Cuarenta y cinco minutos después de la hora prevista para el desahucio, se oyen los primeros aplausos a las puertas de la vivienda de Cristina, en la calle Cervantes de Puerto del Rosario. Con lágrimas en los ojos y nerviosa, la mujer comunica al grupo de personas que la acompañan que la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) del Banco Santander ha parado el desahucio y le ha dado dos meses de prórroga. Un respiro para una mujer que lleva años envuelta en órdenes de desahucio y recursos. También lleva años a la espera de una vivienda de protección oficial que no llega.

El coche de Cristina lleva horas aparcado delante de la vivienda. Saca las cosas sin saber dónde las irá a guardar. Tampoco tiene claro dónde dormirá esa noche. Sus pertenencias las ha ido repartiendo en casas de amigos. “No tengo dónde ir”, dice preocupada. Ha pasado una mala noche y suma horas de nervios y cansancio. “Mi situación es la misma que tienen muchas personas en estos momentos, la de no poder acceder a un alquiler a precio de mercado”, explica. “Estoy trabajando a tiempo parcial y, aun así, no puedo acceder a un alquiler. En Puerto están a 600 o 700 euros”, apostilla.

Cristina lleva años solicitando una vivienda de protección oficial. Ha renovado varias veces la inscripción, pero no la ha logrado. “Estoy inscrita en los programas antidesahucios del Gobierno de Canarias para personas en emergencia habitacional”, explica. Sigue sin respuesta.

A las nueve de la mañana estaba prevista la llegada de la comisión judicial para el lanzamiento. Finalmente, no ha llegado. Una llamada al Juzgado saca la primera sonrisa del día a Cristina. Nerviosa, es incapaz de aclarar qué ha pasado. Chus Vila, portavoz de la Plataforma Artículo 47 de Fuerteventura, explica qué ha ocurrido: “El lanzamiento se ha parado dos meses porque la parte demandante, la Unión de Créditos Inmobiliarios, le ha conseguido dos meses de prórroga”, aclara.

“Inma, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tenerife, ha estado negociando con ellos y por fin lo ha conseguido”, dice orgullosa. Ahora, adelanta, “la abogada de Cristina va a presentar un recurso al Gobierno de Canarias para que le concedan un alquiler social”.

Un engaño, el desencadenante

La crisis ha castigado con dureza a Cristina. Es 2014 y la mujer lleva tiempo buscando empleo sin suerte. Subsiste yendo a mercadillos y rastros donde vende artesanía y objetos de segunda mano. Sin poder acceder a una vivienda, respira el día que una mujer le ofrece una vivienda que ella tiene vacía, a cambio de cuidarla y arreglarla. Llegan a un contrato verbal por el que Cristina se puede quedar en la casa a cambio de pagar 50 euros al mes en concepto de suministro. En diciembre de ese año, se empadrona en el domicilio de la calle Cervantes.

Dos años más tarde, Cristina se entera del engaño de la mujer. La Unión de Créditos Inmobiliarios, propietario real de la vivienda, se da cuenta de que la vivienda está ocupada y denuncia, vía penal, a Cristina. Antes de presentarse al juicio penal, se pone en contacto con la entidad financiera propietaria para explicarle lo ocurrido e intentar negociar un alquiler social de la casa. La respuesta es no. Finalmente, es declarada absuelta.

En 2017, el propietario de la vivienda la demandó por la vía civil, siendo el motivo el de “desahucio por precario”. Cristina volvió a intentar negociar un alquiler social con el propietario, llegando a comprometerse a arreglar la vivienda, pero la respuesta fue, de nuevo, la negativa. La vivienda es de protección oficial, en régimen especial.

¿Escudo social?

La abogada de oficio de Cristina recurrió las sentencias judiciales, que resultaron a favor del banco hasta 2020. Cristina aporta un certificado del área de Servicios Sociales del Cabildo de Fuerteventura, donde consta que es una mujer víctima de violencia de género. Se supone que debería estar protegida por el escudo social, pero las administraciones competentes en materia de vivienda son incapaces de ofrecerle alternativa habitacional.

“Mi situación es la misma que tienen muchas personas en estos momentos, la de no poder acceder a un alquiler a precio de mercado”, explica

Son épocas duras para Cristina. Tiene que recurrir varias veces a los servicios municipales de la capital majorera en busca de bonos de ayuda para poder alimentarse.

El calvario de Cristina continúa durante años. El Juzgado no le da un respiro. En 2020 se resolvió una nueva sentencia a favor del propietario de la vivienda, en la que el Juzgado pone fecha de lanzamiento para Cristina. El día marcado es el 15 de febrero de 2021. Finalmente, el desahucio fue paralizado mediante un escrito de su abogada, en el que se solicitaba que pudiera acogerse a las medidas de protección Covid, por las que se suspenden los desahucios y los lanzamientos de personas vulnerables. La medida se ha ido prorrogando y está vigente hasta el 30 de junio de 2023.

Sin embargo, el 6 de abril de este año, Cristina recibe una nueva diligencia de ordenación de lanzamiento de la vivienda para el 10 de mayo. Su abogada presenta un recurso de oposición al desahucio, haciendo referencia a que las medidas de protección Covid están vigentes por la prórroga hasta 30 de junio de 2023.

Vulnerabilidad económica

En el recurso se informa que Cristina, además de ser víctima de violencia de género, sigue en situación de vulnerabilidad económica, ya que cuenta con trabajos temporales y de condiciones laborales precarias, ambas situaciones contempladas en la suspensión de lanzamientos sujetos a la moratoria.

Su situación económica sigue siendo frágil. A pesar de contar, en la actualidad, con ingresos no puede acceder a una vivienda. El precio de los alquileres es desorbitante en Puerto del Rosario, un municipio considerado tensionado en el que los precios de alquiler de vivienda no son asequibles para trabajadores con salarios bajos.

El recurso de oposición al lanzamiento de 10 de mayo de 2023 fue rechazado por la letrada de la administración de justicia. El juzgado ha ido echando para atrás todos los recursos en donde se pide que Cristina se acoja, dada su vulnerabilidad, a la moratoria del Real Decreto Ley de suspensión de desahucios de personas vulnerables con moratoria hasta el 30 de junio de 2023.