Casi el nueve por ciento del territorio de Fuerteventura, cerca de 146 kilómetros cuadrados, es susceptible de albergar la instalación de plantas solares. Algo más de la mitad, unos 74,5 kilómetros cuadrados (el 4,5 por ciento del suelo insular), también es considerado adecuado para que se levanten aerogeneradores. Estas son las cifras de la denominada Ordenanza insular encargada por el Cabildo de Fuerteventura para “fijar los criterios de homogeneización del uso relativo a las energías alternativas”.

Se trata de un instrumento que nace de la actual Ley del Suelo de Canarias y que establece dónde se pueden implantar instalaciones solares y eólicas, además de fijar los criterios para declarar de interés público y social los proyectos específicos que se presenten en Fuerteventura. También condiciona los futuros instrumentos de planeamiento que se elaboren, a escala insular y municipal.

El año pasado se generó una intensa polémica en la Isla por el rechazo a las determinaciones del Plan de Transición de Canarias (PTECAN), que lanzó el anterior Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, en la recta final de la legislatura. Se da la circunstancia de que el área potencial que determinaba el PTECAN, que fue objeto de numerosas alegaciones, era de unos 133 kilómetros cuadrados para plantas fotovoltaicas, menos que la Ordenanza insular encomendada por el Cabildo majorero a la empresa pública Gesplan.

En un día normal, el Cabildo puede enviar hasta siete notas de prensa, para anunciar desde el periodo de preinscripción en la Escuela insular de Música al número de solicitudes recibidas para ayudas deportivas. Del inicio del procedimiento de evaluación ambiental de la Ordenanza de energías renovables no se dio ningún aviso, pese a su trascendencia. Simplemente se publicó en el boletín oficial, el pasado 15 de abril, que el Órgano Ambiental de Fuerteventura abría un periodo de información pública de 45 días hábiles.

La Ordenanza insular baraja dos alternativas. La primera, mucho más expansiva, daría vía libre a 130,6 kilómetros cuadrados para parques eólicos (el 7,86 por ciento del territorio majorero) y más de 252 kilómetros cuadrados para solar (el 15,1 por ciento de la superficie insular y, en comparación, el equivalente a todo el municipio de Antigua). El documento se inclina por una segunda alternativa, que según el equipo redactor ofrece “mayor protección”, con criterios para “conservar la máxima integridad ecológica, especialmente en aquellos suelos con valores paisajísticos” o “productivos”.

Criterios de localización

Las áreas establecidas para la instalación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos son similares, si bien con el doble de superficie para las primeras en relación a los segundos. Y dentro de las zonas posibles, la Ordenanza insular pondera cinco niveles: desde espacios en los que cabrían pero “poco” adecuados, a los “muy” recomendables para su implantación. Se han dejado fuera los espacios naturales protegidos, las figuras de la Red Natura 2000, como las zonas de protección de aves, o los hábitats de interés comunitario. También los suelos rústicos que en el vigente Plan Insular de Ordenación (PIOF) y en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) son definidos como los de mayor protección.

También se han excluido los terrenos con más de un 15 por ciento de pendiente y, en principio, sucede lo mismo con terrenos en donde haya “infraestructuras agrarias de valor etnográfico” como las gavias. En las zonas susceptibles de albergar parques eólicos, “se excluyen las áreas donde desarrollan sus ciclos vitales especies amenazadas”, como aquellos terrenos donde se produce el “campeo, cortejo y cría de la hubara”, donde se localiza el murciélago y el territorio donde haya un riesgo crítico de colisión del guirre.

Para parques eólicos se definen 74,5 kilómetros cuadrados aptos en la Isla

La Ordenanza insular incorpora un criterio relativo a la “calidad visual del paisaje”, excluyendo allí donde se considera “muy alta” y graduando de menos a más el resto de zonas de la Isla. Del mismo modo, se excluyen zonas de riesgo hidrológico, de inundaciones, de fuerte oleaje o donde puede haber desprendimientos.

La normativa ya impide aerogeneradores a una distancia inferior a 400 metros respecto a los núcleos de población. El documento del Cabildo puntúa más si los aerogeneradores están alejados de las localidades, logrando la máxima valoración si están “a más de cinco kilómetros”. Sin embargo, en el caso de las plantas solares sucede lo contario: se puntúa si están cerca de las zonas pobladas. Así, la máxima valoración de 100 puntos se concede “si se está entre cero y 500 metros de distancia”. En la Ordenanza se resalta que la ponderación como criterio socioeconómico de “la salud humana y la distancia a las infraestructuras energéticas” es “menos estricta” con la energía solar.

Alternativa elegida en la Ordenanza insular.

Por municipios

En el norte de la Isla, el documento ve viable la instalación de una amplia zona de energía solar desde el entorno de Bristol, en Corralejo, hasta Morro Francisco y el campo de fútbol. La descarta, eso sí, en los alrededores del Parque Natural de las Dunas, donde en las inmediaciones de la nueva autovía se habían empezado a tramitar más de media docena de plantas fotovoltaicas. La Ordenanza insular considera muy susceptible de albergar instalaciones solares la zona desde Parque Holandés hacia la costa, en El Jablito, y hacia el sur. En las proximidades de la frontera con el municipio de Puerto del Rosario también se valora la colocación de aerogeneradores. Otro suelo considerado en el documento para la energía solar es el que va de El Roque a El Cotillo y parte de la urbanización Los Lagos. Con menos superficie, también se ve viable aquí la posibilidad de levantar molinos.

Puerto del Rosario quedaría casi rodeado de instalaciones de energía

Sin duda, Puerto del Rosario es el municipio en el que el instrumento de planeamiento define mayor superficie para energías renovables. Para la solar, todos los alrededores del casco de la capital, adentrándose incluso más allá de la Circunvalación, especialmente en el entorno de Majada Marcial. Como se recordará, el pasado diciembre se frenaron en el Consejo de Gobierno de Canarias cuatro parques fotovoltaicos que sumaban 450.000 metros cuadrados, precisamente en los alrededores de este barrio capitalino. Con la nueva Ordenanza insular tendrían vía libre. Al suelo muy apto para fotovoltaica alrededor de la ciudad se suma el dibujado en Los Estancos, El Time, La Matilla, Casillas del Ángel, La Ampuyenta o Tefía. En esta última localidad también se valora de forma elevada la posibilidad de aerogeneradores. En la costa este, en los alrededores de Playa Blanca o en El Matorral, la energía solar aparece bien valorada.

En Antigua, las posibilidades de energías alternativas se limitan a una franja junto a Nuevo Horizonte y en las proximidades de Triquivijate, y la eólica prácticamente se descarta. En Betancuria no se recoge ni solar ni eólica. Por su parte, en el municipio de Tuineje las áreas elegidas para las energías alternativas se sitúan desde el polígono industrial de El Cuchillete hacia Gran Tarajal, y desde el eje viario de la FV-2 hacia el interior del municipio. Tarajalejo también se valora de forma elevada para fotovoltaica y, más alejada de la costa, para eólica.

Ya en el municipio de Pájara, la Ordenanza insular define una amplia zona con especial potencial fotovoltaico -y también eólico, aunque en menor medida- en el valle de Tarajal de Sancho y en el entorno de La Lajita. Hacia Costa Calma, de la autovía hacia el interior, el documento define una zona de gran potencial fotovoltaico y también recoge la posibilidad de aerogeneradores, según los planos que están en exposición pública. Del mismo modo, se puntúa de forma elevada la instalación de plantas fotovoltaicas en La Pared y Las Hermosas y, en menor grado, la colocación de molinos. En el resto del municipio, con la frontera natural del istmo de Jandía, se descarta tanto la eólica como la solar. De hecho, los parques eólicos de Cañada de la Barca y Cañada del Río estarían en una zona no apta, según la Ordenanza insular del Cabildo.