El dictamen de la Comisión Europea sobre la urbanización ilegal Origo Mare, en Majanicho, es contundente. Las autoridades españolas admiten que “se ha producido efectivamente un daño importante” al medio ambiente y que la construcción del complejo “ha destruido parte de los hábitats adecuados para las aves esteparias raras estrictamente protegidas”.

Sin embargo, “no ha eliminado las consecuencias ilícitas de las infracciones” a la directiva comunitaria de evaluación de impacto ambiental y a la directiva sobre hábitats “que los propios tribunales españoles han declarado, impidiendo así que las normas de la Unión Europea surtan el efecto deseado”.

En el dictamen, firmado por el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se detallan las ilegalidades cometidas en la autorización y construcción del complejo Origo Mare, así como en su reconversión para uso turístico, y también se enumeran los incumplimientos de España desde que se abrió el expediente de infracción en la Comisión Europea, que derivó en un requerimiento oficial en diciembre de 2017.

El comisario llega a destacar que se ha incumplido el “principio de cooperación sincera” que tienen los estados miembros de la Unión respecto a “anular las consecuencias ilícitas” de las infracciones a la normativa comunitaria.

Por ello, ha exigido a España “que repare los daños al medio ambiente” y, en particular, a un espacio de la Red Natura 2000, por la construcción del complejo ilegal. “España dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias”, advierte la Comisión Europea. “En caso contrario”, la Comisión amenaza al Gobierno con que “puede optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

España reconoce que la zona afectada es sensible ambientalmente

El dictamen es el paso previo a que el asunto termine en el Tribunal de Luxemburgo y a que España se enfrente a la petición de responsabilidades. Las sanciones por incumplimiento de la legislación europea suelen ser millonarias y se detraen de los fondos que les corresponderían al país, que luego suele a su vez restarlos de las transferencias a la comunidad autónoma.

La Comisión Europea destaca la larga lista de ilegalidades cometidas para favorecer la construcción del complejo Origo Mare, sin evaluación de impacto ambiental pese a tratarse de una zona que “alberga algunas de las últimas poblaciones viables de hubara”, una “especie endémica y en peligro crítico”. También recuerda que la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias (Cotmac) emitió un informe desfavorable en noviembre del año 2000.

Sin embargo, el entonces alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, “ignorando” el criterio de la autoridad medioambiental en Canarias, emitió un decreto, en junio de 2001, en el que “declaraba que el proyecto no suponía peligro para la hubara”.

Esas conclusiones del decreto del conocido como Marqués de las Dunas “no estaban respaldadas por dato científico alguno, sino que se basaban exclusivamente en la afirmación de que las ‘viejas personas del municipio conocen que aquella no es una zona habitada por la hubara ni otras corredoras’”.

En cambio, recuerda la Comisión Europea, “los tribunales españoles refutaron tales conclusiones, carentes de cualquier base científica, y consideraron que el proyecto sí que afectaba a una zona de un valor paisajístico y ornitológico innegable, que alberga varias especies de aves amenazadas de extinción, como la hubara”.

Las licencias de construcción se otorgaron en 2002, y en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró nulo el plan parcial Casas de Majanicho, una resolución confirmada por el Tribunal Supremo en febrero de 2011. En abril de 2013, otro tribunal “anuló las licencias concedidas al promotor, así como el plan parcial y su instrumento de ejecución, y ordenó la demolición de la totalidad de la urbanización, así como la restitución del lugar a su estado original”, destaca la Comisión Europea.

Una sentencia posterior, del TSJC, en marzo de 2015, reconoció al promotor el derecho a obtener los permisos “en virtud de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima”, pese a “contradecir la sentencia del Tribunal Supremo” que anuló la urbanización, destaca la Comisión.

Europa no solo censura la construcción inicial de Origo Mare, sino que en junio de 2012 el Cabildo autorizase la conversión de villas en complejo turístico: deja claro que esto debe ser considerado también un proyecto y que requería evaluación de impacto.

Las autoridades aseguraron haber “aprendido la lección”, pero han incumplido

En el expediente de infracción, iniciado a raíz de una denuncia del colectivo Agonane, que pertenece a Ben Magec-Ecologistas en Acción, se destaca que según la propia “información facilitada por las autoridades españolas”, el área transformada por el complejo Origo Mare “ocupa una superficie de 120 hectáreas”, de las que 9,81 hectáreas se encuentran “dentro de los límites de la zona protegida” de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la costa norte de Fuerteventura.

La Comisión subraya que la directiva comunitaria sobre hábitats no solo se restringe al espacio protegido, sino que también se aplica “a los desarrollos ubicados fuera de los límites” pero que son “susceptibles de tener efectivos significativos”.

“Las autoridades españolas también reconocen que la zona afectada forma parte del sector de Cotillo-Majanicho, una de las zonas más sensibles desde el punto de vista medioambiental de la ZEPA”, de “gran importancia” para la conservación de “aves raras” como la hubara, la ganga ortega, el corredor sahariano y el camachuelo trompetero, añade el dictamen.

Además, la construcción del complejo “ha creado un efecto de barrera” y el último censo de población “apunta a una reducción de la densidad de la especie”.

Dictamen de la Comisión Europea.

Sin tomar medidas

La Comisión Europea detalla que en el expediente de infracción entregaron sendos informes el Ayuntamiento de La Oliva y el Gobierno de Canarias. También que las autoridades españoles respondieron a las observaciones en febrero de 2018, para eludir responsabilidades, pero Europa las rechazó. Hubo dos reuniones en Bruselas, en abril y junio de ese año, y “se comprometieron a adoptar las medidas necesarias para eliminar las consecuencias ilícitas de las infracciones del Derecho de la UE señaladas por la Comisión”.

Esos compromisos llegaron por carta en julio de 2018 y se enviaron “informes de situación” sobre la aplicación de esas medidas en junio de 2019, febrero y agosto de 2021. En abril del año pasado también hubo una reunión bilateral. En ella, “las autoridades españolas admitieron que ninguna de las medidas propuestas por carta de 26 de junio de 2018 se había aplicado plenamente” y que el complejo “se utiliza actualmente tanto con fines turísticos como residenciales”. Un nuevo incumplimiento, “a pesar de que no se haya realizado una nueva modificación de la situación, y de que las autoridades españolas aseguraran haber ‘aprendido la lección’”, sentencia la Comisión Europea.

Plazos incumplidos

La Comisión Europea se ha hartado de las excusas dadas por las autoridades españolas, que “preveían que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental” ‘a posteriori’ sobre Origo Mare “hubiera concluido en enero de 2022”. “Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión no ha sido informada de ninguna novedad al respecto”, destaca.

Para no acometer derribos, España se “comprometió” a la ampliación de la red ZEPA en la Isla, la protección como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Cueva del Llano o un plan de recuperación de la hubara.