Es la mesa donde se toman las decisiones en los puertos de interés general de la provincia oriental, donde se controla un mastodonte con 762 millones de euros de patrimonio, que ingresó 79 millones el último año y cerró el ejercicio con unos beneficios antes de impuestos de más de 32 millones de euros. Es también el lugar en el que se acuerdan las inversiones que luego se plasman en el presupuesto general del Estado: 56 millones en el de 2023, de los que casi 12 le correspondían a Fuerteventura, aunque las obras no han comenzado. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas es uno de los principales centros de poder de la comunidad autónoma.

De ese sanctasanctórum del ecosistema político y empresarial de las Islas se ha excluido al Ayuntamiento de Puerto del Rosario después de más de 16 años. El grupo de gobierno liderado por el nacionalista David de Vera está intensificando la presión, a escala institucional y, si no se revierte el “desagravio”, también a nivel político, en lo que puede convertirse en una bomba de relojería para el nuevo presidente autonómico, Fernando Clavijo.

En el consejo de administración de la Autoridad Portuaria se sientan representantes designados por el Gobierno regional, por el Ejecutivo central y por las organizaciones empresariales. Los tres cabildos de la provincia tienen el asiento garantizado y los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Arrecife también son miembros natos. Pese a la relevancia de la actividad portuaria para la capital majorera, esta diferencia de trato con los citados ayuntamientos no se ha corregido.

No es la primera vez que surge la queja: en 2016 el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ya exigió tener representación directa en Puertos de Las Palmas. En aquel momento, el entonces alcalde Nicolás Gutiérrez era miembro gracias al Gobierno de Canarias, al igual que la majorera Ornella Chacón, que era la consejera de Obras Públicas, y Blas Acosta representaba al Cabildo. No se le hizo caso y ahora el contexto es mucho más desfavorable: Fuerteventura solo tendría voz y voto a través del Cabildo que preside Lola García.

En la pasada legislatura, los cuatro representantes del Gobierno eran dos consejeros del Ejecutivo (el de Obras Públicas, Sebastián Franquis, y la de Economía, Elena Máñez), el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el primer edil de Puerto del Rosario, Juan Jiménez.

El Gobierno encabezado por Fernando Clavijo ha cambiado de forma significativa el guion: ha nombrado a dos consejeros (el vicepresidente y líder del PP, Manuel Domínguez, y el de Obras Públicas, Pablo Rodríguez), pero ha dejado fuera a los dos ayuntamientos.

Así, ha dado entrada al directivo de una empresa del grupo Boluda y miembro de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport), Airam Díaz, y ha trascendido el nombre de María Fernández, exdiputada en el Congreso y consejera de CC en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, un perfil nada habitual, ya que ni es profesional del sector ni representa a ninguna institución. En las pasadas elecciones generales, Fernández fue la candidata de CC al Congreso por la provincia oriental y la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, fue la candidata de Coalición al Senado por Gran Canaria.

El Ayuntamiento ya ha enviado dos peticiones por escrito al Gobierno canario

El mes pasado, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario envió dos cartas. La primera, el 2 de agosto, dirigida a Fernando Clavijo, a su consejero de Obras Públicas y a la nueva presidenta de Puertos de Las Palmas. En la misma se mostraba el “malestar” con la decisión del Gobierno de dejar fuera a la capital majorera de la Autoridad Portuaria. “Una decisión errónea”, habida cuenta de que en las legislaturas anteriores había contado con representación en este órgano, se señalaba en la misiva. También se destaca que el muelle de Puerto del Rosario es uno de los cuatro de la provincia catalogado de interés del Estado y el único en Fuerteventura.

El 21 de agosto se repitió la queja del Ayuntamiento, avalada por el “acuerdo unánime entre los sectores económicos de la isla de Fuerteventura”, entre ellos la Cámara de Comercio, la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario, las patronales turísticas Asofuer y Excelfuert, así como las agencias de aduanas y transportes Hijos de Eulogio Domínguez y Logística Pedrín.

Se pidió “revocar” los nombramientos y, sin especificar quién tenía que salir, se reclamó que se diese entrada al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. En el Consejo de Gobierno del 28 de agosto se volvió a hacer oídos sordos a la petición majorera.

Reivindicación

Si la situación no cambia en septiembre, es previsible que la polémica engorde tanto a nivel público, en el Parlamento de Canarias, como en el ámbito interno de Coalición Canaria. Los nacionalistas majoreros se han mostrado muy críticos con la decisión de Clavijo, precisamente cuando han recuperado la alcaldía de Puerto del Rosario para uno de los principales rostros de la formación, David de Vera.

El alcalde escenificó en una rueda de prensa en pleno mes de agosto la reivindicación de que Puerto del Rosario forme parte del organismo: la capital majorera “ha ido creciendo con el paso de los años, pero eso no ha ido de la mano de las inversiones directas en la actividad económica que debe generar esta infraestructura y es ahí donde deben estar representadas las principales instituciones de la Isla”.