La empresa pública Gesturpa sigue siendo una pesadilla para el Ayuntamiento de Pájara, su único socio. La Justicia ha condenado a la sociedad al pago de una cantidad superior a los 3,3 millones de euros, más intereses, a la empresa Dehesa de Jandía, del grupo Lopesan, por el impago del canon por la gestión del Edificio Centenario en Morro Jable. La sentencia abre un nuevo agujero en las maltrechas cuentas de la empresa municipal, que el Consistorio lleva tratando de disolver, sin éxito, desde el año 2016.

El origen del conflicto se remonta a agosto de 2008. En ese momento, la empresa pública firma un convenio con el grupo Lopesan, propietaria del complejo residencial Edificio Centenario, compuesto por 67 viviendas. El objetivo era que se alquilaran a personas con dificultades económicas. Gesturpa se ocupaba de seleccionar a los inquilinos, celebrar los contratos de arrendamiento y cobrar las rentas. En compensación, le tenía que abonar un canon a la empresa de Lopesan.

En principio, aquel convenio se firmó por cinco años, hasta agosto de 2013, pero más de una década después ha tenido que ser el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número siete de Puerto del Rosario el que haya venido a poner claridad en una operación ruinosa para la compañía pública.

La magistrada Elsa García Vallina da la razón al grupo Lopesan, que interpuso acciones judiciales en noviembre de 2021, y considera que hay “más pruebas favorables” a que la relación entre la compañía de Eustasio López y la empresa del Ayuntamiento de Pájara se habría prolongado en el tiempo después de “la extinción del contrato”.

“Resulta contradictorio” por parte de Gesturpa “mantener que el contrato terminó en el año 2013 y suscribir, por ejemplo”, un contrato de arrendamiento en marzo de 2011 por más de tres años o uno en junio de 2009 hasta 2013. La posición de la empresa municipal, añade la magistrada, supondría un “enriquecimiento injusto”.

Si Gesturpa “siguió ejerciendo su labor de arrendadora” con los inquilinos, “beneficiándose del pago de las rentas, también debería haber seguido cumpliendo con la propietaria, abonando el pago del canon y cumpliendo su obligación de mantener las viviendas en perfecto estado de conservación”, agrega el Juzgado.

La sentencia, de la que se dio cuenta en un pleno del Ayuntamiento de Pájara de este pasado mes de marzo, destaca un informe técnico de octubre de 2019 en el que se subraya que “el mantenimiento de las viviendas había sido tremendamente deficiente” y que “no era proporcional a su antigüedad”.

La jueza considera que Gesturpa ha tenido hasta ahora responsabilidad sobre las viviendas

Cuando se elaboró el citado informe técnico, 20 de las 67 viviendas cedidas por Lopesan “seguían ocupadas por sus iniciales arrendatarios y otras tres por personas sin contrato que habrían entrado a la fuerza”, lo que acredita para el Juzgado “la subsistencia y vigencia del contrato inicial”, pese a los años transcurridos desde su teórica finalización en agosto de 2013.

Es decir, ni Gesturpa finalizó de forma fehaciente el contrato con Lopesan, ni ha devuelto de forma “efectiva” las viviendas a la empresa propietaria. “No disponemos de prueba alguna” en ese sentido, señala la magistrada. Tampoco ha gestionado el cobro de los alquileres y el pago del canon, lo que ha generado una abultada deuda en una de las sociedades del Ayuntamiento de Pájara.

“Bandazos”

En la sentencia se resaltan las “contradicciones y bandazos” de la empresa pública a la hora de concretar su postura en el propio procedimiento judicial. A medida que avanzó el pleito, Gesturpa pasó de pedir que se desestimase por completo la demanda de Lopesan pero admitiendo que le adeudaba 452.662 euros, a reconocer que el año pasado tuvo lugar una dación en pago por su parte de 766.794 euros, “que ni desglosa ni concreta a qué fechas o conceptos corresponde”.

En las últimas cuentas de Gesturpa se precisa que se le entregó a Lopesan el “resto no edificado” de cuatro parcelas en la ampliación de Morro Jable, entre las calles Cervantes, Lope de Vega, Pío Baroja y Pérez Galdós, en el Barranco del Ciervo.

El Ayuntamiento lleva seis años tratando de disolver la empresa, un agujero de deudas

El Juzgado da por válida la cantidad de más de 3,3 millones de euros a favor de la compañía de Eustasio López, a la que habría que añadirle intereses. Así, destaca “la enorme labor probatoria desplegada” por la empresa de Lopesan con “documentos que acreditan la deuda y sobre los que no se ha efectuado una impugnación válida”.

La sentencia da por resuelto el convenio de cesión de los pisos del Edificio Centenario suscrito en agosto de 2008, con la “restitución de las viviendas a su legítimo propietario en el mismo estado en que se pactó” en su momento, lo que podría acarrear gastos adicionales para la empresa del Ayuntamiento de Pájara. La propietaria tiene todas las de ganar y el paso del tiempo también le beneficia, porque la deuda seguirá aumentando y el incumplimiento de la devolución en condiciones óptimas supone un “incremento del 20 por ciento del canon en concepto de penalización”.

Sede del Ayuntamiento de Pájara.

Concurso de acreedores

El actual liquidador de Gesturpa, Eugenio Vidal, señala en las últimas cuentas de la sociedad pública que intentó alcanzar un acuerdo con Lopesan, pero desveló que “ésta quiere un acuerdo a tres partes, incluyendo al Ayuntamiento”. Sin embargo, anota que las posturas no se han acercado “lo suficiente para conseguirlo”. La estrategia del grupo empresarial, conocido por su peso en el sector hotelero, tiene su lógica, para comprometer al Consistorio de forma directa en el pago de la deuda.

Los activos que le quedan a Gesturpa son limitados: ya le entregó cuatro parcelas y le quedan en propiedad 112 plazas de garaje, cuatro locales y una vivienda con garaje. Su valor asciende a 1,3 millones de euros, prácticamente un tercio de la deuda que le acaba de reconocer el Juzgado a Lopesan.

El liquidador de la empresa de Pájara pretende ir a concurso de acreedores desde 2022

En la contabilidad de Gesturpa también figuran 558.425 euros de “clientes de dudoso cobro”, que en realidad esconden rentas no cobradas precisamente de las viviendas de Lopesan gestionadas por la empresa pública, que “resultaron impagados en los ejercicios 2013 y anteriores”, y que en la práctica será imposible ingresar algún día. Al contrario de lo que ha sentenciado ahora el Juzgado, la empresa municipal insiste en sus cuentas que el convenio del Edificio Centenario había finalizado en 2013 “y, en consecuencia, la sociedad dejó de gestionar los correspondientes arrendamientos”.

El liquidador señala que Caixabank -la deuda con bancos asciende a 692.893 euros- y Dehesa de Jandía son los principales acreedores de la empresa municipal, pero “cualquier salida negociada se encuentra en punto muerto”. En su memoria, anterior a la sentencia del Juzgado, advertía de que “esperar a la resolución del conflicto por la vía judicial lastraría el pasivo de Gesturpa”.

Por ello, “la salida probable es la presentación de una solicitud de concurso voluntario [de acreedores] con petición de liquidación concursal”. Esa petición de concurso de acreedores ya lo pretendió presentar en 2022, pero se demoró, desvela, porque “se decidió potenciar las negociaciones con Dehesa de Jandía” sobre el conflicto del Edificio Centenario y por el cambio legislativo en materia concursal.