-¿Están encontrando dificultades en los diferentes ayuntamientos por falta de planeamiento actualizado, teniendo en cuenta que solo Puerto del Rosario cuenta con plan, en concreto de 2017, y Pájara lo está aprobando ahora?

-En cuanto a la disponibilidad para construir en los distintos municipios de la Isla, cabe destacar que en La Oliva hay cierta escasez de suelo para promover en materia de edificaciones residenciales cuando en el resto de municipios hay suelo disponible, pero hay paralización de las licencias por motivos administrativos, sobre todo en Puerto del Rosario. En otros municipios donde también llevaban un poco de retraso se han puesto las pilas y, tanto en Pájara como en Tuineje o La Oliva, en un plazo de entre seis meses y un año se pueden obtener reduciendo así la cola de expedientes. Las promotoras pueden obtener las licencias rápido, en torno a un año.

-¿Cuál es el Ayuntamiento en el que más se tarda en conseguir que un proyecto que se presente obtenga licencia?

-En el caso de Puerto del Rosario, existen una serie de prácticas burocráticas internas que producen una ralentización de los expedientes de entre uno y dos años. 

-De ahí la importancia del nuevo convenio que han firmado recientemente con el Ayuntamiento capitalino, ¿no?

-El convenio no es para agilizar las licencias. El acuerdo representa un espaldarazo a la Oficina Técnica. Vamos a sacar adelante ciertas tareas que no son propiamente de obtención de licencias, como licitaciones, pliegos e ideas y otorgar nuevos usos de suelo. La concejala de Obras Municipales, Urbanismo y Planeamiento, Ana María Hernández, tiene muchas ideas, pero le faltan técnicos para que las desarrollen. Nosotros vamos a ayudar a la Oficina Técnica a desarrollar las ideas, pero no los proyectos, de su desarrollo se ocuparán los estudios de arquitectura en cuanto salgan a licitación pública. En cuanto al planeamiento, también hay ciertas dudas de si son o no muy estrictos y nuestra labor será estudiar las ordenanzas y proponer ciertos cambios que contribuyan a agilizar la obtención de licencias.

-¿Cómo se podría agilizar la obtención de licencias?

-Los arquitectos vamos a intentar que los proyectos, una vez lleguen al Ayuntamiento, tengan menos requerimientos. Por su parte, los consistorios tienen que mejorar su flujo de trabajo con menos burocracia y evitar poner reparos en algunos casos absurdos, limitarse a aquellos que representen el interés general, como por ejemplo un proyecto que supera la altura permitida. Creo que los consistorios tienen que ser un poco más flexibles a la hora de conceder las licencias y que las pequeñas subsanaciones se puedan realizar durante la ejecución de la obra. Desde el Colegio de Arquitectos defendemos que se flexibilice la obtención de licencias y los reparos menores subsanables se puedan realizar durante la obra, de cara a no paralizar los expedientes. En algunos casos puede suponer la paralización durante al menos un año hasta que se obtiene la licencia. Mientras envías la notificación, el arquitecto la corrige, la reenvía al Ayuntamiento y vuelve a pasar por la Oficina Técnica son, al menos, seis meses y al promotor se le quitan las ganas de ejecutar la actuación.

-¿Cuál cree que debe ser el margen temporal ideal para la obtención de las licencias de edificación?

-En seis meses deberían estar concedidas las licencias solicitadas. Nos hemos acostumbrado a esperar uno o dos años. Esas edificaciones son beneficiosas para todos: para el promotor, para el arquitecto y para el municipio porque desarrollan la actividad económica. Es posible resolver el expediente en seis meses. 

“Debería haber una limitación del número de casas vacacionales por persona”

-¿Sería conveniente, en ese caso, que los ayuntamientos cuenten con la ayuda del Colegio de Arquitectos para agilizar esos trámites?

-Sí. En su momento firmamos un convenio específico con Puerto del Rosario para la obtención de los visados de idoneidad técnica y urbanística. A través de este acuerdo nosotros, desde el Colegio, realizábamos la supervisión de los expedientes y cuando llegaban a la Oficina Técnica ya solo quedaba dar el visto bueno final en un corto periodo de tiempo, un mes. Pero el visado no se podía otorgar para todos los suelos, solo en los convencionales sin conflicto alguno. Esta fórmula podría volverse a activar en el caso de que hubiera un atasco importante en la Oficina Técnica municipal. Tuvo su justificación a raíz del boom urbanístico anterior a que estallara la burbuja inmobiliaria de 2008. No en vano, justo antes de la que se considera la mayor crisis de la edificación en España, se visaba casi diez veces más que en la actualidad. Aunque ahora parezca que estamos en una época de recuperación nos encontramos más bien en un estancamiento generalizado.  

-¿En qué momento se encuentra el sector de la edificación? Hablaba de un estancamiento generalizado, pero desde fuera se tiene la sensación de que está reactivándose porque se ve más movimiento de grúas

-Tenemos más visados que en el año anterior, pero con respecto a antes de 2008 estamos a un 60 por ciento de aquel momento, aunque tampoco era una situación normal, por eso se le denomina “burbuja” a esa etapa que atravesamos, todo ello alentado por los bancos que concedían con gran facilidad las hipotecas pensando que nunca se iba a derrumbar el sector y, sin embargo, quebraron. No contabilizamos cuántos estudios de arquitectos cayeron, pero sí que tuvieron que reducir al mínimo su personal quedándose solo con un arquitecto. Ahora mismo, la situación ha mejorado. Estamos llegando a un estado de crecimiento de la reforma hotelera, después del Covid. También se está construyendo mucho a nivel de vivienda vacacional. Principalmente, en Lajares, La Oliva, en el norte de la Isla, así como en Antigua y Tuineje, aunque menos. Con las medidas de los fondos NextGeneration se ha establecido una serie de subvenciones para la rehabilitación de viviendas, pero como es compleja la burocracia no ha tirado tanto del sector residencial como se pensaba. En general están mejorando las cifras. Además, a raíz del decreto ley aprobado el pasado mes de febrero se han puesto en marcha una serie de medidas urgentes para la creación de vivienda protegida. Proponen muchas medidas para la liberalización del suelo en este sentido.

-¿Qué opina del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa actualmente el Archipiélago, aprobado por el Gobierno de Canarias? ¿Ayudará realmente a la edificación de vivienda residencial?

-Hay una serie de medidas interesantes, como son cambiar suelo dotacional a residencial destinado al ICAVI (Instituto Canario de la Vivienda). Desde el punto de vista público y privado intenta promover el cambio de uso de los edificios para dotar de más vivienda a Canarias, como las oficinas que pueden pasar a ser de uso residencial al hilo de la preocupación por la emergencia habitacional. Lo veo positivo, pero todos los decretos ley de medidas urgentes no dejan de ser más que un parche para tapar una situación que deberían haber previsto con anterioridad. Inciden en que el sistema administrativo es tan burocrático que al final tiene que tender a una normativa especial para agilizarlo cuando deberían hacer el sistema, en general, más ágil y sin tantas trabas burocráticas. En definitiva, que sea más flexible. En España hay un sistema legislativo muy denso que hace que todo en la administración transcurra de forma lenta y eso no favorece la economía y acaban tirando de una ley de medidas urgentes.

“En seis meses ya debería estar disponible la licencia urbanística”

-¿En materia de vivienda social, tienen alguna propuesta desde el Colegio de Arquitectos para resolver esta emergencia habitacional?

-El problema es que el precio del suelo es alto porque mucha inversión proviene de compradores extranjeros con alto poder adquisitivo y pueden abonar estas cuantías. Si la forma de controlar esos precios es que el Estado entre como promotor de vivienda social para regular el valor del suelo podría ser una opción. Es un tema complejo. Tampoco podemos construir vivienda para todos los habitantes de la Isla. El concepto es proteger a las clases más desfavorecidas. En Corralejo salió un concurso para 81 VPO (Vivienda de Protección Oficial), hay otra iniciativa de en torno a 40 viviendas sociales en Puerto del Rosario del ICAVI, que estarán disponibles en tres o cuatro años, no antes. También se va a proceder a la rehabilitación de viviendas sociales, pero el ritmo de la construcción no es suficiente para compensar la demanda y hay que establecer otras medidas.

-¿Entre esas medidas se ha propuesto el aprovechamiento de edificaciones ya iniciadas y paralizadas en su momento para conferirles un uso residencial?

-Sí, el decreto ley establece que suelos urbanizables u obras en construcción que han sido paralizadas se pueden destinar a vivienda. La medida consistirá en favorecer las políticas para incentivar que esos edificios inacabados puedan dotarse de uso. Es el caso de las viviendas de Playa Blanca en Puerto del Rosario, por ejemplo. No se concluyeron nunca y el Ayuntamiento no ha proveído la forma de concluirlas y ahora se están ocupando, con la imagen contraproducente que eso supone. El promotor no solo tiene que hacer frente a la posibilidad de tener o no licencia, quizá con el nuevo decreto ley se pueda hacer, pero además tendrá que pactar con los actuales ocupantes de los inmuebles. Se plantea un problema tanto desde el punto de vista social como de vivienda.

-¿Pero, creen desde el Colegio que es positiva la intervención de la Administración para que este tipo de inmuebles puedan reactivarse?

-Sí. Pero teniendo en cuenta que si están paralizadas es por alguna causa justificada. Seguramente, la mayoría provienen de la crisis de 2008. Los promotores no pudieron concluir las edificaciones por temas económicos o por otro motivo, y han sido absorbidas por el banco malo u otra entidad financiera, sin que tampoco pudieran hacer frente a su finalización, imaginamos que por un problema de licencias. Ahora los ayuntamientos u otras administraciones deben agilizar el procedimiento para ponerlas en funcionamiento.

-¿Cómo ven desde el Colegio el fenómeno del uso vacacional-turístico de viviendas en Fuerteventura y cómo se debe, en su caso, regular?

-Hay que regularlo, por supuesto. En general, el alquiler vacacional promueve la economía local. Hay muchas familias majoreras que tienen casas en el campo y ahora las han recuperado. También se alimentan de este sector los trabajadores de la limpieza y comercios locales. El dinero se queda en la economía local, frente al sector hotelero. Pero debería haber una limitación de casas vacacionales por persona para evitar la explotación turística. Empresas hoteleras están dejando los hoteles para invertir en resorts vacacionales para beneficiarse de este sistema, que ellas mismas pervierten.

“Para flexibilizar las licencias, algunos reparos se pueden subsanar en ejecución”

-Como nuevo decano del Colegio de Arquitectos de Fuerteventura ¿se ha marcado unas pautas a desarrollar en esta etapa?

-El interés del Colegio es promover la arquitectura y el urbanismo en la Isla y nos preocupa mucho que no se considere a los arquitectos su buena labor y el convenio firmado con Puerto del Rosario venía a visibilizar nuestro trabajo y los buenos proyectos.

-¿Qué visión tiene el Colegio de Arquitectos para la Fuerteventura actual desde el punto de urbanístico, cómo podría mejorar su imagen, habría que mejorar el planeamiento actual?

-El urbanismo trata de proveer la mejor ordenación del suelo para que convivan medio ambiente y población. A partir de ahí no podemos olvidar que Fuerteventura vive del turismo. Hay una moratoria turística por la que solo se pueden construir hoteles de cuatro y cinco estrellas. Esa política es interesante. Es decir, promover que la Isla tenga un turismo de calidad, eso ya está hecho. Luego está el tema residencial. Para los promotores no es rentable construir por el aumento de los precios de la vivienda por las dificultades de obtener licencias, la carestía de los materiales y la menor capacidad económica de la población. La paralización de la vivienda residencial es un problema que no se subsana con la disponibilidad de más suelo. Y en materia turística se está controlando el suelo para que no se expanda el sector, lo que está siendo compensado con la vivienda vacacional que al mismo tiempo compensa esa carestía del precio de los hoteles. Hay que plantearse cómo hacer más rentable la promoción residencial y mejorar la vivienda actual. No creo que sea un problema en sí de planeamiento.

-¿Qué propuestas realizan desde el Colegio de Arquitectos para una Fuerteventura más amable y accesible desde el punto de vista urbanístico?

-El planeamiento urbanístico debe promover el desarrollo económico de la región planteado siempre desde el interés general. En la visión a largo plazo debemos proteger el medio ambiente y los paisajes de Fuerteventura, dado que es el sustento de nuestra actividad económica, el turismo. En el medio plazo, desarrollar todos nuestros instrumentos de planeamiento para incentivar las figuras de: no hacer, rehacer y deshacer. No hacer: cómo replantear ciertos desarrollos que no se han ejecutado. Rehacer: cómo peatonalizar y renaturalizar el urbanismo actual y deshacer: cómo demoler estructuras inertes. Y en el corto plazo, agilizar procesos burocráticos en la concesión de licencias para reactivar la economía. El planeamiento debe asumir las nuevas sensibilidades. Un urbanismo con criterio de género, accesible y poshumano, ya que no somos la única especie y debemos promover los espacios para el desarrollo del resto de ecosistemas. Por último, mediante el planeamiento y urbanismo es importante generar una Identidad para Fuerteventura, mediante su respeto al paisaje y la arquitectura. Que los habitantes se sientan orgullosos de su Isla.