Diversas organizaciones y colectivos culturales, ecologistas, musicales y deportistas protagonizaron este domingo en Corralejo un nuevo acto de protesta contra la ampliación del puerto de la localidad promovida por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.

La manifestación, organizada por la organización internacional Clean Ocean Project, ha contado con la participación y el respaldo de colectivos vecinales de Fuerteventura, grupos musicales, organizaciones de defensa ambiental de otras islas de Canarias, y de asociaciones y personas particulares vinculadas a deportes marinos como el surf, el kitesurf, el paddle surf, el piragüismo y el submarinismo.

Las organizaciones concentradas en Corralejo defienden y reivindican “la conservación de los extraordinarios valores naturales y paisajísticos de la costa majorera frente a una infraestructura sobredimensionada, injustificada e innecesaria que sin ningún género de dudas provocará el despilfarro de una inversión pública multimillonaria”.

También alertan de “impactos irreversibles en la biodiversidad marina y costera, en las dinámicas de corrientes marinas, en las playas de Corralejo, en sus paisajes y, por ende, en la actividad pesquera y turística de la isla de Fuerteventura”.

El entorno cuenta con figuras de protección ambiental autonómicas, estatales e internacionales como los sebadales de Corralejo, el Parque Natural de Isla de Lobos, el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, y entornos protegidos con normativas europeas como Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y Sitio de Interés Científico (SIC).

“Este nuevo puerto industrial proyectado por el Gobierno de Canarias también pone en peligro la declaración de Reserva Marina que actualmente cursa la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del ejecutivo canario”, señalan en un comunicado.

Los colectivos concentrados cuestionan rotundamente “la visión desarrollista, insensible, obsoleta y especuladora de la Viceconsejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias al promover una obra de alto impacto ambiental que contradice los compromisos gubernamentales de lucha contra el cambio climático, de conservación de la biodiversidad y de los objetivos de la Agenda 2030 de la Unión Europea y de Naciones Unidas”.

En agosto de 2019, recuerdan, el Consejo de Gobierno acordó la “declaración de emergencia climática en la comunidad autónoma de Canarias” para “comprometer de ahora en adelante todas las políticas del Gobierno de Canarias, y de las administraciones públicas canarias, que puedan contribuir a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático”, incluyendo objetivos como ”el abandono de los combustibles fósiles, la implementación de mecanismos de absorción de carbono en los medios físicos de Canarias (marinos, terrestres y atmosféricos), o “detener la pérdida de la biodiversidad y en su caso restaurar los ecosistemas”.

En la tramitación de la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales de Canarias, agregan, se especifica que “la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares, en sus respectivos ámbitos competenciales, tomarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la coherencia global en la gestión de todas las áreas protegidas”, “fomentarán y establecerán medidas de protección para las olas de Canarias y de los sistemas naturales que las propician, así como las instalaciones e infraestructuras en el litoral marino y terrestre asociadas a las actividades deportivas náuticas como el surf y el paddle surf”.

También se contempla “fomentar y priorizar la restauración, la integración y mejora en el medio natural del litoral de las zonas ya desnaturalizadas, frente a la ocupación de nuevos espacios y evitar la expansión urbanística o de la infraestructura en frentes costeros no alterados”.

A juicio de las organizaciones que rechazan esta obra portuaria, todos estos objetivos y compromisos del Gobierno de Canarias son “papel mojado” y “anuncios estériles que solo pretenden maquillar una obra innecesaria que beneficia intereses privados en contra del interés general y medioambiental, y cuyos estudios de impacto ambiental “han sido realizados intencionadamente para minimizar daños irreversibles e impactos incuestionables sobre el medio natural”.

“Atentado contra el sentido común”

Wim Geirnaert, portavoz de Clean Ocean Project, asegura que “este proyecto representa un inaceptable atentado contra el sentido común, contra la conservación de una naturaleza sistemáticamente maltratada, y contra los intereses públicos de la población majorera, de sus visitantes y de su economía”. “No lo vamos a tolerar de ninguna manera”, afirmó.

Para Eugenio Reyes, representante de la Federación Canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción, “el Gobierno de Canarias está a tiempo de rectificar cancelando definitivamente este despropósito para invertir las decenas de millones de euros en acciones de restauración y conservación del litoral, o en vivienda pública, que hace mucha más falta que nuevas infraestructuras portuarias sin sentido alguno”.

La concentración ha incluido el denominado “Paddle Out", una forma popular de manifestación internacional promovida por los amantes del surf y defensores del medio ambiente. Este tipo de manifestación ha sido utilizado recientemente en playas de todo el mundo para concienciar sobre la protección del medio marino.

Entre los colectivos participantes destacan además asociaciones ecologistas como SOS Fuerteventura, Calderones Grises Fuerteventura, y Agonane-Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, Club Surf Mar Azul y la Federación Canaria de Surf, que han expresado su “preocupación por la falta de información y transparencia en relación al proyecto”. Los colectivos coinciden en reivindicar “las preocupaciones de la ciudadanía en relación a los impactos negativos de este proyecto en la economía local”.