-El nuevo Gobierno de Canarias del que forma parte ha anunciado una revisión de la Ley del Suelo, considerado el proyecto legislativo estrella de Fernando Clavijo en su anterior etapa en la Presidencia. Cuando se aprobó, hace más de cinco años, se argumentó que venía a agilizar el panorama urbanístico y el planeamiento. Se descentralizó con los órganos ambientales de cabildos y ayuntamientos, pero en Fuerteventura realmente solo funcionan los de Cabildo y Pájara, y en Lanzarote no se ha creado ninguno… ¿Qué ha fallado de esta Ley?

-Lo que falló fue la aplicación. Fue demasiado ambiciosa y creímos que las administraciones locales estaban preparadas para afrontar todo lo que contenía y contiene ese texto legislativo. A eso se suma que durante los últimos cuatro años, con el anterior Gobierno, no ha habido interés en que se aplique. Nuestro empeño es seguir racionalizando la normativa e intentar evitar duplicidades, como por ejemplo con el suelo rústico y de uso agrario. Este proceso de revisión no queremos que sea solo una iniciativa del sector público, con el Gobierno a la cabeza, y la oposición, sino que intervengan los afectados y desde el ámbito privado. Lo importante es que los ayuntamientos, que en gran medida tienen que aplicar la norma, se sientan acompañados.

-En Fuerteventura, por ejemplo, en los últimos años solo ha salido el Plan General de Puerto del Rosario [antes de la Ley del Suelo] y se está aprobando, por partes, el de Pájara. ¿En qué se podría modificar esta Ley del Suelo de Canarias para que fuese más efectiva para una corporación local?

-Hay cuestiones prácticas, como la interpretación de la normativa, que es uno de los problemas que se dan. Eso no puede ser un obstáculo. También hay duplicidad de estrategias y vamos a intentar evitarlo.

-La utilización de la fórmula de la declaración de interés insular para el parque temático Dreamland, en suelo rústico junto al Parque Natural de las Dunas, generó un intenso rechazo social y puso el foco en cómo se puede utilizar, en beneficio particular, una vía en principio excepcional para iniciativas de interés general. ¿Habría que modificar la Ley también para que las Islas dejen de ser vistas como un tablero en el que juegan los promotores?

-Hace falta que el texto legislativo sea más exacto, se debe precisar qué es interés general y a quién beneficia. Hay que seguir profundizando en el concepto, que esté perfectamente definido. Y la aplicación tiene que ser bastante comedida. Las medidas excepcionales tienen que estar muy bien aquilatadas y ser muy precisas. Esa es una de las líneas de trabajo en la que vamos a incidir. Para evitar que por esa vía entren proyectos de dudoso interés general.

“Seguramente una Ley recogerá la delimitación del asentamiento rural de Cofete”

-Se ha generado cierta polémica en este arranque de año ante la posibilidad de abrir la mano para que se pueda construir viviendas en suelo rústico. ¿Es necesario hacer eso en Canarias, no basta con el suelo urbano y urbanizable que está ya definido?

-Hay que circunscribir este tema y la posible excepcionalidad, a La Palma, en suelo que era urbano antes de la erupción volcánica, pero evidentemente no se puede generalizar. Canarias tiene suelo urbano y urbanizable suficiente para no tener que utilizar el suelo rústico para la construcción de viviendas. Es verdad que existe una necesidad de desarrollo de los planeamientos municipales porque hay una demanda de viviendas sociales. En el caso de que se necesite echar mano de forma excepcional de suelos urbanizables habría que analizarlo, pero tendría su justificación porque existe un problema habitacional en ciertas zonas de las Islas. Pero en suelo rústico no, debe ser preservado.

-El mapa del planeamiento en las islas orientales es complejo: La Oliva, por ejemplo, sigue con las Normas Subsidiarias, al igual que Tuineje… y en Lanzarote sucede lo mismo con San Bartolomé y Arrecife lleva dos décadas para actualizar su Plan General. ¿Hay manera de que la elaboración de un planeamiento no se eternice y se convierta en un puzzle que nunca encaja?

-Lo primero es que hay que ser conscientes de qué potencial real tienen los ayuntamientos, desde el punto de vista administrativo y técnico. Esa es la primera cuestión y es donde la Administración tiene que tomar conciencia de que las oficinas de planeamiento no son un departamento más. Realmente, ahí está el futuro de cada municipio y sus posibilidades de mejora. Pero no se le da la importancia suficiente. Hay que empezar por fortalecer las estructuras, tanto de los ayuntamientos como de los cabildos, que no es algo fácil en el corto plazo. En segundo lugar, cada institución tiene que ver cómo elaborar y aprobar su planeamiento, y si es más conveniente usar medios propios, como puede ser en la mayor parte de los casos la empresa pública Gesplan o sacar los planes generales a licitación. La Ley de Contratos supuso un parón y hace falta continuidad, en los objetivos y las estrategias de cada institución. Eso no se consigue de otra manera que no sea a través del consenso, porque estamos hablando de instrumentos cuya elaboración y aprobación se prolonga habitualmente más allá de un mandato, por lo que no deberían afectar los posibles vaivenes políticos. En 2015, en el Cabildo estuvimos a punto de la aprobación provisional del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), el paso previo a la aprobación definitiva, pero ahí se quedó. Luego entró una nueva Corporación y luego otra… Hace falta negociación, consenso y estructura para afrontar procesos de este tipo. Sin negar, eso sí, que hay puntos del marco legislativo territorial que son mejorables.

“Puerto del Rosario no se puede condicionar por una barrera de parques fotovoltaicos”

-En cuanto a la figura de los planes de modernización, en las zonas turísticas, especialmente en áreas obsoletas, han servido para que salgan adelante proyectos pero quizás sin una visión integral. En Fuerteventura se aprobó en 2022 el segundo Plan de Modernización de Caleta de Fuste y  en Lanzarote se está tramitando el tercero de Puerto del Carmen… ¿Es una herramienta urbanística efectiva?

-En el ámbito turístico, este Gobierno defiende la posición de más calidad frente a más cantidad. En ese sentido, los planes de mejora y modernización turística son una herramienta importante y adecuada, para dar una respuesta a necesidades en estas zonas. En Puerto del Carmen, por ejemplo, la respuesta que ha habido por parte del empresariado ha sido brutal. Había muchos empresarios comprometidos con participar y nos pedían que el Gobierno se implicara a fondo porque lo ven como una necesidad y oportunidad. [El Ayuntamiento cuantifica en 300 millones la inversión prevista si se desarrollan todos los proyectos]. Por eso, creo que los planes de mejora y modernización turística están en pleno vigor, en el sentido de que hay demanda. Su utilidad está clara: en el caso de Corralejo, con el Plan de Modernización, se recualificó buena parte del alojamiento y se remozaron complejos turísticos. Es fundamental apostar por esa línea de renovación.

-La empresa Gesplan, que está adscrita a la Consejería de Política Territorial que dirige, está elaborando unos 14 instrumentos de planeamiento de Fuerteventura, buena parte de ellos de ordenación de espacios naturales protegidos, como el Parque Natural de Jandía. ¿Se regularizará la situación de Cofete, donde se han producido condenas de prisión por obras en el pueblo?

-Estamos valorando plantear una normativa que establezca una delimitación del pueblo de Cofete. Aunque ha tenido, desde siempre, un reconocimiento popular como asentamiento rural, esa consideración no está plasmada en la normativa. El primer paso es llevar a cabo una delimitación física y, luego, presentaremos una iniciativa parlamentaria para regularizarlo. Se está analizando la figura apropiada, pero seguramente será una Ley que se apruebe en lectura única [un procedimiento legislativo especial para acelerar su aprobación], que recoja la delimitación del asentamiento rural de Cofete. Hay cartografía y documentación de mediados de los años 90, con una delimitación básica. Es innegable que, históricamente, Cofete es un núcleo poblacional. Se hará un perímetro, con la finalidad de respetar lo que ha sido Cofete, pero tampoco queremos ser expansivos.

-¿Hay algún tipo de colaboración entre la Consejería de Política Territorial y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para dar encaje a las urbanizaciones inconclusas o no recepcionadas, como las del entorno de Playa Blanca?

-En el pasado mandato, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, del que era concejal, estuvimos esperando por un informe de Gesplan sobre esas urbanizaciones... La solución no es fácil, todos somos conscientes de ello. Hay mucho derecho consolidado, pero también hay unas obligaciones urbanísticas que cumplir. Se hace necesario conjugar tener unas urbanizaciones en condiciones, que es el caballo de batalla, con el coste para los ciudadanos. Me consta que el Ayuntamiento está en contacto con la Dirección General de Ordenación del Territorio para intentar desbloquear el planeamiento, intentando limitar los costes a los ciudadanos, pero tenemos que ser conscientes de que esas urbanizaciones no pueden ser costeadas al completo por las administraciones públicas. El problema está en que los promotores originales han desaparecido y quienes han ido comprando son particulares que están pagando sus impuestos. Habrá que arbitrar fórmulas y buscar una solución.

“Hay suelo urbano suficiente para no tener que utilizar el rústico para viviendas”

-La implantación de instalaciones energéticas ha generado polémica porque se ha venido utilizando una vía excepcional, la de la declaración de interés general de proyectos eólicos y fotovoltaicos privados. Recientemente, se dejaron sobre la mesa del Consejo de Gobierno de Canarias tres plantas fotovoltaicas, en las inmediaciones del barrio capitalino de Majada Marcial. Siendo prácticos, ¿cómo se pueden establecer límites y ordenación?

-Lo primero de lo que hay que ser consciente es de que el planeamiento de Fuerteventura no abordaba ni regulaba la implantación de las energías renovables. Hay que ser capaces, con el consenso de todas las fuerzas políticas, de diseñar un mapa para ordenar las instalaciones energéticas, porque estamos hablando, otra vez, de decisiones que tienen efectos a largo plazo. No hay soluciones mágicas. Y también hay que ser conscientes de que existe una obligación de descarbonizar la actividad económica y humana, lo que significa la implantación de renovables. La comunidad autónoma, en los últimos años, ha utilizado ese artículo 6 bis [de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias], pero en Fuerteventura hay una sensibilidad especial de que no se debe usar de forma extensiva y sin tener en cuenta otros condicionantes. Es lo que sucede con esos tres proyectos fotovoltaicos que mencionaba. Se estima que hay otros intereses públicos potentes en juego, como es el futuro de Puerto del Rosario, que no se puede ver condicionado en su expansión, si fuera necesaria en las próximas décadas, por una barrera de parques fotovoltaicos. ¿Cuál es la situación? Desde el Gobierno se está instando a las instituciones de Fuerteventura a que consensuen una propuesta de ordenación, para tenerla como base.

-Imagino que una solución similar es extrapolable a Lanzarote, ya que ambas islas forman un único sistema eléctrico…

-Lanzarote no tiene la misma presión empresarial en cuanto a la presentación de proyectos y cuenta con unas circunstancias distintas, como que no está desarrollada la línea de 132 kilovoltios. En Fuerteventura esa línea ya está actualizada y, de hecho, está garantizando el suministro eléctrico a Lanzarote. Por eso hay una presión añadida por el suelo, pero esto no puede significar asentar instalaciones renovables en cualquier sitio. Creo que hay voluntad de que esto no se salga de madre y limitar el uso exagerado que se ha venido dando del artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico.

-Fuerteventura está en emergencia hídrica y han sido recurrentes durante los últimos años los problemas en el suministro. En el caso de Lanzarote también se han dado restricciones. El presidente del Cabildo lanzaroteño, Oswaldo Betancort, planteó que era necesaria una inversión de en torno a los 90 millones de euros, pero luego esas cuantías no se ven reflejadas en los presupuestos... ¿no se está desatendiendo una necesidad?

-No estoy de acuerdo. Una de las cuestiones planteadas con los cabildos es que hay que incidir en tener los proyectos redactados, con cesión de suelo y aprobación ambiental, y luego ya se puede abordar la financiación. Por experiencia, lo primero son los proyectos. Para ambas islas hemos dejado una ventana abierta en el presupuesto autonómico de 2024, que se puede modificar. La financiación puede proceder de varias fuentes, y también están ahí el FDCAN, los fondos europeos o del Estado. Hay recursos económicos para, en un plazo razonable, actualizar las infraestructuras hidráulicas de Fuerteventura y Lanzarote, pero lo prioritario es contar con los proyectos. El Cabildo majorero evaluó en 30 millones las obras necesarias en una primera fase, y ya han sacado obras valoradas en 18 millones.