Una representación de empleados del Oliva Beach, acompañada de RIU, se reunieron este miércoles con el Ministerio para la Transición Ecológica para solicitar que, mientras se decide sobre la concesión del dominio público, sobre la que se ha iniciado el trámite de revisión de oficio por irregularidades en el permiso, se autorice a la empresa a reformar el hotel y los apartamentos para “salvar los puestos de trabajo”.

Adrián Fernández, sindicalista y miembro de la plataforma ‘Salvar el Hotel Oliva Beach’, aseguró que desde el ministerio les “corroboran que, por lo visto, el proyecto de reforma es viable”, pero que su tramitación se ha solapado con “las deficiencias que encuentran en la concesión”.

La petición de los trabajadores al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y a la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, ha sido la de “separar” la decisión sobre el proyecto de reforma del Oliva Beach del expediente de revisión de oficio de la concesión del dominio público marítimo terrestre, que incluye el hotel y los 432 apartamentos, sobre una superficie de 59.768 metros cuadrados.

Informes desfavorables

Costas ha iniciado el expediente de revisión de oficio de la concesión otorgada a RIU al apreciar irregularidades

La petición de los trabajadores difiere del criterio de la directora general, que en un escrito dirigido a los servicios jurídicos del ministerio el pasado 14 de noviembre, consideró que su departamento “no debe pronunciarse sobre la solicitud” de la empresa Geafond, del grupo RIU, para reformar los establecimientos, “en tanto no se resuelva sobre la legalidad de la concesión” del dominio público “mediante el correspondiente procedimiento de revisión de oficio”.

Tal y como avanzó Diario de Fuerteventura, un informe de la Abogacía del Estado apunta a la nulidad, al menos parcial, de la concesión del dominio público otorgada en 2003, por cuanto RIU no cumple la condición de ser el titular registral de toda la finca.

La directora general considera además que los apartamentos no estaban totalmente construidos y en uso cuando entró en vigor la Ley de Costas en julio de 1988, por lo que, según su criterio, deberían haber quedado excluidos de la concesión.

“Prisa” ante un posible ERE

Adrián Fernández auguró que si el Ministerio para la Transición Ecológica concluye ese expediente con la anulación de la concesión del dominio público el asunto terminará en los tribunales, un proceso que puede durar “cinco, ocho o diez años”. Por eso, reclamó “que se autorice la reforma”, aunque se trate de un proyecto provisional, y que sobre la concesión “decida el juez”.

La “prisa” por renovar, señala el represente sindical, radica en que, aunque el hotel tenga clientes en la actualidad, “se está pagando a 34,5 euros de media” por noche, un precio bajo por la devaluación del establecimiento alojativo debido a su obsolescencia. “Por muchos clientes que tengas, no da para pagar a la plantilla”, con más de 370 trabajadores, “y el canon de dos millones de euros” al año por ocupar el dominio público. “Hemos visto los  números de la empresa y está dando pérdidas mes por mes”, aseguró.

Fernández señaló en declaraciones a Diario de Fuerteventura que, aunque “está complicado”, “se vieron intenciones por parte del ministerio de intentar acercar a las partes y por lo menos no perder los puestos de trabajo”.

RIU amenazó el año pasado con activar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que por el momento no ha puesto en marcha. “En abril pedimos un aplazamiento, por la repercusión que tendría en el norte de la Isla, lo aceptaron, pero no sé hasta cuándo aguantarán”, explicó Fernández, a quien no le extrañaría que la empresa finalmente lo ejecutase. “Lo entendemos, si no da, no da”.