de 13.000 viviendas en zona inundable, casi todas en la playa de Las Canteras.

“Durante décadas hemos deformado la costa a nuestro antojo, pero eso ya no funciona más. Ya no llegamos a anticiparnos al problema, porque ya está aquí, pero las soluciones tienen que ponerse en marcha con urgencia. Todo retraso resultará en mayores costes económicos y humanos”, explica María José Caballero, responsable de Costas en Greenpeace España.

El deterioro debido a la turistificación vivió en Canarias la primera gran movilización social del país, encendiendo la chispa para otras zonas que sufren el mismo problema. El creciente número de turistas no puede ocultar otro dato: el 33,8% de la población canaria se sitúa bajo el umbral de la pobreza.

A pesar de ello, siguen surgiendo nuevos proyectos de urbanización en casi todas las islas, especialmente en La Palma. El Gobierno canario ha reactivado dos proyectos “ilegales”: un hotel en La Tejita y otro en el puertito de Adeje, ambos en Tenerife. Esta decisión fue el inicio de las manifestaciones que vivieron las ocho islas canarias.

El traspaso de las competencias en materia de costas al Gobierno canario encontró su primer desacuerdo con los hoteles situados en el espacio protegido de las Dunas de Corralejo en Fuerteventura. El Ministerio para la Transición Ecológica ha declarado la caducidad de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre otorgada al hotel Riu Oliva Beach, por lo que debe desaparecer de las dunas, pero el Gobierno canario se opone a pesar de que Riu ha incumplido durante años las condiciones de la concesión, realizando vertidos de aguas residuales y alterando la conservación de las dunas.

La contaminación de las aguas canarias es una de las grandes asignaturas pendientes: en 2022, el 72% de los puntos de vertido de aguas residuales al mar no estaba autorizado. En Tenerife hay 195 puntos (algunos, como el del Médano, sin sistema de depuración alguno, ha provocado graves infecciones a los bañistas). Hay 127 en Gran Canarias y le siguen Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro. De La Graciosa no hay datos. En los últimos cinco años, Canarias ha pagado 7,7 millones de euros por una sanción contra España por el incumplimiento de la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en el Valle de Güimar, concretamente en la zona de Candelaria (Tenerife). El problema no se solucionará este año, así que el pago de la multa continuará.

Plásticos en La Graciosa

La contaminación provocada por los plásticos está muy presente en las aguas canarias. En el entorno de las islas hay un mínimo de 50 millones de microplásticos por cada kilómetro cuadrado de océano que se reparten desde la superficie hasta profundidades de más de 1.000 metros (1.150 m al sur de El Hierro) formando una cortina de un kilómetro de grosor que rodea y contamina las islas Canarias. Los tres arenales con mayor presencia de microplásticos son Lambra (La Graciosa), el Porís (Tenerife), y Arenas Blancas (El Hierro).

Soluciones para la costa

“Es urgente hacer frente a estos riesgos”, sostiene la organización. Desde donde señalan que ean sólo con una reducción moderada de las emisiones de gases de efecto invernadero se podría evitar el 40% del retroceso de las playas de todo el mundo. También son necesarias medidas de adaptación a todos los niveles (municipal, autonómico y estatal) que minimicen los daños y busquen soluciones reales y duraderas. Las soluciones aplicadas hasta ahora, como las regeneraciones artificiales de playas y la reconstrucción de paseos marítimos, ya no sirven. Sólo entre 2016 y 2020 se gastaron cerca de 60 millones de euros en la reposición artificial de arena en las playas.

“Las soluciones han de ser locales”, entiende Greenpeace porque cada tramo de litoral tiene características propias, pero deben ser acordadas por las administraciones y participadas por la ciudadanía de forma urgente. “Proteger y conservar las playas supondría un beneficio 150 veces superior a dejar que sigan deteriorándose”.

“La costa nos protege de los eventos meteorológicos extremos y la subida del nivel del mar provocados por el cambio climático, pero seguimos maltratándola. La pérdida de sus características naturales tiene que revertirse para que pueda protegernos”, explica Caballero.

Para revertir la situación actual, según Greenpeace resulta imprescindible:

-Aplicar políticas ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y normativas de adaptación y protección de la costa de acuerdo con lo que marca la ciencia.

-Devolver la calidad ambiental a los espacios costeros para tener sistemas naturales estables que protejan de los peores riesgos.

-Acabar con la contaminación que empobrece la calidad de las aguas y nos supone el pago de cuantiosas multas a la Unión Europea.

-Poner coto a la turistificación masiva a través de medidas como la limitación de vuelos y cruceros, el establecimiento de tasas que repercutan en la mejora de los servicios públicos y la regeneración de ecosistemas, así como la participación ciudadana en la planificación turística.

-Introducir las previsiones sobre el cambio climático en la planificación urbanística y de infraestructuras.

-Impedir la construcción de infraestructuras y la urbanización que generen barreras artificiales que hacen de pantalla e impiden que la arena se deposite en las playas y aumentan la virulencia de los temporales marinos.

-Conservar y facilitar la expansión hacia el interior de marismas y humedales (son grandes disipadores de la energía del mar y, por tanto, muy buenos aliados en la protección). Prohibir proyectos en estas zonas y retirar las que existan.

-Revisar los deslindes (la delimitación) que determinan el dominio público marítimo-terrestre (100 metros en zona no urbanizable y 20 en zonas urbanizables), que constituye la zona mínima de protección frente a DANAS, temporales y la subida del nivel del mar.

-Recuperar las zonas inundables. En España, las inundaciones son, después de las olas de calor, el segundo fenómeno natural que más muertes provoca. Liberarlas de construcciones (su presencia aumenta exponencialmente los daños y riesgos) y recuperar los cauces naturales de ríos y avenidas.

-Promover la investigación científica de las afecciones provocadas tanto por las barreras artificiales como por el cambio climático en los ecosistemas, las especies marinas y la salud de las personas.