La Fiscalía de Las Palmas pide hasta tres años de prisión y multas de 21.000 euros para cuatro personas a las que acusa de cometer delitos contra el medioambiente a raíz de una industria de extracción en la montaña Caldera de Liria, en Tuineje, Fuerteventura.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso EFE, estas cuatro personas han explotado desde el año 1982 aproximadamente y hasta la actualidad "un complejo minero industrial en suelo rústico", lo que ha provocado una afectación al territorio de 420.000 metros cuadrados de extensión.

Este complejo de extracción consta de una mina a cielo abierto e instalaciones anejas, muchas de las cuales carecen, según el escrito, de las licencias y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la actividad.

Esas actuaciones, abunda, "no son susceptibles de legalización y han provocado una destrucción geológica irreversible".

Dos de los acusados son los titulares del derecho minero concedido por el Gobierno de España en 1976 además de propietarios de los terrenos en los que se ha desarrollado la actividad presuntamente fraudulenta, mientras que los otros dos eran el encargado de llevar a cabo de manera efectiva la explotación y un ingeniero de minas que actuaba como director técnico de la misma desde sus inicios y hasta 2016.

Además de estas cuatro personas, la fiscal Clara Serrano, recientemente nombrada delegada de la sección de Medioambiente y Urbanismo a nivel provincial, también acusa a dos empresas, Transgoro S.L. y Maquinaria La Rosa S. L., propiedad de uno de los procesados.

A ambas mercantiles solicita que se le impongan multas de 16.200 euros.

Además, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, la fiscal interesa que las cuatro personas acusadas, de manera solidaria, repongan la realidad física alterada a su estado original, por lo que deberán presentar para ello un proyecto de restauración que revierta, o al menos compense, los impactos causados en el terreno.

Estos impactos "irreversibles e irreparables", detalla la Fiscalía, consisten en "haber desmantelado el volcán en gran medida, habiendo desparecido completamente su forma cónica quedando una superficie aplanada, con el consiguiente gran impacto visual".

También se ha puesto en peligro la supervivencia de una especie amenazada, el guirre, que tiene una zona de nidificación en la propia caldera de Liria, y en riesgo otras especies de flora y fauna igualmente protegidas.

La Fiscalía considera que las actividades que llevaron a cabo los acusados se extendieron más allá de lo que inicialmente se les había autorizado, entre ellas la extracción en una mina a cielo abierto, desde al menos el año 1982, de picón y arena volcánica, así como de basalto y traquita, materiales que no estaban comprendidos en la licencia.

Pero también se instaló entre 1982 y 1987 una planta de trituración y clasificación de áridos fija; una cernidera para la separación inicial de áridos entre 2003 y 2004, y una planta de trituración entre 2004 y 2005.

Finalmente, se crearon un área de depósito de áridos tratados -arena, picón, basalto y residuos de construcción y demolición- , báscula de pesaje, depósitos de combustibles, grupos electrógenos, una garita, una oficina y dos cuartos de bloques anejos entre sí, todos ellos sin la preceptiva autorización.

Por último, destaca el escrito, la Caldera de Liria no se encuentra dentro del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) como zona de extracción autorizada, y sí como suelo rústico especialmente protegido.

El juicio en contra de estas personas todavía no ha sido señalado, y la instrucción se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario.