A finales de julio la isla de La Gomera se vio afectada por una avería en su central eléctrica que supuso un apagón eléctrico durante más de 24 horas. Como no podía ser menos tal situación puso, lamentablemente, a La Gomera en el centro de la diana informativa: medios de aquí y de allá pusieron en primera plana la noticia por lo inaudito y grave del asunto. Pero por alguna extraña circunstancia los apagones eléctricos tienen una trascendencia informativa que no le es concedida a los apagones del agua de abasto. En Fuerteventura muchas localidades llevan más de una semana sin agua; algunas de esas localidades han tenido apagón hídrico durante más de 45 días en lo que va de año. Esta situación lamentable, injusta e insoportable que afecta a miles de residentes de Fuerteventura no es percibida por la población en general, ni por los medios de comunicación ni por supuesto por la clase política canaria como una vulneración de un derecho humano básico.

En el año 2010 la Asamblea de General de las Naciones Unidas aprobó el derecho al agua como un derecho humano esencial para el disfrute de la vida y para que otros derechos humanos derivados de su cumplimiento puedan garantizarse. En el año 2023 ese derecho humano no está garantizado en Fuerteventura.

Imaginemos que mañana llevamos a nuestros hijos e hijas al colegio o al instituto. Pero, sin ninguna explicación previa, se encuentra con la escuela cerrada. Nadie le da explicaciones de por qué el derecho a la educación ha sido, de repente, suspendido. Para mayor afrenta alguien ha puesto un cartel en la entrada de los centros en el que reza que, durante al menos 72 horas (tres días), los padres y madres deben de buscarse la vida para que sus descendientes sigan aprendiendo.

Otro escenario. Usted tiene una cita médica programada o una visita a urgencias derivada de un accidente o de una enfermedad repentina. Cuando llega al centro de salud o al hospital se los encuentra cerrados. Alguien dotado de humor negro tuvo a bien poner en la puerta de esos lugares que durante 72 horas usted debería acudir a la automedicación o a algún curandero.

Imaginemos que ambas situaciones que afectan a los derechos a la educación y a la sanidad se prolongan más allá de las 72 horas y que se repiten sistemáticamente a lo largo de los últimos años, ¿no estaríamos, como mínimo, pidiendo responsabilidades?, ¿el clima social sería tan plácido como el que vivimos en esta isla cuando se nos supende el derecho básico al agua?

El organismo que debe velar por el cumplimiento del derecho al agua es el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF). El Consejo de Administración está compuesto por la presidenta y vicepresidente del Cabildo y por los alcaldes y alcaldesas de todos los ayuntamientos de la isla. Además, el CAAF cuenta con un consejero delegado en la figura del gerente, cargo también designado por el Cabildo, institución que también tiene un Consejero de Aguas. Todas estas personas son las máximas responsables, por acción o por omisión, de que estemos padeciendo la sequía doméstica, de que se esté vulnerando este derecho humano. Bueno, este Consejo de Administración y todos los anteriores que han formado parte del mantenimiento y gestión de un organismo cuyas actuaciones pasadas han generado el caos actual. Un organismo absolutamente ineficaz que, mucho nos tememos, no pasaría con suficiencia una auditoría externa —ni técnica ni económica— de su desastrosa gestión. Por cierto, no consta ninguna dimisión de cargo alguno a lo largo de su oscura existencia.

Tengo un vecino de cierta experiencia y conocedor de los padeceres históricos con el suministro de agua en Fuerteventura que está convencido de que la única posibilidad de que esto se arregle es trayendo a ingenieros y trabajadores de China. Otro, sin duda llevado por la pasión y el disgusto, afirma que si esto sucediera en Grecia o en París ya estaría saliendo humo en la Casa Palacio. Y una amiga me recuerda que en el Parque Tecnológico sostienen que están lanzando satélites para el mundo mundial mientras que el pueblo de El Time, colindante, lleva cinco días sin agua.

Creo que esas tres personas tienen, ironías aparte, su dosis de razón. Lo que es seguro es que la ineptitud de los gestores del CAAF es directamente proporcional a la bendita paciencia de este pueblo.