La subasta de tres locales comerciales pertenecientes a Calzados Navarro en Gran Canaria y Fuerteventura supone un paso más en la liquidación de la cadena de zapaterías que llegó a ser un referente en todo el Archipiélago. La empresa llegó a contar con más de 40 tiendas por toda Canarias y a dar empleo a 300 trabajadores, pero entró en concurso de acreedores en 2018. Los establecimientos, junto con otras tres parcelas industriales que también se venden ahora, están disponibles para admitir pujas hasta el 31 de enero en la página web de Subastas Trademat (subastastrademat.com), especializada en liquidaciones concursales. El precio de salida, que varía según el caso, parte de los 7.041 euros para los locales y de los 27.783 para los terrenos.

En concreto, dos de los tres establecimientos se encuentran en Gran Canaria, uno en el Mercado de Altavista de Las Palmas, que está dividido en cuatro fincas por las que se puede pujar por separado, y otro en el centro comercial Las Meloneras de San Bartolomé de Tirajana. El tercero de ellos está situado en Fuerteventura, en Morro Jable, e incluye en el mismo lote once plazas de garaje que han sido habilitadas como almacén de la tienda. Por su parte, las tres parcelas industriales que salen también a subasta están ubicadas en el polígono Llanos Flor de Valsequillo, en Gran Canaria.

Creada en el año 1992, Calzados Navarro fue convirtiéndose en un referente en el comercio del sector zapatero en Canarias. A lo largo de los años fue abriendo tiendas por todo el archipiélago, llegando a estar presente en todas las islas a finales de la primera década de los 2000 con más de 40 establecimientos. Además, llegó a dar el salto internacional con tiendas en Cabo Verde y, bajo la marca Palen’s Prestige, también en Senegal.

Historia empresarial

La expansión de esta empresa llevó a su dueño, Francisco Navarro, a ser elegido presidente de la Federación Empresarial de Comercio de Las Palmas (Fedeco), sectorial integrada en la Confederación Canaria de Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme).

Sin embargo, ya en el año 2011 comenzaron las denuncias de los trabajadores por el retraso en el abono de las nóminas. En 2018, la empresa entró finalmente en concurso de acreedores. En ese mismo año la compañía vendió algunos inmuebles y el dinero recaudado se destinó al pago de proveedores, al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), a los trabajadores que tenían abierto un procedimiento judicial y a acreedores hipotecarios. No obstante, la empresa continuó apareciendo en el listado de morosos de la Agencia Tributaria en los años siguientes.