-¿Qué esperan de este juicio por un caso tan mediático como el del casco viejo de Corralejo?

-Que se haga justicia y los acusados paguen por sus hechos. Es un juicio complejo, no sólo por los hechos que se enjuician, que suponen una estafa inmobiliaria que afecta a todo un pueblo, sino también por el número de procesados y enjuiciados, a los que se pide pena de prisión. Se han reservados varias sesiones para el juicio, pero puede acelerarse. En el supuesto caso en el que no se presentaran se les pondría en busca y captura por las elevadas penas. Es un juicio polémico porque la propia Justicia ya ha dado la razón a los vecinos, que han ganado por la vía civil la propiedad de sus viviendas, con más de un centenar de sentencias a su favor. La Justicia ha destapado la maniobra empresarial orquestada con fines especulativos y dirigida por José Manuel Jiménez del Valle, principal acusado, que junto a terceras personas, la mayoría de su confianza, usaron empresas fantasma y sin actividad con el fin de arrebatar las viviendas a los vecinos del casco viejo, que eran los legítimos propietarios.

-¿Cómo se hizo?

-Los especuladores buscaron las casas mejor localizadas y con mayor valor, registraron las viviendas en el Registro de la Propiedad como si fueran suyas, y se vendieron a terceras empresas, muchas de ellas radicadas en Madrid, Salamanca o Gerona. Gracias a la investigación vecinal y a la creación de una plataforma con unos portavoces que han analizado cada detalle de las operaciones, se ha podido descubrir un entramado de ingeniería empresarial ideado por Del Valle y gente de su entorno para dar apariencia lícita a unas operaciones fraudulentas. Pusieron nombres ingleses a todas esas empresas españolas, la mayoría sin actividad, radicadas en diferentes puntos del país. Lo curioso es que si vas a comprar una casa o una finca primero te interesas por ella, su situación, localización y no realizas operaciones a ciegas.

-¿Todo este entramado podía haberse frenado si no se conceden las licencias de segregación por silencio administrativo en el Ayuntamiento de La Oliva?

-Sí, un hecho impepinable es que se presentaban licencias de segregación en el Ayuntamiento de La Oliva, que no fueron rechazadas, y quedaron aprobadas por silencio administrativo positivo, dando vía libre a continuar con todas esas operaciones inmobiliarias. Van 118 sentencias dictadas en los tribunales a favor de los vecinos del casco viejo en estos 20 años.

-¿Qué se pretende conseguir ahora con la vía penal tras ganar todos los juicios en la vía civil?

-Que los culpables paguen por sus actos, que se haga justicia y el pueblo pueda descansar. Hay un componente civil, pero hay un importante componente penal por los daños ocasionados a los vecinos. Es una cuestión que va más allá de lo civil, porque se ha actuado de mala fe. Han vendido propiedades a sabiendas de que no eran suyas, han vendido como solares casas con sus legítimos propietarios dentro, y además han querido obtener un beneficio económico. Hay muchos matices que indican que se debe analizar en la vía penal. Es un juicio complejo, pero los hechos están claros y hay unos autores que organizaron ese entramado inmobiliario fraudulento.

“Los especuladores buscaron las casas mejor localizadas y de más valor”

-Es un caso que parece de película, con bancos implicados en las operaciones inmobiliarias, créditos impagados, empresas sin actividad mercantil que compran casas sin saberlo sus dueños, estafadores y víctimas. ¿Cómo se pudieron conjugar todos estos elementos?

-Sinceramente, podría haberse convertido en algo peor, con un pueblo teñido de sangre, con vecinos que salen a matar a los que quieren quitarles sus casas, que han levantado con mucho trabajo. El comportamiento vecinal ha sido ejemplar, junto a la investigación de los portavoces del comité de afectados. Ha sido una suerte poder destapar toda esta maniobra especulativa, porque efectivamente se aprobaron créditos hipotecarios por viviendas que no eran suyas y que dejaron de pagar. Diferentes bancos concedieron 100.000, 400.000, 600.000 y hasta 1,3 millones de euros, que se dejaron de pagar y, que sepamos, las entidades no han emprendido acciones judiciales por esta estafa. Considero que hubo dos víctimas: los vecinos y también los bancos en esta trama inmobiliaria que vuelve a los tribunales.