La Comunidad Autónoma de Canarias presentará esta semana ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra el Ministerio de Transición Ecológica para reclamar las competencias plenas en materia de Costas, ha anunciado este lunes el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que se ha mostrado optimista en que les dé la razón.

El consejero ha informado de esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha acordado la presentación del recurso para reclamar al alto tribunal que falle en contra del Estado y reconozca a la comunidad autónoma el control sobre la gestión de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía.

Así mismo, el consejero ha anunciado la presentación de un nuevo requerimiento al haberse "excedido" en el deslinde del dominio público marítimo terrestre de 1.514 metros entre las playas de Melenara y Salinetas, en el municipio grancanario de Telde, que considera "erróneo", "invade zonas, incluso privadas e incluye edificios que ni existen".

Se trata de una modificación de un deslinde "llena de errores", ha abundado Rodríguez, quien por ello ha insistido en la necesidad de que Canarias pueda disponer de plenas competencias sobre su litoral, como se recoge en el Estatuto de Autonomía.

El consejero ha explicado que el Ministerio de Transición Ecológica ni siquiera ha contestado a las explicaciones reclamadas por el Gobierno de Canarias sobre este expediente que afecta a la costa de Gran Canaria, por lo que entiende que se volverá a reunir la comisión bilateral Canarias-Estado y que, de no haber acuerdo, irán también al Constitucional.

En relación al recurso que presentarán en los próximos días ante el alto tribunal, ha recordado que se pide "la anulación del acto viciado de incompetencia, esto es, la Resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024 que declara -entre otros extremos- la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003" al Hotel Oliva Beach de Fuerteventura.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico defienden que corresponde a Canarias, en base al artículo 157 de su Estatuto, "la competencia exclusiva de ordenación del litoral", lo que incluye "el otorgamiento de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo, sin diferencias según el tipo de concesiones como pretende el Estado".

De hecho, el recurso que la comunidad autónoma elevará al TC sostiene que, desde la renovación de la Carta magna canaria en noviembre de 2018, el Gobierno español solo tiene competencias, para "establecer el régimen jurídico del demanio".

Rodríguez se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional dará la razón a la comunidad autónoma porque "el reconocimiento legal como responsables en exclusiva de esta materia ya está recogido en la Ley Orgánica 1/2018, por lo que no cabe discusión ni disputa ante este hecho".

En este sentido, el consejero ha explicado que el posterior Real Decreto 713/2022 se enfoca en el traspaso de servicios y funciones "insuficiente" en relación con las competencias transferidas a Canarias en esta materia de gestión del litoral, por lo que piden su revisión.

Ha recordado que existen varias sentencias del TC que refrendan la interpretación jurídica que defiende la comunidad autónoma sobre sus competencias plenas sobre el litoral.

Además de un fallo sobre el ámbito competencial de Cataluña, el consejero ha considerado "muy importante" la sentencia del Constitucional sobre la ley de Costas de Galicia, una normativa similar a la que Canarias tiene previsto aprobar en los próximos meses.

En concreto, el fallo del Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Estado contra la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia sostiene que "las funciones ejecutivas relativas a la gestión de títulos de utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre no forman parte de las competencias estatales al tener su encaje en la competencia de ordenación del litoral".

Rodríguez ha reiterado que, pese a la presentación de este recurso ante el TC, Canarias seguirá abierta al diálogo para tratar de resolver este asunto por una vía extrajudicial, aunque, según el consejero "el Gobierno de España no tiene intención de pasar las competencias de manera efectiva", como ocurre con otras autonomías, al tiempo que ha indicado que "esa resistencia viene de la estructura del propio Ministerio".