El comité de afectados del casco viejo de Corralejo ha desvelado este viernes que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Luis Hernández, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por un presunto delito de estafa.

Según indica la asociación, Luis Hernández “con ánimo de lucrarse de lo ajeno” vendió una casa de un vecino del pueblo de Corralejo que tenía sentencia favorable sobre la vivienda. Se trata de la conocida popularmente como la casa de los cazadores, con casi un siglo de antigüedad.

Luis Hernández, actuando como apoderado de la empresa Trading Development Fuerteventura, “se atribuyó falsamente la propiedad a pesar de ser conocedor” de que el inmueble “pertenecía a sus legítimos propietarios, habiendo sido así expresamente declarado en sentencia firme” en un procedimiento judicial en el que intervino el propio Hernández, “por medio de otra entidad de la que era administrador, Bloques Canarios SL”.

El comité de afectados del casco viejo de Corralejo resalta en un comunicado que esa sentencia sobre la titularidad de la vivienda se remonta a julio de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número dos de Puerto del Rosario, ratificada en julio de 2016 por la Audiencia Provincial.

En aquel procedimiento por la vía civil “se declaraba que los vecinos del casco viejo de Corralejo eran los legítimos propietarios de la vivienda”. Por su parte, Luis Hernández tramitó la propiedad del inmueble, que no le pertenecía, “a otra sociedad suya, Parques Energéticos Canarias SL, de la que resulta ser su administrador único, por dación en pago de una supuesta deuda, con el objeto de crear artificiosamente la figura de tercero de buena fe registral y oponer tal condición a sus legítimos propietarios”.

Se presentó una denuncia y ahora la fiscal María Teresa Espino Sosa ha formulado escrito de acusación contra Luis Hernández, por un presunto delito de estafa o, de forma alternativa, de un delito de alzamiento de bienes.

El Ministerio Fiscal pide que se imponga a Luis Hernández cuatro años de prisión por un delito de estafa o, alternativamente, la misma pena de cárcel si se considera que incurrió en alzamiento de bienes.