El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el último de los detenidos del caso Mediador, declarará este miércoles ante el Juzgado de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife que investiga esta supuesta banda criminal con una rama política, supuestamente encabeza por él, y otra empresarial dirigida por el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.

Fuentes Curbelo, que renunció a su acta de diputado con motivo de su implicación en esta causa y que ha sido suspendido cautelarmente de militancia por el PSOE, fue detenido el lunes en Fuerteventura, isla de la que es natural el político y cuyo domicilio fue registrado en su presencia.

El exdiputado es el detenido número doce de la causa que investiga una presunta red de extorsión a empresas de ámbito ganadero y alimentario, y de otras actividades, que se inició tras la detención en 2022 de uno de sus implicados, el que da nombre al caso y que hace las funciones de intermediario entre ambas ramas de la red, Marco Antonio Navarro Tacoronte, según la información a la que ha tenido acceso EFE.

Los delitos investigados por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, son los de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.

Según la investigación llevada a cabo, Curbelo supuestamente dirigía la trama política en connivencia con su sobrino, el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes, al que también se investiga y que tras su detención fue suspendido de militancia en el PSOE de forma cautelar.

Thaiset sucedió a su tío en la Dirección General de Ganadería cuando Fuentes Curbelo fue nombrado diputado, y supuestamente se encargaba de "manipular expedientes" sobre las ganaderías y ejercer su influencia sobre los empresarios para obtener contratos públicos, conforme a las investigaciones practicadas.

Curbelo supuestamente blanqueaba el dinero que obtenía a través del Club de Fútbol Tetir, valiéndose de su condición de presidente, y de una gestoría de la que es administrador solidario y que también empleaba para "captar" empresarios.

El general, en la trama

En cuanto al papel del exgeneral, éste se valdría de las relaciones derivadas de su puesto para obtener provecho personal previo pago de diversas dádivas por parte de los empresarios que requerían de su ayuda y de los dos políticos para que prosperaran sus negocios, según la información facilitada a EFE.

Espinosa fue jefe de la Comandancia de Las Palmas hace una década y los delitos que se le imputan se circunscriben a 2020 y 2021, años en los que se encontraba en el proyecto GAR SI Sahel de formación a agentes de los países de ese área africana y coordinado por la Unión Europa.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado que se rastree en Nigeria, Mauritania, Marruecos, Senegal y Cabo Verde el patrimonio que el general pudiera tener en esos países, así como en Bélgica.

La investigación indaga también cuatro contratos por un importe de 2,3 millones de euros para dotar de material a las misiones que dirigía el general de división en África, que fueron adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, entre enero de 2020 y agosto de 2021, a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, propiedad de uno de los empresarios investigados en la causa, el valenciano José Santiago Suárez.

Este empresario, según los investigadores, fue el que puso en contacto a Espinosa con el mediador, pero los negocios que pretendía lograr en las islas a través de la trama no dieron sus frutos pese a que pagó 44.000 euros, sufragó viajes del general a Gran Canaria, alojamientos, comidas y servicios de prostitutas para cerrar los negocios.

Los empresarios

En la investigación se distingue también en dos grupos a los empresarios presuntamente implicados: los ganaderos y queseros de Canarias pendientes de conseguir alguna subvención o licencia o que están bajo algún proceso sancionador; y los dos de la península, el valenciano José Santiago Suárez y el castellanomanchego Antonio Bautista, que tampoco logró sus objetivos pese a que abrió una filial de su empresa en las islas y también pagó a la organización y sufragó viajes y comidas en restaurantes.

Los empresarios detenidos, además de Antonio Bautista, de la empresa Cleanergetic Insular, y José Santiago Suárez Esteve, quien controla la empresa de Asesoramiento y Servicios de Drones SL; son Miguel Ángel Robayna García, dueño de la mercantil Hispano Robysa; Raúl Gómez Rojo, de Civil Twin Consulting SL; Alberto Montesdeoca García; el matrimonio Esteban Banús e Inmaculada Roca, propietarios de la empresa Mec Suministra; y Julián de Santa Bárbara Pérez Alonso, de Queso Rosa de La Madera.

En el caso de Robayna, supuestamente su papel sería dar apariencia de legalidad a algunas de las facturas que se emitieron a los extorsionados, entre otras funciones y, en el de Gómez Rojo, se presume que captaba a inversores para la red.

El inicio del caso

Del investigado Marcos Antonio Navarro Tacoronte, el "intermediario de la organización criminal", partió la investigación, que comenzó a raíz de una denuncia presentada a finales de 2021 por el que entonces era director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña (PSOE), debido a que se habían producido cargos fraudulentos en su tarjeta por un importe de 2.575 euros.

En esta primera investigación se concluyó que los cargos eran conocidos por Pérez, ya que era "un patrón habitual de ciertas transacciones que gestionaba como intermediario (Navarro) en beneficio de políticos y altos cargos públicos", y para demostrarlo aportó sus dispositivos móviles y otras pruebas que condujeron al entramado del caso Mediador. Al entonces director general de Deportes se le imputó un delito de denuncia falsa.