Carolina, nombre ficticio, padece cáncer de mama desde 2021. Durante un tiempo, estuvo yendo varias veces a la semana desde Fuerteventura, donde reside, a Gran Canaria para tratarse. Cada vez que pasaba por los controles de seguridad del aeropuerto, su corazón se disparaba. Pensaba que la Policía se podría dar cuenta de su situación de irregularidad en España y ser devuelta a Venezuela. Desde que llegó a la Isla, hace siete años, sólo ha podido trabajar en la economía sumergida y durante años ha tenido miedo de ir al Hospital por si le pasaban la factura. “Vivir en situación de irregularidad es horrible y estresante”, asegura.

El martes 9 de abril miles de personas migrantes residentes en España sintieron que se les abría una ventana a la esperanza después de que el Congreso admitiera a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) encaminada a regularizar a miles de extranjeros. Con los votos a favor de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Baja, salvo VOX, la iniciativa presentada a instancias de Regularización Ya pretende dar los papeles a 500.000 personas en este país.

Carolina también abrió la mirilla a la esperanza. Semanas después, el día 24 del mes pasado, se toma un refresco en una cafetería de Puerto del Rosario mientras cuenta el engranaje de infortunios que le ha impedido regularizar su situación. Ese mismo día, siete años atrás, cogía un avión en Venezuela. Dos años antes, había conocido a un majorero en redes sociales del que acabó enamorándose. Una carta de invitación le abrió las puertas de España durante tres meses.

Llegó a Tenerife en abril de 2017. A las dos semanas, se vino a Fuerteventura. Tras vencerse el permiso, decidió quedarse en la Isla. “La situación en Venezuela estaba cada vez más complicada”, reconoce. Desde que pisó España, todos sus trabajos han sido en la economía sumergida. “Cuidar niños o limpiar escaleras es a lo único que puedo acceder sin papeles”, lamenta. Durante un tiempo, se encargó de acompañar a seis niños al colegio cada mañana. Luego los recogía y a algunos de ellos los llevaba a actividades por la tarde. También les ayudaba a hacer los deberes, mientras esperaba a que regresaran sus padres. Al mes, cobraba unos 400 euros.

Su pareja intentó arreglarle los papeles. Para conseguirlo, necesitaba, entre otros documentos, su partida de nacimiento. Autorizó a su hermana, pero ésta enfermó de cáncer y le fue imposible sacar el papel. Luego, lo intentó con su hermana mayor, pero también le alcanzó la enfermedad del cáncer. Carolina entró en una depresión y decidió aparcar la idea de su regularización. Sólo pensaba en ganar dinero para costear el tratamiento de sus hermanas.

En enero de 2019 falleció una de sus hermanas y la otra a los seis meses. La familia de Carolina sufre un cáncer genético que años antes se había llevado a la tumba a su madre. Y la enfermedad siguió llamando a la puerta. A su pareja le diagnosticaron un cáncer en el pulmón que derivó en metástasis. Carolina se convirtió en su cuidadora. “Cuando nos informaron que le quedaba menos de un año de vida, me dijo que nos casáramos para regularizar la situación”, cuenta. Pero la partida de nacimiento de Venezuela no apareció a tiempo. Falleció el 16 de abril de 2021 y el documento llegó 12 días después.

Carolina asegura que vivir en la irregularidad es estresante, siempre con la sombra del miedo a ser deportada sobre la espalda. “Al principio, pensé que no podía ir a un Hospital porque me iban a cobrar. Estuve, incluso, pagando un seguro privado durante muchos años. Sufrí migraña y una cervicalgia y no fui. Tampoco me traté, con un psicólogo, la depresión que sufrí por el estado de mis hermanas. Creía que no tenía Seguridad Social”, explica.

Mientras cuidaba a su pareja, un día se detectó un bulto en el pecho. No quiso darle importancia. No era el momento de caer enferma. La inflamación fue a más y no le quedó más remedio que ir al Hospital. Una mamografía le nombró, de nuevo, la palabra cáncer. Se planteó si valía la pena hacerse un tratamiento, pasar por una biopsia o “poner punto final a todo”. “Para mí, cáncer es sinónimo de sufrir. Mis hermanas sufrieron mucho, también mis padres y mi pareja. Yo no quería vivir así”, asegura.

“No podemos seguir dejando personas atrás”, dicen desde Regularización Ya

Al final, la Asociación Española contra el Cáncer le animó a seguir adelante. Le han hecho una doble mastectomía y un tratamiento de hormonoterapia. Aún le esperan dos operaciones más. A veces, han tenido que darle bonos de alimentos. Su casera se ha puesto de su lado y no le cobra el alquiler. En el camino se ha encontrado con otros ángeles de la guarda, como las trabajadoras de la asociación Ikual.

Hace un tiempo, intentó regularizar su situación amparándose en que tiene una enfermedad grave diagnosticada en el país. Se presentaron los papeles y los informes médicos, pero la resolución fue denegada. Alegan que no les consta que la situación en Venezuela esté tan mal. “Ellos aceptan que tengo una enfermedad grave, que adquirí en este país, pero me dicen que Venezuela no está tan grave y que tengo que demostrarlo”, explica.

Si Carolina pudiera dar para atrás a las manecillas del reloj y regresar a 2017 tendría claro que no se subiría al avión que la trajo a España. “Pienso que si me hubiera quedado con mi hermana, la historia hubiera sido diferente”, confiesa.

Gloria, en una céntrica calle de la capital majorera.

“Hasta que exploté”

Un estudio de marzo de 2022 de PorCausa, especializada en inmigración, cifraba entre 475.000 y 514.000 el número de extranjeros que residían sin papeles en España a finales de 2020, lo que significa que, en torno al 14 por ciento de los migrantes extranjeros que viven en nuestro país están en situación administrativa irregular. El número ha ido en aumento desde entonces.

El informe arroja otros datos: seis de cada diez migrantes irregulares son mujeres; siete de cada diez son latinoamericanos; el 11 por ciento proceden de África; el 27 por ciento del medio millón de personas trabaja en actividades del hogar y el 24 en la hostelería.

“Cuando empecé a trabajar en España, fue cuando comencé a conocer lo que es la vida del migrante. Cómo se abusa, lo que te pagan, las horas que tienen que trabajar por un sueldo de nada...”, cuenta Gloria. En Colombia trabajaba en una fábrica de colchones manejando una máquina de bordados industriales hasta que decidió venirse a Fuerteventura. Atrás dejó a sus tres hijos de 11, seis y cinco años. 

Gloria llegó en 2019 a Fuerteventura con un visado turístico. Un año antes, lo hizo su pareja de entonces. Ella es de un pueblo a las afueras de Pereira, del denominado Eje Cafetero. “La situación allí era muy complicada y eso que aún no había llegado la pandemia por Covid, ni el paro nacional que fue tenaz para el país. Aun así, era muy difícil”, reconoce. Su salario de entonces equivalía a 280 euros en España. Con eso, llenar la nevera era misión imposible.

Al tiempo de llegar a Fuerteventura, comenzó a trabajar de cuidadora de dos niñas. Limpiaba la vivienda, cocinaba, cuidaba a las pequeñas... Empezaba a las ocho de la mañana y regresaba a casa cuando la bebé se dormía. Si cogía el sueño a las ocho de la tarde, a esa hora acababa Gloria. A final de mes, le daban un sobre con 600 euros.

“No tener papeles hace que se te aparte y se te pague menos”, denuncia Gloria

“Duré mucho tiempo. Di con una persona de jefa que tenía mucha capacidad para manipular. Yo venía de una cultura diferente en la que al jefe hay que obedecerle y no refutarle porque, si no, te despiden. Pensamos que el que tiene más dinero es mejor persona y que hay que limpiarle los zapatos. Venimos de una cultura muy estúpida. Ella lo olfateó en mí y se aprovechó. Aguanté hasta que exploté y dije no más”, comenta.

Luego, fue enganchando con otros trabajos: camarera, limpiadora, cocinera... siempre en la economía sumergida y con el temor a que llegara una inspección de trabajo y la pudieran deportar. En estos cinco años no ha podido tener un contrato laboral ni tampoco regularizar su situación. Asegura que cumple con todos los requisitos para acceder al permiso de residencia: estar empadronada, llevar tres años en España, no tener antecedentes penales... salvo el contrato laboral.

Gloria no ha parado de encontrarse obstáculos en su camino hacia la regularización. “Al cumplir tres años, te puedes acoger al arraigo social, pero se da si tienes una oferta laboral”, explica. “Cuando se presenta toda la documentación, se debe demostrar que la empresa que va a contratar tiene solvencia económica y que no acarrea deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social. Luego, hay que esperar a que Extranjería dé la respuesta. Se tarda meses y la empresa no puede esperar. Suele necesitar el personal urgente”.

Hace un tiempo, una cafetería la llamó para trabajar con la promesa de un contrato laboral. Gloria les creyó y empezó de cocinera. “Estaba muy ilusionada”, confiesa. “Una abogada me redactó la oferta laboral, siempre haciendo el énfasis en que no podían tener deuda en la Seguridad Social ni en Hacienda. Ellos decían que no había problema”, cuenta.

En octubre del año pasado, llegó la respuesta de Extranjería y hacían el requerimiento de la solvencia económica. “Cuando fui a decírselo, me dijeron que tenían problemas con la Seguridad Social y no pudo ser. Siempre lo supieron, pero para que yo no me fuera me tuvieron engañada”, lamenta. Estuvo 11 meses trabajando en la cafetería.

Gloria se siente atada. “No puedo trabajar porque no tengo papeles. Me siento estancada y usada. El solo hecho de estar sin papeles hace que se te aparte y se te pague menos. Te hablan más feo en el trabajo, te ponen más horas y debes aguantar porque no tienes documentación. Tampoco derecho a vacaciones, pagas extra o finiquito”, dice contrariada.

Hace algún tiempo, logró traerse a sus hijos con ella. Ellos tres también están en situación irregular. “Mi vida en España ha sido muy compleja e inestable. Estoy sola con mis hijos. La responsabilidad absoluta es mía”, dice, aunque no valora la idea de regresar. “Colombia no es un país para criar hijos. No es seguro para ellos”, señala.

Ahora limpia casas y dos veces en semana va al mercadillo a vender piezas de artesanía hechas con croché, pero con eso no llega a fin de mes. Ha tenido que acudir a Misión Cristiana Moderna en busca de bonos para la compra.

Al igual que Carolina, Gloria también abre la ventana a la esperanza de acogerse a la iniciativa legislativa popular que pretende regularizar a los extranjeros residentes en el país antes de noviembre de 2021. Sería la novena llevada a cabo en España. La última regularización extraordinaria fue impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero y permitió a 576.000 personas conseguir sus papeles.

“Para mí supondría un puente que me permitiría ir al otro lado de este mundo”, dice. En el otro sitio espera poder tener la residencia y una estabilidad; hacer frente a un contrato de alquiler y acudir al supermercado a hacer una compra “sin estar sacando la calculadora porque ahora, sólo podemos llevarnos determinadas cosas”. En este lado, en el de los sin papeles, vive con el temor de que sus hijos enfermen y no tenga para pagar los medicamentos.

A la pregunta de qué le parece la iniciativa, Gloria responde: “Somos 500.000 personas aptas para trabajar. Vamos a aportar al crecimiento económico del país. No entiendo por qué ponen tanta traba. El que se lucra con dar trabajo a un migrante es el empresario, que evita los impuestos. Los gobiernos no”.

Cinco euros la hora

Soda Niasse es miembro del Comité de Regularización Ya. Explica que en Canarias conviven unos 438.000 extranjeros, “pero cuántos de ellos están en situación irregular no se sabe porque las personas migrantes en irregularidad administrativa están fuera de todos los radares de las políticas públicas. No tienen padrón por lo que es difícil saber la cifra exacta”.

En el caso de Canarias, la mayoría se dedica al cuidado de personas mayores en el hogar y a la hostelería. También en el servicio de limpieza, la agricultura o como repartidores. “Están haciendo el trabajo en puestos que, en general, los españoles no quieren y pagándoles cinco euros o menos la hora”, sostiene Soda.

La mitad de las personas en situación de irregularidad son mujeres

La activista alerta de cómo más de la mitad de los extranjeros que está en situación irregular en Canarias son mujeres y uno de cada cuatro son niños. “Estas mujeres, si están sin trabajo, se encuentran con muchas dificultades. Sin papeles es mucho más fácil ser captadas por el tráfico de personas y por la prostitución; ser explotadas. Si tienen miedo a ser denunciadas por estar sin papeles, la persona que le contrata puede hacer lo que quiera con ella”, indica.

“En el siglo XXI, no podemos seguir dejando personas atrás. Llegan a un lugar donde no pueden trabajar porque no tienen papeles; ni acceder a una vivienda digna porque no tienen trabajo. No pueden tener los mínimos vitales”, denuncia.

Si podemos recibir millones de turistas al año, Soda cree que también se puede acoger a las personas migrantes que “están viniendo para trabajar y contribuir al desarrollo de Canarias y de España en general. Lo mínimo es que se les dé una tarjeta para que puedan trabajar dignamente”. Y apostilla: “Pagan impuestos y cobran una miseria. Es una esclavitud moderna”.